El TSJ promueve
el desarrollo de programas de formación, investigación y trabajo socio
comunitario para elevar el nivel educativo y la conciencia social, entre los
trabajadores y trabajadoras que integran el sistema de justicia.
Prensa. DAR
Apure.-
En
la población de Elorza, municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, se llevo a
cabo la Primera Jornada de Derecho Penal, organizada por la Rectoría de la
Circunscripción Judicial del estado Apure y municipio Arismendi del estado
Barinas, por el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del
Municipio Rómulo Gallegos y la Oficina Regional de Atención y Participación
Ciudadana.
La
actividad, que estuvo dirigida a los estudiantes de la Unellez, núcleo Elorza,
así como a los cuerpos policiales y a la comunidad en general, contó con
participación de los siguientes ponentes: el Juez Rector y Presidente del
Circuito Judicial Penal, Edwin Blanco; José Antonio Méndez, Secretario de la
Corte de Apelaciones; Rosmery Torres, Juez Suplente del Circuito Judicial
Penal; Hernán Baena, Juez de Municipio y Pedro Briceño, Secretario del tribunal
de Municipio. Todas las actividades apoyadas por la directora regional
administrativa, Elen Ojeda, y por las servidoras y servidores judiciales de la
DAR Apure y por la Alcaldía Bolivariana del Municipio Rómulo Gallegos.
Es
de destacar que para el Tribunal Supremo de Justicia, presidido por el
magistrado Maikel Moreno, es primordial la preparación académica en áreas
fundamentales del derecho, tales como las leyes que regulan la jurisdicción
penal, en este sentido, hay reiterar lo que establece el Plan Estratégico del
Poder Judicial 2013-2019, en el sentido que se deben diseñar e implementar de
manera permanente cursos y programas de formación y actualización que respondan
a los avances legislativos y a los cambios o coyunturas socio históricas.
El
TSJ promueve la investigación socio jurídica a través del convenio UBV-TSJ para
favorecer la creación y publicación de producción teórica nacional, orientada
al desarrollo de los postulados, principios, valores, derechos y deberes
constitucionales, sí como el desarrollo de programas de formación,
investigación y trabajo socio comunitario para elevar el nivel educativo y la
conciencia social entre los trabajadores y trabajadoras que integran el sistema
de justicia.
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