Prensa.
Sin Mordaza
Esta
es la tercera audiencia que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA)
con el fin de evaluar si existen méritos para iniciar un proceso en la Corte
Penal Internacional (CPI), sobre crímenes de lesa humanidad que se cometieron
en Venezuela. Impunidad y crisis humanitaria fueron los temas que se tocaron
frente a exministro de Justicia de Canadá Irwin Cotler; el argentino Santiago
Cantón, exsecretario ejecutivo de la CIDH, y el costarricense Manuel Ventura
Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se
presentó vía Skype desde Canadá la ex jueza de la zona metropolitana de
Caracas, Ralenis Tovar, quien firmó la orden de aprehensión en contra de
Leopoldo López en febrero de 2014.
En
su ponencia, Tovar explicó que fue amenazada por la expresidenta del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, para que firmara una orden de
captura contra López, tal como asegura que ocurre con otros juristas del
sistema de justicia venezolano.
Afirmó
que apenas se enteró que la orden de captura sería en contra del dirigente de
Voluntad Popular, pidió esperar hasta el día siguiente para revisar el caso,
pero de inmediato un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia
Militar (Dgcim) la amenazó, diciéndole que se convertiría en la “segunda jueza
(Lourdes) Afiuni“.
“Me
sentí amedrentada, atemorizada. Por el miedo que tuve a salir presa de ahí
siendo madre soltera de una niña de 13 años, firmé la orden de aprehensión. A
partir de ese momento, cuatro funcionarios me acompañaron hasta mi casa y dos
de ellos estuvieron dentro de mi casa por un tiempo. Todo esto lo hicieron para
saber con quién tenía contacto y con quién me comunicaba”, agregó.
Denunció
que en una oportunidad quisieron secuestrar a su hija en el colegio, pero se
logró impedir. “Siempre me sentí perseguida”, sentenció. Rosa Orozco, madre de
la joven Geraldine Moreno asesinada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
durante las protestas del 2014, intervino para contar cómo se vive la impunidad
desde el lado de la víctima.
“Mi
hija murió el 22 de febrero de 2014 cuando militares en motos entraron a la
urbanización donde vivo, disparando. En el asesinato de mi hija participaron 24
militares, pero solo dos están presos, el resto aún no ha sido juzgado. Los dos
que se encuentran presos actualmente están apelando su sentencia. No me
extrañaría que la próxima semana salgan libres, porque todo lo que se ha
investigado hasta ahora lo rechaza Tarek William Saab (Fiscal General designado
por la ANC)”, denunció Orozco.
Declaró
que a lo largo de estos tres años y ochos meses, ha pedido que todo el
destacamento y la línea de mando estuvieran en investigaciones, pero la
respuesta ha sido que “hay que esperar”.
“No
es de interés nacional”
El
exministro consejero venezolano ante las Naciones Unidas, Isaías Medina, indicó
que el gobierno de Nicolás Maduro no atiende la crisis humanitaria que se
registra en Venezuela. “En vista de la crisis humanitaria sostuve varias
reuniones con la delegación de Malta para recibir material quirúrgico para
Venezuela, y Oscar Rojas, observador permanente de la orden de Malta de la ONU,
confirmó su interés de distribuir medicamentos para Venezuela por lo que se
acordó una reunión bilateral, pero tres veces fue pospuesta. Cuando pregunté,
me informaron que no la consideraban de interés nacional porque en Venezuela no
había crisis humanitaria”, denunció en la audiencia pública de la OEA.
Ante
la negativa del gobierno venezolano de aceptar la crisis humanitaria, Medina
decidió renunciar a su cargo ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). “Estamos
viviendo una pobreza que es inducida. Es una política criminal, un apartheid
político donde solo se le facilita alimentos a sus seguidores a través de la
presentación del carnet de la patria, discriminando a los venezolanos por lo
que solicito se lleve a Maduro y sus cómplices ante la Corte Penal
Internacional”.
Recordó
que según las propias palabras de la fiscal destituida por la ANC Luisa Ortega
Díaz, hay empresas relacionadas al presidente de Venezuela vinculadas con la
reventa de alimentos a precios superiores. “En el país hay una planificación
que va desde Nicolás Maduro hasta su cadena de mando para limitar la
importación de medicinas. Además, los ingresos del país lo utilizan para el
pago de la deuda y no para el servicio de la ciudadanía que necesita su
protección. Por eso son crímenes de lesa humanidad dictados desde la cabeza del
Estado hacia abajo”.
TSJ
exiliado
El
magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio,
Pedro Troconis, denunció en la tercera audiencia de la Organización de Estados
Americanos la ilegalidad e irregularidades que se cometieron en la designación
magistrados exprés del máximo tribunal en diciembre de 2015.
No
se cumplieron los lapsos ni el procedimiento establecidos en la Constitución
para la designación de estos magistrados, ni “se respetaron las normas para el
comité de postulaciones, no estuvieron presentes los tres miembros del Poder
Ciudadano para una correcta selección y la fiscal Luisa Ortega Díaz dijo que no
estuvo presente para la designación de los magistrados del TSJ”, denunció
Troconis.
Además,
responsabilizó al magistrado Juan José Mendoza de dictar una decisión “en donde
dice que nuestro nombramiento es nulo y que cometimos un delito de usurpación y
traición a la Patria. Esto estuvo suscrito por otros magistrados”.
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