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diariolasamericas.com.
Los
venezolanos con visas B1 y B2, así como los que solicitaron asilo político al
gobierno de los Estados Unidos, pueden ser sometidos a una rigurosa revisión de
parte de los funcionarios de inmigración al arribar a los puertos y
aeropuertos, o en el momento de tramitar el estatus ante las oficinas de
inmigración. Helene Villalonga, presidenta de la Asociación de Madres y Mujeres
Venezolanas en el Exterior (Amavex), hace referencia a las nuevas regulaciones
del Departamento de Estado de la administración de Presidente Donald Trump, las
cuales entraron en vigencia el 18 de octubre de este año.
Señaló
que estas normas no solamente están dirigidas a los funcionarios venezolanos
que han cometido algún tipo de infracción o violaciones a los Derechos Humanos,
sino al ciudadano común, que viaja a Estados Unidos por placer, negocio o
cualquier otro motivo. Villalonga
destacó que en las regulaciones se menciona que el Estado venezolano no
colabora con EEUU al no aportar información sobre si una persona representa una
amenaza para la seguridad de la nación, por lo que no puede determinar quiénes
son los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que viajan con visa B1 y B2.
"Los
funcionarios de inmigración también están autorizados a solicitar al viajero
los dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares y laptops, y las claves
de acceso para revisar las redes sociales para investigar casos de inmigración
y crímenes o ante solicitudes de beneficios, por lo que las informaciones
publicadas pueden ser usadas en su contra" aclaró. Según Villalonga, los
venezolanos tienen costumbre de utilizar estas herramientas como “avisos
clasificados”, para informar de su arribo al territorio norteamericano y
solicitar ayuda para conseguir trabajo.
“Al
colocar eso en una red social la persona está incursa en un delito, porque si
usted está recién llegado, tiene una visa de turista y aunque haya presentado
un caso de asilo político, hasta que usted no tenga el permiso de trabajo
laminado que lo autorice el Departamento de Seguridad de Estado, usted no tiene
que publicar sus servicios ni utilizar las redes sociales para hacer
propaganda. Está violando la ley”, aseveró.
La
representante de Amavex advirtió que otro grave error es compartir la
aplicación de Uber y Live para ofrecer los servicios como taxista, porque los
oficiales de inmigración puede interceptar la señal y determinar si el
conductor tiene una licencia de seis, siete o nueve meses y si no tiene permiso
de trabajo.
Casos
de deportación
En
agosto de este año, antes de los embates de la tormenta Irma, se llevó a cabo
un experimento piloto en los puertos de Miami que consistió en que unos
funcionarios camuflados mandaban señales para solicitar un servicio de Uber.
Ese
día hubo 22 detenciones, entre ellos se encontraban más de cuatro venezolanos a
quienes se les eliminó la posibilidad de calificar al asilo político. El grupo
fue deportado porque se violó ley, ya que no se puede trabajar mientras no
tenga el permiso de trabajo, aun cuando posea la solicitud de asilo político en
curso y una visa B1 o B2. El 16 de octubre entró en vigencia el veto migratorio
que afecta a Venezuela, Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Corea del Norte y
Chad.
Helene
Villalonga señaló que ya hay registro de venezolanos afectados por esa medida,
tales como un comerciante a quien le cancelaron la visa y un joven que
averiguaba posibilidades de estudios, pero que al parecer tenía intenciones de
quedarse y fueron deportado.
Legislación
para proteger
Los
venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos, en la sombra, sin permiso
para trabajar ni licencia de conducir, deben unirse como comunidad para lograr
que el Congreso apruebe el proyecto de ley HR2161, mediante el cual se podrá
otorgar la legalización a quienes arribaron a este país antes del 1° de enero
de 2013.
Una
vez sea aprobado este instrumento denominado Ley de Asistencia para Refugiados
Venezolanos, las personas deberán demostrar su nacionalidad, sea por nacimiento
o naturalización, además de tener una buena moral, ser contribuyentes y no
haber cometido ningún tipo de infracción o delito. También favorecerá al
cónyuge sea o no venezolano.
