Prensa. voanoticias.com
La policía
española acordonó el sábado más de la mitad de los colegios designados por las
autoridades catalanas como centros de votación de un referéndum independentista
prohibido por la Justicia y dio un plazo límite a los padres, menores y
activistas que las ocupan. El referendo, programada para llevarse a cabo el
domingo, considera la posibilidad de que Cataluña se separe de España.
El Tribunal
Constitucional español suspendió la votación hace más de tres semanas y la
policía ha recibido instrucciones de impedir que se vote. El gobierno catalán
ha afirmado que seguirá adelante de todos modos y ha instado a los 5,3 millones
de votantes registrados en la región a que participen.
Pero durante la
noche grupos de padres realizaron una acampada frente a los colegios, con
carpas y sacos de dormir, paella gratis y cine. La policía advirtió que
retirará a quienes asistan a votar y que podrían aplicarse multas de hasta
300.000 euros (354.360 dólares).
No obstante,
el presidente catalán, Carles Puigdemont, dijo el viernes que “está preparado
todo para que efectivamente los más de 2.000 puntos de votación tengan las
papeletas, tengan las urnas, tengan todo lo que tienen que tener para que la
gente pueda expresar su opinión”.
Mientras tanto
miles de personas se manifestaron el sábado en diversos puntos de España para
mostrar su apoyo a la unidad de la nación y su rechazo al referendo.
Entre banderas
nacionales y cánticos de “viva España”, “yo soy español”, “Puigdemont a
prisión” y “no nos engañan, Cataluña es España”, la protesta en Madrid, la
capital española y sede del gobierno, recorrió calles céntricas hasta llegar al
Ayuntamiento en la Plaza de Cibeles.
En otros
puntos de España también había convocadas concentraciones contra una consulta
que la mayoría de los catalanes quieren celebrar pese a que el sentimiento
independentista a disminuido entre ellos, según sondeos.
La policía
regional, los Mossos d’Esquadra, ha recibido instrucciones de vaciar los
edificios públicos para el domingo de madrugada. La respuesta que ofrezcan los
17.000 agentes de la policía regional está considerada como un factor clave
para el éxito o el fracaso de la votación.