Prensa.
EFE
Mientras
este miércoles, 13 de diciembre, se entregue en Estrasburgo el premio Sájarov,
cuatro de los venezolanos galardonados cumplirán en la sede caraqueña del
Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) conocida como El Helicoide un día
más de cautiverio. En
esa construcción futurista, concebida como un centro comercial y convertida
después en sede de la policía política, vive desde el 17 de agosto de 2015 la
tinerfeña Andrea González, detenida ese día al ser acusada por dos asesinos
confesos de supuestamente planear el asesinato de la hija de un potentado
chavista.
González
nació en Venezuela hace 31 años, y emigró a Canarias de adolescente con su
familia para regresar por amor en 2010 a su país natal, sin poder imaginarse
que acabaría presa. “Cuando
Andrea volvió a Venezuela la situación ya estaba muy deteriorada y ella no
estaba acostumbrada a una situación tan horrible para la gente. Le tocó muy de
cerca”, dice a Efe su hermana Alejandra, remontándose al origen de la
rocambolesca historia que la llevó a El Helicoide.
Andrea
González participó en voluntariados en los que conoció a Liana Hergueta, y
empezó a ir a protestas contra el Gobierno, al que consideraba responsable del
sufrimiento que veía. Junto
a Hergueta entró en contacto con Carlos Trejo, un supuesto opositor con el que
pronto rompió relaciones por su comportamiento conflictivo.
González
no volvería a saber de él hasta que Hergueta, a quien Trejo había estafado, le
pidió ayuda para localizarlo, una misión en la que también se implicó otra
persona vinculada a las protestas, Rafael Pérez Venta. Después
de que obtuviera de este el compromiso de encontrar a Trejo, Hergueta fue
asesinada y descuartizada. Los responsables eran Trejo y Pérez Venta, quienes
confesaron al ser detenidos.
Habían
pasado días del asesinato cuando el Sebin se llevó a Andrea de su casa. Desde
El Helicoide le pidieron que llamara a su novio, Dany, para que también
testificara. Más
de 27 meses después, Andrea y Dany siguen allí encerrados, acusados por los dos
asesinos de tener un plan para matar a la hija del dirigente chavista, Diosdado
Cabello. Según
varias fuentes, los asesinos de Hergueta eran infiltrados del Gobierno en
medios opositores.
“Como
no le convenía al Gobierno que se dijera que ese asesino estaba en sus filas lo
pusieron a grabar varios vídeos en los que incrimina a Betty Grossi, a Andrea
González, a Dany Abreu, y a Ángel Zerpa”, dice a Efe Joel García, abogado de
Andrea. “Las
pruebas no son más que un google maps en la que aparece la urbanización donde
vive Diosdado Cabello y lo dicho por Pérez Venta”, cuenta García, tras enumerar
el rosario de ilegalidades que paralizan el juicio de Andrea.
Bajo
el mismo techo duerme desde diciembre de 2016 el activista Lorent Saleh. Antes
de llegar a El Helicoide pasó 26 meses en los sótanos de otro edificio del
Sebin en Caracas, conocidos como “La Tumba”. “‘La
Tumba’ está en el sótano 5, en lo que eran las bóvedas de un banco”, explica a
Efe su madre, Yamile Saleh, que relata las condiciones de reclusión bajo tierra
de su hijo. “El
aire acondicionado muy alto, de modo que ellos no pudieran pararse ni siquiera
de la cama. Son celdas 2×3, con una cama de concreto”.
Saleh
nació en 1988 y fue entregado en septiembre de 2014 al Sebin por el Gobierno
del presidente colombiano Juan Manuel Santos.
Pese
a las acusaciones de paramilitarismo y terrorismo del chavismo contra él, los
cargos que le mantienen preso son por violar una restricción de movimientos
dictada por la justicia por poseer tirachinas para usarlos en las protestas. Yamile
denuncia los más de 40 aplazamientos de la audiencia previa al juicio a su
hijo, y relata cómo era su vida en “La Tumba”.
“Sin
un lápiz, sin un papel, sin un libro ni un reloj”.
Con
las luces encendidas 24 horas y sin escuchar más ruido que los trenes del metro
de Caracas, cuya interrupción cada jornada a las 11 de la noche era la única
referencia del paso del tiempo y la vida afuera. Cerca
de Andrea y Lorent cuentan las horas esperando la libertad dos alcaldes
opositores, Daniel Ceballos, de San Cristóbal, y Alfredo Ramos, de Iribarren,
localidades del occidente del país.
Ambos
fueron detenidos por promover y no impedir las protestas que en 2014 y 2017
llenaron de barricadas las calles de Venezuela. Después
de que el presidente Nicolás Maduro dijera en televisión que le tenía preparada
una celda “más fría” que la que entonces ocupaba Leopoldo López, Ceballos, que
ahora tiene 33 años, fue apresado el 19 de marzo de 2014.
Tras
varios cambios de cárcel recaló en El Helicoide, donde lleva más de dos meses
aislado, sin visitas ni explicaciones de las autoridades sobre el motivo. La
detención de Ramos llegó el pasado 28 de julio en su ayuntamiento, el Sebin se
lo llevó mientras los funcionarios trataban de impedirlo cantando el himno
nacional en señal de protesta.
Ramos
tiene 62 años y sufre de hipertensión severa crónica. Los medicamentos llevan
tres meses sin hacerle efecto, y no ha sido traslado a un hospital como piden
los doctores que le han visto, que le califican de paciente de alto riesgo. “Tiene morados en todas las piernas y está muy
hinchado”, dice a Efe Natasha, una de sus hijas, que cuenta cómo la familia
teme por su vida.