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La
ONU lucha y pierde la batalla contra el abuso y la explotación sexual
generalizadas y continuas de efectivos de las fuerzas de paz y funcionarios
civiles, con muy pocos procesamientos debido a enormes problemas para perseguir
a los abusadores e identificar paternidades. Pero la base de datos de ADN
supervisada por la ONU (Organización de las Naciones Unidas), una herramienta
exitosa en muchos países, no logra despegar, aun en el marco de los “16 Días de
Activismo”, destinados a eliminar la violencia contra las mujeres.
La
profesora de clínica Anne Marie Goetz, del Centro de Asuntos Globales, de la
Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad de Nueva York, dijo a IPS
que hay numerosas medidas prácticas que se pueden implementar para reducir el
abuso, como desplegar más mujeres en los cuerpos de paz, mejorar la
capacitación y la concienciación, así como los medios para que las víctimas
denuncien las agresiones.
“Pero
una medida de disuasión que puede resultar efectiva, y que no se ha debatido
mucho, es la de recolectar muestras de ADN del personal uniformado y civil
antes de su despliegue”, acotó. Con un simple hisopo en la boca basta para
obtener una muestra de ADN, que puede contrastarse con la evidencia en casos de
violación o comparar con el de un bebé para los casos de paternidad, detalló.
ADN
El
ácido desoxirribonucleico, que almacena información biológica, se describe como
una molécula que guarda instrucciones genéticas que inciden en el crecimiento,
el desarrollo, el funcionamiento y la reproducción de los organismos vivos y de
muchos virus.
Según
la cadena de radio y televisión británica BBC, Gran Bretaña es pionero en usar
ADN como instrumento para combatir el delito, creando la primera base de datos
nacional en 1985. En la actualidad cuenta con más de cinco millones de perfiles
y habría contribuido a resolver unos 40.000 casos al año. El hecho mismo de
recolectar la muestra debería generar conciencia sobre las grandes de
probabilidades de ser hallado culpable en casos de violencia sexual o de
paternidad.
“Los
países que aportan efectivos también podrían aprovechar esa oportunidad para
explicar a sus fuerzas de paz que podrán ser
procesados en casos de violación o abuso y que deberán hacerse
responsables de los costos de manutención en casos de paternidad”, explicó la
profesora Goetz, exasesora de paz y seguridad de ONU Mujeres.
Pero
la propuesta de crear una base datos de ADN chocó con la oposición de
funcionarios, pero en particular, de los estados miembro, que aportan los
efectivos para las operaciones de paz, con el argumento de proteger la
seguridad personal.
Paula
Donovan, una de las directoras de AIDS Free World y de su Campaña Código Azul,
dijo a IPS: “la investigación nos llevó a concluir que es poco probable que los
estados miembro aprueben la base de datos de ADN del personal militar de las
fuerzas de paz de la ONU, porque la propuesta contradice a la mayoría de las
normas y leyes que tienen en materia de privacidad”.
La
mayoría de las acusaciones de explotación sexual y de abuso son contra civiles,
por lo que la organización podría dar ejemplo imponiendo la necesidad de contar
con una muestra de ADN como requisito de empleo, propuso.
Pero
la ONU tiene un sesgo inherente en los casos penales y de paternidad de su
propio personal, por lo que la base de datos tendría que crearla y gestionarla
una órgano independiente, puntualizó. “Y aun en esos casos, la evidencia de ADN
es una herramienta, no una solución. Establecer la paternidad de un integrante
del personal de la ONU, por ejemplo, no sirve de nada para la parte demandante
hasta que un tribunal no emita una orden de manutención y la ONU la haga
cumplir”, señaló Donovan, activista con mucha experiencia en la materia en el
sistema de la ONU.
Sobre
la propuesta de retener fondos como garantía en casos de abuso sexual, Donovan
recordó que en marzo de 2016 el entonces secretario general Ban Ki-moon propuso
que el pago retenido a los efectivos acusados se transfiriera a un fideicomiso
una vez probada la evidencia.
“Pero
los problemas clave siguen sin atenderse”, precisó Donovan. Primero, hay “un
conflicto de interés: Justificado en quién, ¿la ONU, cuyo propio personal está
imputado?” Segundo, el “doble discurso: ¿por qué solo los soldados? si también
hay civiles y expertos en misiones acusados de explotación sexual y abuso?”,
cuestionó.
Tercero,
“no hay sustituto para la justicia. El dinero del fideicomiso, incluidos los
salarios embargados (solo mientras el imputado forma parte del personal de la
ONU), no va a las víctimas individuales, sino que se entrega a organizaciones
que trabajan con víctimas de abuso sexual”, añadió. Aunque algunas víctimas
reciban efectivo, en ningún caso eso puede reemplazar a la justicia, subrayó.
Por
su parte, el presidente del Comité de Coordinación de Sindicatos y Asociaciones
Internacionales del Sistema de la ONU, Ian Richards, dijo a IPS: “Cuando una
persona firma un contrato de trabajo con la ONU, no deberían tener que firmar
sobre su ADN. Esa propuesta presume que los funcionario sde la ONU son
prominentes agresores sexuales”, explicó.
Ningún
empleador ni país le pide a sus funcionarios o a los ciudadanos que entreguen
su ADN, y hay buenas razones para ello, como el derecho a la privacidad y la
protección contra el mal uso de información personal.
El
portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo a la prensa el 3 de este mes que
entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, el foro mundial recibió 31
acusaciones. “No todas se verificaron y algunas están en etapa de evaluación
preliminar”, indicó.
Además,
12 de esas denuncias ocurrieron en 2017, dos en 2016, seis en 2015 o antes, y
se desconoce la fecha de otras 11 más. También se designaron defensores de los
derechos de las víctimas en la sede del foro mundial y en cuatro misiones. Y la
secretaria general adjunta Jane Connors regresó hace poco de República
Africana, donde se investiga a la misión de paz.
“También
tenemos un proyecto piloto de Protocolo de Asistencia a las Víctimas, que
establece papeles y responsabilidades para quienes están en el terreno, a fin
de garantizar la coordinación y ofrecer asistencia inmediata a las víctimas”,
detalló. Con las últimas contribuciones voluntarias de los estados miembro, el
Fideicomiso de la ONU de apoyo a víctimas de explotación sexual y abuso se
reunió 1,5 millones de dólares.
El
secretario general instruyó a los directores de las entidades del sistema de la
ONU a presentar planes de acción y análisis de riesgo para impulsar a las
autoridades a luchar contra este problema, y casi todos ya los entregaron. “También
lanzamos la capacitación obligatoria para todo el personal de la ONU previo a
su despliegue”, precisó Dujarric.
“También
continuamos los esfuerzos para involucrar a los estados miembro. Hasta ahora 58
jefes de Estado y de gobierno se unieron al Círculo de Liderazgo del secretario
general, 74 suscribieron el Convenio Voluntario y 18 más indicaron formalmente
su intención de firmarlo”, detalló.
Por
último, la reunión de las fuerzas de paz de la ONU, realizada en la ciudad
canadiense de Vancouver a mediados de este mes, condenó “en los términos más
fuertes la explotación sexual y el abuso cometidos por efectivos y personal
civil, y llamó a los estados miembro y a la secretaría de la ONU a redoblar los
esfuerzos de prevención, responsabilidad y asistencia a las víctimas”.
Traducido por
Verónica Firme
http://www.ipsnoticias.net/2017/11/proponen-base-datos-adn-la-onu-abuso-sexual/