Prensa. EFE.
La
Organización de los Estados Americanos (OEA) abre este jueves dos meses de
audiencias públicas en las que un grupo de expertos determinará si hay
fundamento para denunciar al Gobierno de Venezuela por crímenes de lesa
humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Esta
es la primera vez que la OEA, con sede en Washington, impulsa una actividad de
este tipo, explicaron a Efe fuentes de la organización, y lo hace a iniciativa
de su secretario general, el excanciller uruguayo Luis Almagro. El diplomático,
una de las voces internacionales más críticas con el Gobierno de Nicolás
Maduro, sorprendió a los Estados miembros de la OEA en julio con el anuncio de
las audiencias y el nombramiento del ex primer fiscal de la CPI Luis Moreno
Ocampo (2003-2012) como su asesor especial para crímenes de lesa humanidad.
El
abogado argentino, que no cobra por este trabajo, estará al cargo de las
sesiones y será, por tanto, quien modere y pregunte en las intervenciones de
los denunciantes. En las dos primeras audiencias programadas, para este jueves
y el viernes, se escucharán los testimonios de representantes de la sociedad
civil y de militares exiliados, respectivamente.
En
representación de la Secretaria General estará Néstor Méndez, adjunto de
Almagro, quien se encuentra de viaje de trabajo en México. La “unilateralidad”
con la que Almagro dio el paso de organizar estas audiencias ha provocado
“inquietud” e incluso “malestar” entre los embajadores en la OEA, que se quejan
de que, “una vez más”, no se les consultó antes, según explicaron a Efe fuentes
diplomáticas de varias misiones.
Además
de la “sorpresa”, los embajadores -incluso los de países muy críticos con
Maduro- cuestionan que la OEA sea el foro adecuado para analizar si en
Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Algunos apuntan a que, en
cualquier caso, debería ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) -órgano autónomo de la OEA- la que se ocupe de este tema, mientras que
otros creen que buscar crímenes de lesa humanidad es “quizás forzarlo demasiado”,
según varias fuentes diplomáticas consultadas por Efe.
La
misión de Venezuela en la OEA denunció la iniciativa el martes ante el Consejo
Permanente y en una nota a los medios de comunicación, al considerar que es
“una actividad de propaganda con fondos desconocidos para agredir a un Estado
miembro”. La legación quiere saber quién financiará los gastos que acarreen las
audiencias, por ejemplo el pago de traductores, además de con qué fondos
viajarán a Washington los venezolanos que denunciarán al Gobierno en la
organización.
Fuentes
de la OEA explicaron a Efe que no se usarán fondos de la organización -que
aportan los Estados miembros- para las audiencias, sino que se emplearán
“fondos externos y voluntarios”, sin precisar más al respecto. Las sesiones se
celebrarán en el gran salón de actos de la OEA, el Salón de las Américas, donde
se dispondrán cuatro mesas formando un cuadrado: una para Ocampo y la
Secretaría General, otra para los denunciantes y dos para los representantes de
los Estados miembros.
A
la misión de Venezuela se le ha enviado la misma invitación que al resto de
delegaciones, según explicaron a Efe fuentes de esa legación. Es decir, se les
ha convocado a escuchar las audiencias pero no a participar o defenderse de las
acusaciones. En cualquier caso, los representantes venezolanos no acudirán
porque no quieren “validar” algo que consideran “ilegal”, indicaron.
Las
siguientes sesiones no están aún programadas, pero antes del 30 de octubre un
panel de expertos, que aún no está configurado, analizará la información
obtenida, indicaron a Efe fuentes de la OEA. Si Ocampo y el resto de expertos
concluyen que hay fundamento para denunciar a Venezuela ante la CPI, estará por
ver si es Almagro quien lleva el caso ante el tribunal o si lo hacen alguno de
los 28 Estados de la OEA que son parte del Estatuto de Roma.
Si
lo hacen uno o varios Estados tendría más impacto, ya que no se trataría de una
mera “comunicación” (algo que puede presentar cualquier persona o institución),
sino de una “referencia” (exclusivas del Consejo de Seguridad de la ONU y de
los Estados parte del Estatuto de Roma). Con una “referencia”, la Fiscalía de
CPI debe abrir, automáticamente, un examen preliminar, explicaron a Efe fuentes
de La Haya. No hay precedente de que un
Estado haya presentado una “referencia” contra otro en la CPI, precisaron las
mismas fuentes.