Prensa. voanoticias.com
Los doce
países americanos del Grupo Lima, condenaron el sábado a través de un
comunicado que la oficialista Asamblea Constituyente de Venezuela haya decidido
enjuiciar por traición a líderes opositores y sostuvieron que en esa nación
sudamericana se mantiene la ruptura del orden democrático en el país.
En una
declaración conjunta, los países del llamado Grupo de Lima reconocieron el
esfuerzo de República Dominicana de acercar al gobierno venezolano y a la
oposición, aunque consideraron que cualquier avance debe darse a partir de
objetivos y plazos claros.
También
condenaron al gobierno del presidente Nicolás Maduro, asegurando que “quebranta
las normas constitucionales, la voluntad del pueblo y los valores
interamericanos, reprime el disenso político, mantiene presos políticos y viola
los derechos humanos y libertades fundamentales”.
El Grupo de
Lima está formado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.
Esos países se
reunieron por primera vez en agosto en la capital peruana donde suscribieron
una declaración y denunciaron el "quiebre democrático" en Venezuela.
La más
reciente declaración fue suscrita en Nueva York.
Tanto el
gobierno de Maduro como la oposición aceptaron acudir a Dominicana para
explorar un posible diálogo en medio de una crisis política y económica que se
agudizó luego de cuatro meses de protestas callejeras que dejaron más de 120
fallecidos y casi 2.000 heridos.
Ambas partes
tienen previsto reunirse de nuevo el 27 de septiembre en Dominicana. La instalación
en agosto de la oficialista Asamblea Constituyente, que entre sus primeras
acciones asumió las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, dominada
por la oposición, desató cuestionamientos de numerosos gobiernos, entre ellos
Estados Unidos que impuso el mes pasado severas sanciones económicas a
Venezuela.
A finales de
agosto, la Asamblea aprobó enjuiciar por “traición a la patria” a los opositores
que a su juicio promovieron las sanciones económicas de Washington, entre ellos
el diputado Julio Borges.
El Grupo de
Lima que tiene previsto volver a reunirse en octubre en Canadá, reafirmó su
decisión de "intensificar consultas para aplicar la Carta Democrática
Interamericana a Venezuela", con el fin de "restablecer el orden
democrático dentro de los países de la Organización de Estados Americanos
(OEA)".
Por su parte
Estados Unidos, condenó la toma de poderes de la Asamblea Nacional. "Esta
toma de poderes está diseñada para suplantar la Asamblea Nacional
democráticamente elegida por un comité autoritario que opera por encima de la
ley", argumentó en un comunicado el Departamento de Estado. "Bajo
nuestro punto de vista, la Asamblea Nacional es el único órgano legislativo
legítimo", indicó Estados Unidos.
"Mientras
el régimen de (Nicolás) Maduro siga comportándose como una dictadura
autoritaria, estamos preparados para poner todo el poder económico y
diplomático de EEUU en apoyo del pueblo venezolano que trata de restaurar su
democracia", finaliza el comunicado.
El oficialismo
en Venezuela
El gobierno de
Venezuela por su parte criticó las sanciones que Canadá impuso a algunos de sus
funcionarios, incluido al mismo Maduro, y acusó a Ottawa de subordinarse al
gobierno de Estados Unidos.
Canadá anunció
el viernes sanciones a 40 venezolanos que incluye el congelar todos los bienes
que pudieran tener en el país norteamericano y les prohíbe a los canadienses
hacer negocios con ellas, tras considerar que socavan la seguridad y
estabilidad de las instituciones democráticas.
Con esas
medidas, señaló la cancillería venezolana en un comunicado, que Canadá asume
“una aberrante asociación de subordinación al gobierno del presidente Donald
Trump con el fin explícito de derrocar al gobierno constitucional de Venezuela
usando como arma política sanciones económicas”.
Las sanciones
de Canadá se dan después de que en agosto el gobierno de Trump impusiera
sanciones y prohíbiera nuevos acuerdos financieros con el gobierno venezolano o
la gigante petrolera estatal venezolana. La administración de Trump previamente
ha sancionado a 30 altos funcionarios, incluido Maduro.
Más de 120
personas han muerto durante cuatro meses de protestas contra los planes del
Nicolás Maduro de reescribir la Constitución del país latinoamericano. Un
referendo en julio les dio a sus aliados autoridad para iniciar el proceso, a
pesar de que esa votación fue criticada por la oposición y la comunidad
internacional como de "presunto fraude electoral y de falta de
observadores" para su legitimidad.