El artículo 43 de la Constitución de
Venezuela establece que “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá
establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado
protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad,
prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier
otra forma”.
Prensa. Por Acceso a la justicia
Esta norma
constitucional no es acatada por el Gobierno venezolano, más aún si los
reclusos son dirigentes políticos de oposición enfermos que fueron detenidos
mientras protestaban contra los abusos de poder desde Miraflores. De acuerdo
con el Foro Penal, existen cuarenta y cinco casos de presos políticos cuyas
vidas están en riesgo por falta de atención médica oportuna.
Esta situación
ya cobró una vida, la del concejal de Guasdualito (Apure), Carlos García. Pero
lejos de producirse una rectificación en quienes nos gobiernan, el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), en lugar del Ejecutivo, emitió un comunicado en el
que salva la responsabilidad de las autoridades por el deceso del también
dirigente de Primero Justicia.
Acceso a la
Justicia recopiló diez casos de veintisiete presos políticos cuyo estado de
salud está más comprometido. Son también ejemplos de la situación precaria en
la que se encuentran los reclusos en el país, manifestada en mala alimentación
y falta de asistencia médica cuando se requiere, entre muchos otros problemas.
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