La "ley
contra el odio" es una nueva coartada del régimen de Nicolás Maduro para
acabar con la debilitada libertad de expresión.
Prensa. SIP.
La
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la recién aprobada "ley
contra el odio" en Venezuela a la que consideró "una nueva coartada del
régimen de Nicolás Maduro para acabar con la debilitada libertad de
expresión".
La
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó el 8 de noviembre por unanimidad
la "Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia".
El estatuto de 25 artículos castiga con penas hasta de 20 años de cárcel por
"incitación al odio", condición que se puede atribuir a manifestantes
en la vía pública que protestan contra el gobierno o que expresen críticas y
opiniones en redes sociales y medios de comunicación.
La
ley, bajo conceptos muy ambiguos, también considera penalidades contra los
medios que trasmitan propaganda y contra partidos políticos que promuevan
"el fascismo". También establece sanciones de 8 a 10 años de cárcel a
los policías y militares que no persigan estos delitos de odio.
El
presidente de la SIP, Gustavo Mohme, condenó la ley considerando que
"criminaliza la disidencia y borra de raíz dos de los derechos más
preciados en una democracia, la libertad de asociación y la libertad de
expresión". Mohme, director de La República de Lima, Perú, agregó que el
régimen "sigue así reglas que le posibilitan legitimar su
autoritarismo".
Por
su parte, Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e
Información de la SIP y director del portal La Silla Rota, Ciudad de México,
México, añadió que "la novedad peligrosa de esta ley es que permite al
gobierno ensañarse contra los ciudadanos comunes que protestan o que se
expresan en las redes sociales, siendo que hasta ahora su pelea estaba más enfocada
contra la oposición política, los periodistas y medios independientes".
En
su pasada asamblea realizada a fin de octubre la SIP alertó en el informe de
Venezuela sobre lo que entonces era un proyecto de ley: "Paradójicamente,
a todo este ambiente de censura el presidente Maduro ha propuesto a la Asamblea
Nacional Constituyente la aprobación de una ley contra el odio y la
intolerancia. El proyecto sanciona el odio en términos genéricos, sin
definirlo, y excede con creces lo previsto en el artículo 20 del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe 'toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad
o la violencia'. El régimen pretende prohibir el odio como tal, reservándose el
derecho de determinar qué constituye odio y qué es lo que debe ser sancionado.
Sin dudas se trata de otro mecanismo para censurar y crear autocensura".
En
esa misma reunión se aprobaron dos resoluciones sobre Venezuela. Una condena la
práctica represiva del régimen de restringir la entrega y renovación de
pasaportes y otras identificaciones a periodistas, y la otra denuncia las
numerosas violaciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa
"con el propósito de silenciar voces disidentes".