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Prensa. AFP.
Estados Unidos autorizó el retorno a Venezuela de sus empleados de la embajada en Caracas y sus familiares, a quienes había ordenado salir del país hace tres meses en medio de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. El Departamento de Estado emitió el lunes una advertencia de viaje “permitiendo que el personal gubernamental de Estados Unidos y sus familiares regresen a Venezuela”, que sustituye la orden de salida en efecto desde el 27 de julio.

Sin embargo, el gobierno de Donald Trump reiteró que “la situación política y de seguridad en Venezuela es impredecible y puede cambiar rápidamente”, por lo que todo el personal de contratación directa y sus parientes asignados a la embajada tienen los desplazamientos restringidos, con “estrictos requisitos de seguridad” para moverse dentro de Caracas y por el resto del país.

Entre abril y julio de 2017, las manifestaciones diarias para exigir la salida de Maduro, violentamente reprimidas por las fuerzas del orden, dejaron unos 125 muertos y cientos de heridos y derivaron en saqueos y vandalismo. “Ciudadanos estadounidenses han denunciado haber sido arrestados, detenidos y robados mientras estaban muy cerca de las protestas”, indicó el Departamento de Estado en la instrucción fechada el 23 de octubre.

En esta advertencia de viaje, desaconsejó nuevamente a los ciudadanos estadounidenses en general ir a Venezuela, aduciendo “crimen violento”, “escasez generalizada de alimentos y medicinas” y “agitación social”. Además, alertó sobre arrestos “con poca o ninguna evidencia” de que se hubiera cometido un delito, y subrayó que a los detenidos se les puede negar “atención médica adecuada, agua potable y alimentos”.

También dijo que los periodistas internacionales son “minuciosamente examinados” y se arriesgan a detenciones y expulsiones por hacer su trabajo. Maduro ha sido acusado por sus adversarios y algunos países como Estados Unidos de haber instaurado una “dictadura” en Venezuela, con el apoyo de una Asamblea Nacional Constituyente electa a fines de julio, totalmente oficialista y cuya elección fue tachada de fraudulenta por la empresa de tecnología electoral.

Según analistas, el triunfo del oficialismo en las elecciones regionales del 15 de octubre, desconocido por la oposición, alejó las posibilidades de una pronta salida a la profunda crisis política y económica del país petrolero.
 
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