El
relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (Cidh), Edison Lanza, considera “alarmante” la “ley contra el
odio” aprobada este miércoles por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de
Venezuela, que amenaza a partidos políticos, medios y ciudadanos.
“Tendrá
el efecto sistemático de inhibir la crítica al interior del país, porque todos
los seres humanos tienen temores naturales de sufrir en un régimen sin
garantías, es mucho más grave de lo que parece a primera vista”, explicó el
experto en una entrevista con EFE en Washington este jueves 9 de noviembre.
Estos
son los comentarios “preliminares” de Lanza, relator desde 2014, mientras que
en la Cidh “se está analizando” el texto aprobado y se prepara desde hace meses
un informe completo sobre la situación de derechos humanos en el país para
antes de final de año.
La
“Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” contempla
penas de hasta 20 años de cárcel y restringe de manera general las opiniones
contrarias al Gobierno al afectar a la oposición política, la protesta
ciudadana, los medios de comunicación y las redes sociales.
“Llaman
la atención las sanciones totalmente draconianas y desproporcionadas que
establece la ley para quienes incurran en esas expresiones, penas de prisión de
10 ó 20 años, algo que en derecho penal comparado podría incluso compararse a
un asesinato o algo semejante”, apuntó el experto.
El
“deterioro en Venezuela“, señaló, “ha sido constante y progresivo” pero hasta
ahora todavía “perduraban ciertas garantías para los periodistas y opositores
porque había que cumplir con un tipo penal preciso y las sanciones eran
excarcelables”.
“Esto
es absolutamente mucho más grave, porque son tipos penales absolutamente
abiertos, se crean las condiciones para perseguir al enemigo interno y entrar a
un Estado absolutamente totalitario“, advirtió.
Además,
subrayó que con esta medida “va a ser clausurado el último espacio libre en
Venezuela, que eran las redes sociales“.
El
abogado uruguayo critica asimismo que el texto esté “embarrado con palabras
bonitas y buenas intenciones, como suelen hacer los regímenes totalitarios, en
nombre de la diversidad y la no discriminación“, mientras que en la práctica
“no tiene normas de promoción sino que son normas represivas“.
La
iniciativa recibió el rechazo del Parlamento venezolano, de mayoría opositora,
al considerar que busca sembrar miedo en los medios de comunicación, los
partidos políticos y la sociedad en general.
La
Cidh, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha
pedido este año tres veces al Gobierno de Venezuela que le permita hacer una
visita al país para analizar la situación de derechos humanos, oferta que fue
rechazada.
Venezuela
tiene denunciada la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde 2013, por
lo que la CorteIDH, con sede en San José (Costa Rica), no puede recibir casos
del país.
Sin
embargo, sigue siendo Estado miembro de la OEA (pidió su salida en abril de
este año pero tarda dos años en entrar en vigor), por lo que la Cidh sigue pronunciándose
sobre la situación en el país de acuerdo a la Declaración Americana de Derechos
Humanos firmada por los 35 países del continente en 1948.
En
estos dos años hasta que entre en vigor su salida de la organización
continental, Venezuela sigue bajo la Carta de la OEA, el documento fundacional
que creó también la Comisión.
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