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Acción
Solidaria recaba 300 denuncias de personas con VIH que sufren a causa de la
falta de antirretrovirales. En el foro La salud en emergencia humanitaria,
activistas recordaron que las inversiones que el gobierno hizo al sector salud
hace algunos años no se tradujeron en la mejora de la atención y, en medio de
la crisis, los indicadores de mortalidad y morbilidad lo comprueban
La
escasez de alimentos y medicamentos que afecta a la mayor parte de la población
venezolana podría ser considerado un crisis de lesa humanidad por organismos
internacionales, advirtió Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria este
lunes.
El
activista resaltó la importancia de documentar y denunciar los casos de
violaciones derechos humanos para obtener justicia “hoy, mañana o en algunos
años”. “En Acción Solidaria estamos recopilando 300 casos de personas con VIH
para ir a la Defensoría del Pueblo a denunciar la falta de medicamentos e
iremos a las instancias necesarias. Hay responsables por lo que está pasando y
esto no puede quedar oculto y en la medida en que se haga visible se le da
canal también a las angustias”.
Durante
el foro La salud en emergencia humanitaria, organizado por Amnistía, Reyna
explicó que la crisis venezolana se ha convertido en una emergencia humanitaria
compleja pues el daño que ocasiona es masivo y generalizado, porque excede las
capacidades locales y amerita asistencia externa, y porque es provocado por
personas que tienen poder político. En
los conflictos como el que atraviesa el país, dijo, se utiliza la represión
como respuesta, aumenta la desigualdad, la desnutrición, la pobreza, la miseria
y las migraciones forzadas.
“Las
formas de mitigación entonces pueden ser tres: la ayuda humanitaria, que es
inmediata; la asistencia humanitaria, que conlleva más estructuración; y la
acción humanitaria, que implica la documentación de las situaciones, la
recuperación de la memoria para conseguir justicia y el restablecimiento de los
derechos vulnerados”, indicó.
Hasta
el momento, ninguna de esas formas de socorro se ha materializado en el país a
pesar del ofrecimiento de Estados miembros de las Naciones Unidas, pues el
gobierno venezolano se resiste a declarar la emergencia. Mientras
tanto, las redes que han tejido los ciudadanos en conjunto con organizaciones
civiles han tenido que responder a menor escala. Acción Solidaria atiende 2.500
llamadas al mes con solicitudes de medicamentos. En 17 meses, del exterior han
enviado 38 toneladas de fármacos.
“Pero
es el Estado el que tiene la obligación de responder. Tienen que detener los
mecanismos de discriminación (como el 0800-SaludYA o la distribución a través
de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, Clap)”, reclamó Reyna.
Los
peores indicadores
El
aumento de la mortalidad infantil de 8.821 niños fallecidos en 2015 a 11.466 en
2016, y el incremento de la mortalidad materna de 456 muertes en 2015 a 756 un
año después no se corresponde con la inversión de recursos del Estado en el
sector salud.
“En
Venezuela la inversión pública es inversamente proporcional a la reducción de
los indicadores”, criticó Jorge Díaz Polanco, miembro del Observatorio
Venezolano de la Salud.
Otras
cifras sentencian el fracaso. Magdymar León, de la Asociación Venezolana para
una Educación Sexual Alternativa, señaló datos que demuestran que las mujeres,
a pesar de que el gobierno se declara feminista y humanizado, están entre los
sectores más olvidados.
Cálculos
extraoficiales que maneja la organización indican que 16% de las muertes
maternas son producto de abortos inseguros. Esa causa cobra la vida de 60% de
las madres que mueren en Amazonas y Delta Amacuro. Las estimaciones no pueden
comprobarse porque el tema es silenciado desde el gobierno y porque el aborto
está penado por la ley.
En
una encuesta que realizó la ONG en redes sociales en la que participaron 300
mujeres diferentes, 70% reportó que desde hace al menos un año no consiguen
anticonceptivos en la farmacia. El promedio de escasez de ese tipo de productos
desde 2014 es de 90% y solo 2% de la demanda es cubierta por instituciones
públicas.
“Las
mujeres están imposibilitadas de controlar su reproducción. La opción de la
abstinencia no es la vía porque la expresión de la sexualidad es un derecho
humano”.
Esa
imposibilidad de planificación familiar afecta a las adolescentes de forma
particular: en 2012 22% de los bebés nacidos eran hijos de madres entre 15 y 19
años. “Se estima que hoy la cifra puede llegar a 30%”, alertó León.
Como
una gran bola de nieve que no para de crecer, a esa situación se suma la falta
de preservativos, que luego se traduce en mayor transmisión de enfermedades
sexuales y luego en más mujeres con VIH que son obligadas a parir (para no
hacerles cesárea) y más niños contagiados. “No
hay kits de bioseguridad para los médicos. Hay escasez de fórmulas lácteas y no
hay antirretrovirales para que se reduzcan las posibilidades de la transmisión
vertical del VIH de madre a hijo”.
Otras
áreas no están mejor. Están en falla 25 medicamentos para el cáncer de mama,
principal causa oncológica de muerte entre las mujeres, y el Ministerio de
Salud omitió deliberadamente las consecuencias del zika en las embarazadas
durante 2016 que dejó al menos a 61 niños con microcefalia que no son atendidos
apropiadamente.