La muerte de
Alexis Rafael Mejías sorprendió a sus allegados. Desde el 21 de agosto sus
familiares lo visitaban diariamente en el calabozo de la Comisaría del Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, subdelegación El
Paraíso.
Prensa.
El Nacional
“Un
paro respiratorio” fue la primera versión sobre el deceso del hombre de 57 años
que ofrecieron los funcionarios dos días después del hecho, según consta en el
informe policial.
Sin
embargo, el examen practicado al cadáver por los médicos forenses de la morgue
de Bello Monte determinó que tenía las costillas fracturadas y presentaba
múltiples hematomas que revelaban golpes de data reciente. La muerte le provino
por un traumatismo torácico, que en términos médicos indica “una lesión grave
en el tórax causada por golpes contusos de manera consecuente”..
El
hecho. Mejías estuvo detenido 42 días por estar presuntamente implicado en un
homicidio, dijo su hermana Madireinis Mejías. Debía cumplir un tratamiento
médico psiquiátrico porque era paciente esquizofrénico y, además, sufría de
flebitis en la pierna derecha.
Sus
parientes le llevaban los medicamentos, pero el lunes 2 de octubre los policías
de la comisaría les negaron el acceso sin explicación alguna, situación que se
repitió en los tres días siguientes. El miércoles 4 de octubre fue cuando les
informaron sobre la muerte de Alexis Rafael Mejías, cuyo cuerpo ya había sido
trasladado a la medicatura forense, en Bello Monte.
“El
lunes 2 de octubre mi hermano fue trasladado a la Clínica Popular El Paraíso
porque presentaba complicaciones respiratorias, murió minutos después de ser
ingresado. Luego lo llevaron al Hospital Miguel Pérez Carreño y de allí a Bello
Monte. Fuimos a visitarlo esos tres días y no fue sino hasta el miércoles que
me informan de su fallecimiento”, agregó Madireinis.
Contó
que su hermano se quejaba a diario porque los funcionarios no le suministraban
tres de los medicamentos requeridos para tratar la esquizofrenia, avalados por
su médico tratante.
“Es
posible que por la falta de sus medicinas haya acrecentado su desequilibrio
emocional y pudo haberse alterado, lo que tal vez molestó a los policías y
estos decidieron actuar de la peor manera: golpeándolo hasta causarle la muerte
lentamente. Mi hermano era un hombre débil, indefenso. No aguantó y quién sabe
cuántas veces lo maltrataron. Los policías solo dijeron que se había
desmayado”, expresó entre llantos.
El
caso fue denunciando en la ONG Una Ventana a la Libertad, coordinada por Carlos
Nieto Palma, quien dijo que este caso “representa una alerta más sobre las
muchas otras muertes registradas en los calabozos de las comisarías de Caracas
y del resto del país”.
Otros
casos. El 5 de mayo de 2017 murió Franyerson Martínez, de 19 años de edad,
detenido en los calabozos de la Guardia Nacional, en Petare, desde el 4 de
diciembre. Su madre, Luisa Castro, declaró en la morgue de Bello Monte que un
oficial se encontraba limpiando su fusil y se le escapó un tiro que impactó
justo en el pecho del muchacho.
A
cinco meses del suceso, sus deudos esperan los resultados de las averiguaciones
que pesan sobre el militar. Castro gestionó su traslado al Hospital Domingo
Luciani en El Llanito. Trámite que no concluyó porque desde la comisaría le
avisaron que su hijo había muerto.
Un
hecho similar ocurrió con Winder Sánchez, fallecido el 7 de abril. “Una
gangrena en la pierna derecha generó una infección que colapsó la vena aorta y
le provocó un infarto”, señaló Nieto Palma.
El
joven, de 27 años, permanecía preso en los calabozos de la zona 7 de la Policía
Nacional Bolivariana, en Boleíta. El 30 de marzo hubo una requisa y un policía
le metió un batazo en la pierna que le desgarró el músculo.
“Las
súplicas por su estado de salud nunca fueron escuchadas. Un médico del Domingo
Luciani les dijo a los familiares que, si se hubiese logrado el traslado el
muchacho se habría salvado. La situación demuestra una total violación de los
derechos humanos de los presos, el hacinamiento en los calabozos y la falta de
gestión gubernamental al respecto”, añadió el activista social.
De
Sánchez se supo que el 8 de enero fue detenido en La Ceibita, cuando se
encontraba con unos amigos jugando baloncesto. Una comisión de policías
nacionales se lo llevó preso porque no tenía documentos. En la comisaría lo
imputaron por posesión de drogas.
“La
pérdida de estos seres humanos en manos de funcionarios policiales son
plasmados en denuncias que aún no se materializan para determinar
responsabilidades. Estas familias que aún lloran la partida física y el modo en
cómo se produjo la muerte, son muestra de que una vez más hay una justicia
ciega que invisibiliza la realidad de los recintos carcelarios del país; una
justicia que no llega detrás de los barrotes. Se han hecho propuestas, pero el
Estado niega que exista esta realidad. La descentralización acabaría con el
hacinamiento y haría falta también una política de atención al privado de
libertad, más allá de ponerles un uniforme”.