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La
Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, de 1951, prevé otorgar
la condición de tal a una persona perseguida por su raza, religión,
nacionalidad o ideología, pero ahora se evalúa reformarla para que contemple
las consecuencias del impacto del ambiental.
En
tanto que secretario general adjunto para Países Menos Adelantados, Países en
Desarrollo sin Litoral y Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID),
Anwarul K. Chowdhury dijo a IPS que ha subrayado “el caso de los países más
vulnerables afectados por la degradación ambiental y abogado por el
reconocimiento de los refugiados producto de esa situación”.
“Es
hora de reconocerlos”, sentenció Chowdhury.
"El
cambio climático nos afecta a todos, pero los riesgos de desplazamiento son
significativamente mayores en países de bajos ingresos y para las personas más
pobres": Simon Bradshaw. Como ya ha ocurrido con otros tratados y
convenciones internacionales, se puede adoptar un protocolo opcional al
documento de 1951 para reconocer a los refugiados ambientales, aseguró.
“La
comunidad internacional se lo debe a estas desafortunadas víctimas de
catástrofes ambientales, ya sea que se manifiesten como emergencias ruidosas o
silenciosas”, observó Chowdhury.
No
es prudente quedar atados a una única categoría de “refugiados políticos”,
mientras el mundo es testigo de movimientos masivos de personas, cruzando
fronteras por razones económicas, a lo que ahora se suman las causas
ambientales.
“Esperemos
que el secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas),
António Guterrez, hable en defensa de los refugiados ambientales, pues tiene
antecedentes de gestionar situaciones de refugiados” como ex alto comisionado
para los Refugiados, apuntó.
En
un discurso en el Consejo de Seguridad en 2011, refiriéndose al cambio
climático, Guterrez señaló: “Es un desafío que se agrega a la escala y la
complejidad de los desplazamientos humanos y un desafío que tiene importantes
implicaciones para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional”.
La
propuesta de reconocer a los “refugiados ambientales” volvió a presentarse en
el marco de la conferencia de organizaciones no gubernamentales en la Semana
Internacional de la Sociedad Civil (ICSW, en inglés), que comenzó este martes
en Fiyi y concluirá el jueves 8.
El
foro anual organizado por Civicus, entre otras plataformas regionales y
nacionales, reúne a varias organizaciones no gubernamentales de todo el mundo,
además de otros actores para analizar de forma constructiva soluciones comunes
a los desafíos globales.
Y
por primera vez en más de 20 años, Civicus organiza el encuentro en la región
del Pacífico bajo el lema: “Nuestro Planeta, Nuestra Lucha, Nuestro Futuro”.
Alrededor
de una tercera parte de los países menos adelantados, incluidos los PEID,
considerados los más pobres del mundo, están en grave riesgo por el
recalentamiento global y el consiguiente aumento del nivel del mar, según la
ONU.
Selena
Victor, directora de política y campaña de Mercy Corps Europe, dijo a IPS que
las instituciones y las convenciones deben evolucionar para hacer frente a los
nuevos desafíos y el cambio climático como uno de los más acuciantes de nuestro
mundo actual.
“En
Mercy Corps reconocemos que la gente se ve obligada a huir debido a muchos
factores, persecución política, guerra, violencia, pobreza extrema, y el cambio
climático solo es uno de ellos”, explicó.
“Es
absolutamente crítico que mantengamos, y reforcemos, la frágil protección
disponible para quienes huyen de la persecución, pues no disminuye nuestra
obligación de ayudar a todos los que se vieron obligados a huir para que poder
sobrevivir junto a sus hijos”, arguyó Victor.
“Frente
al número creciente de personas desplazadas en el mundo, la pregunta que
debemos hacernos es si la gente escapa para sobrevivir, ¿tenemos que distinguir
las razones o concentrar nuestros esfuerzos en apoyar y ofrecer refugio?”,
inquirió.
Por
su parte, Simon Bradshaw, especialista en cambio climático de Oxfam Australia,
dijo a IPS que el cambio climático ya obliga a las personas a abandonar sus
tierras y sus hogares y pone a más personas en riesgo de futuros
desplazamientos.
“El
cambio climático nos afecta a todos, pero los riesgos de desplazamiento son
significativamente mayores en países de bajos ingresos y para las personas más
pobres. Mujeres, niños, indígenas y otros sectores vulnerables también sufren
consecuencias desproporcionadas”, añadió.
Los
atolones se encuentran frente a un desafío más grave, pues el aumento del nivel
del mar, las olas de mayor tamaño y las tormentas más fuertes inundan la
tierras en las que las comunidades cultivan alimentos, contaminando los
pequeños reservorios de agua subterránea de los que dependen para extraer
aguadulce, y tragándose hogares.
La
pérdida de sus hogares, de sus medios de ingresos y de tierras ancestrales a raíz
de los desplazamientos resume el costo
humano y la grave injusticia que significa el cambio climático, subrayó.
“Los
menos responsables del cambio climático soportan lo peor de sus consecuencias,
y tienen menos recursos para hacer frente a sus consecuencias. Pero se puede
hacer mucho, y debe hacerse, para minimizar el riesgo de desplazamientos
vinculados al cambio climático, y garantizar los derechos, la protección y la
dignidad de quienes se ven obligados a huir”, añadió.
La
primera prioridad debe ser reducir mucho más rápido la contaminación mundial a
fin de limitar el aumento de temperatura por encima de 1,5 grados centígrados,
y así reducir de forma significativa el riesgo y las consecuencias del cambio
climático.
Minimizar
el desplazamiento también depende de ayudar a las comunidades a construir
resiliencia a los impactos del cambio climático, que significa aumentar la
escala y la accesibilidad de los fondos para la adaptación al cambio climático.
“Es
necesario reconocer que deben tomarse todas las medidas posibles para evitar el
desplazamiento, pero también apoyar estrategias que garanticen que la gente que
se ve forzada a hacerlo, lo haga de forma segura, con dignidad y en sus propios
términos”, añadió.
Bradshaw
señaló que la negociación de septiembre de 2018 de un Contrato Global sobre
Migraciones ofrece una oportunidad crítica para ayudar a garantizar la
seguridad, la dignidad y las soluciones duraderas de las personas desplazadas o
en riesgo de tener que hacerlo por las consecuencias del recalentamiento
global.
Se
busca reafirmar la necesidad de minimizar el desplazamiento atendiendo las
causas de raíz y los factores de vulnerabilidad, fomentar canales expandidos
para la migración regular para quienes no tienen otra alternativa que desplazarse.
Además
de comenzar un proceso para garantizar el estatus y el reconocimiento legal de
las personas desplazadas en el contexto del cambio climático y garantizar que
todas las soluciones preserven los derechos humanos y la soberanía y se basen
en las perspectivas y las prioridades de las comunidades afectadas.
Traducido por
Verónica Firme