Pero
pese a los alcances positivos de esta legislación para los habitantes del país
caribeño, la mayoría no acude a las asambleas organizadas para promover esta
iniciativa. Villalonga afirmó que los venezolanos están sumidos en una inercia.
"Cuando
hacemos el llamado para que la gente se integre y participe, por
desconocimiento o miedo, no acude la cantidad que debería estar interesada.
Según inmigración y el censo de 2010 existían más de 90.000 venezolanos fuera
de status. Todavía nos falta el censo de 2020. Pero debemos recordar que desde
2014 a la fecha han arribado más de 400-000, de los cuales más de 200.000 se
quedaron dentro del territorio. Esta cifra no es equívoca porque en el proceso
electoral del plebiscito, convocada por la Mesa de la Unidad Democrática en 16
de julio de este año, se determinó que nada más en Florida votaron 105.000
ciudadanos. Eso quiere decir que a lo largo y ancho de la nación deben estar
viviendo más de 350.000".
Recalcó
que la cifra de venezolanos que viven en la sombra, que no tienen documentos
para trabajar legalmente ni para manejar, podría haberse incrementado hasta 150
mil. "Y cuidado si no más porque son entre 38.000 a 40.000 los que están
aplicando a asilo político". La entrevistada aseguró que han realizado 27
asambleas en toda la nación norteamericana, como en Los Ángeles, Texas, Nueva
York, Las Carolinas. Recientemente estuvo en Chicago, en el estado de Illinois,
donde hay más de 3.000 venezolanos.
“Hago
un llamado para que los venezolanos se integren a este tipo de iniciativas.
Como lo he dicho en las asambleas, en los años 60 los cubanos tuvieron la
oportunidad de unirse como comunidad y tuvieron logros importantes, pese a que
era muy joven y más reducida que la venezolana en la actualidad. También en ese
tiempo el número de representantes hispanos dentro de congreso era muy Ínfima
comparada con la que tenemos en la actualidad. Entre los años 60 y 80 los
cubanos no tuvieron la oportunidad de tener ni redes sociales ni ningún
mecanismo a través de internet por el cual poderse unir y hacer el músculo para
llegar a este Congreso para que fueran escuchados. Los cubaos fueron
sancionados igual como fue sancionado nuestro pueblo, pero ellos pelearon por
sus hermanos que estaban aquí para poder garantizar los Derechos Humanos. Hoy
pregunto a mi comunidad venezolana, es que acaso no existen suficientes razones
para que nosotros los líderes de asociaciones y organizaciones y la misma
comunidad nos unamos y vayamos a lograr lo que los cubanos en su momento
lograron”, expresó.
El
proyecto de la Ley HR2161 se encuentra en el Subcomité de Inmigración y
Seguridad de Frontera. Está integrado por 14 congresistas, representantes de la
Cámara Baja, que son los que toman la decisión de bajar o no un proyecto de ley
para que discutido en el piso del Congreso.
“En
este momento estamos dirigiéndonos directamente a este subcomité mandando una
postal que está diseñada con fotos de los últimos eventos ocurridos en
Venezuela, con imágenes de personas que están siendo maltratadas por fuerzas de
seguridad del Estado, mujeres que son golpeadas, niños sustrayendo comida de la
basura y parturientas dando a luz en la calle. Le estamos dando a entender la
crisis que existe en nuestro país y por qué nosotros consideramos que nuestros
hermanos, acá en el territorio americano, reciban este tipo de beneficio”,
planteó.
Este
proyecto entró al Congreso por primera vez el 9 de octubre de 2015,
identificado como HR 3744, pero que no salió del comité, y por segunda
oportunidad el 26 de abril de este año. Tiene carácter retroactivo y es el
producto de una fusión de la ley Nácara de ajuste cubano, y el proyecto Liberty
Act que se presentó en 2012. Si se llega a aprobar la HR 2161, se les
presentará limitaciones a las personas que han cometido errores para lograr la
legalización.