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Prensa. @AFP.
El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ordenó este lunes investigar la muerte de concejal opositor, Carlos Andrés García, que se hallaba preso desde diciembre de 2016. “La Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público está conjuntamente con la Fiscalía Superior del estado Apure investigando el fallecimiento del concejal”, dijo el fiscal a la AFP.

Carlos García, de 44 años, falleció el domingo en un hospital de San Cristóbal (oeste), según su familia tras sufrir un accidente cerebrovascular en prisión. De acuerdo con esa versión, García fue internado el pasado 18 de agosto, dos semanas después de sufrir el derrame en los calabozos del servicio de inteligencia (Sebin) en la localidad de Guasdualito, de la que era edil.

El político contrajo además una bacteria en el cerebro y llevaba tres días sin antibióticos, indicó a la AFP su hermana Yhorlenys Aular, quien sostuvo que el concejal sufría de hipertensión. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) señaló este lunes en un comunicado que estudios realizados a García arrojaron “un resultado patológico de presunta enfermedad infecciosa inmunodeficiente”, lo que “pudo haber producido complicaciones en la patología de toxoplasmosis cerebral”.

“Se presume que el ciudadano Carlos García desconocía de la sospecha patológica que aún se encuentra por determinar en los laboratorios del centro asistencial”, agregó el TSJ.  La corte, acusada de servir al gobierno, pidió a los dirigentes políticos “abstenerse de emitir opiniones irresponsables con informaciones falsas y con el único objetivo de causar alarma”.

El concejal formaba parte de un grupo de unas 600 personas a quienes la oposición considera “presos políticos”, entre los cuales se encuentra el dirigente Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ambos con prisión domiciliaria. García había recibido ese mismo beneficio el pasado viernes, pero “la orden no fue ejecutada por los cuerpos de seguridad”, denunció su partido, Primero Justicia. El concejal había sido detenido por el Sebin el 17 de diciembre de 2016, acusado de hechos violentos durante una protesta por escasez de efectivo. Las autoridades aseguraron que estaba en posesión de una elevada suma de dinero, pero sus familiares y Primero Justicia afirmaron que el Sebin forjó las evidencias.
 
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