El presidente
del Gobierno regional de Cataluña, en el nordeste de España, Carles Puigdemont,
dijo hoy a la cadena británica BBC que declarará la independencia “en cuestión
de días”.
Prensa. EFE
El
político catalán agregó que su gobierno “actuará a finales de esta semana o
comienzos de la próxima”. Las autoridades españolas, sin embargo, insisten en
que harán todo lo que esté en sus manos, junto con la justicia, para impedir la
independencia de Cataluña. Puigdemont, por otra parte, consideró que “sería un
error que cambiaría todo” si el Gobierno español interviniera para tomar el control
del Ejecutivo regional catalán.
El
dirigente catalán habló con la BBC momentos antes de que el rey Felipe VI
hiciera una declaración institucional en la que acusó a las autoridades
autonómicas catalanas de haber actuado con una “deslealtad inadmisible”.
El
rey de España advirtió de que, ante la situación “de extrema gravedad” en
Cataluña, los “legítimos poderes del Estado” deben asegurar “el orden
constitucional”, la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de esa
región, “basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”.
Felipe
VI calificó el comportamiento del Ejecutivo catalán de “deslealtad inadmisible”
y “conducta irresponsable” y señaló que “de una manera clara y rotunda, se ha
situado totalmente al margen del derecho y de la democracia”.
Por
otra parte, Puigdemont describió como “muy decepcionante” la reacción de la
Unión Europea a la actuación de las autoridades policiales durante el
referéndum ilegal del domingo pasado en Cataluña.
El
operativo policial ordenado por las autoridades españolas para impedir la
votación en el referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, fue
muy criticado por el Gobierno catalán y objeto de masivas marchas en Barcelona,
la capital de esa región del nordeste de España, así como de una huelga general
en la región al considerar que hubo excesos policiales.
Asimismo,
el dirigente se mostró en desacuerdo con la declaración hecha el lunes por la
Comisión Europea en la que consideraba que los sucesos en Cataluña son un
asunto interno de España. Puigdemont, por otra parte, reveló que en la
actualidad no hay contactos entre el gobierno de Rajoy y la Generalitat de
Cataluña.
El
Gobierno español, por su parte, acusó hoy al Ejecutivo catalán de alentar el
acoso y los actos de “odio” hacia las fuerzas de seguridad enviadas a Cataluña
con motivo de la consulta, y avisó de que dichos actos “tendrán la
correspondiente respuesta jurídica”.
Miembros
del Ejecutivo regional, con Puigdemont a la cabeza, habían reclamado la
retirada de esas fuerzas enviadas desde distintos puntos de España.
Interior
desplazó a Cataluña en los días previos a la votación ilegal del pasado domingo
a miles de agentes para impedirla y el ministerio del Interior ha anunciado que
permanecerán en la región el tiempo que sea necesario.
Para
esclarecer lo sucedido, la Fiscalía puso la investigación en manos del servicio
especial de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona, que abrió
diligencias por los delitos de amenazas, coacciones y contra los derechos
fundamentales y libertades públicas “cometido por la pertenencia de los
afectados a la nación española”.
También
el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña requirió hoy información
“detallada” sobre al actuación de la Policía al responsable de coordinar el
dispositivo para el referéndum, Diego Pérez de los Cobos, designado por el
ministerio español del Interior.
Todo
esto ocurrió en una jornada de paro convocada hoy en Cataluña por
organizaciones sindicales y movimientos secesionistas para protestar por la
actuación policial del domingo, que tuvo un amplio seguimiento en la
administración pública, en la educación, la sanidad y el transporte público, y
poco seguimiento en la industria. Las autoridades regionales aseguraron que la
huelga fue “masiva”, aunque sin precisar datos globales.