Prensa. ipsnoticias.net
La
rohinyá Parul Akhtar* no quiere recordar lo vivido en Myanmar (Birmania) día
tras día cuando camiones llenos de soldados y hombres budistas llegaban a
violar mujeres, saquear sus pertenencias, quemar sus casas y llevarse a los
jóvenes de la aldea de Rajarbil, en el distrito birmano de Maungdaw.
“Mi
cuerpo tiembla al recordar aquellos días”, relató Parul, madre de dos niños
pequeños y visiblemente afectada por lo ocurrido, frente a su tienda de campaña
en Kutupalong, en el sudeste de Bangladesh, donde miles de royinyás se
refugiaron tras escapar de la violencia en Birmania.
“Fue
una pesadilla tratar de escapar y esquivar a los informantes, soldados y, por
supuesto, a la policía”, explicó en Modhuchhara, el mayor campamento de
rohinyás en Kutupalong, a 35 kilómetros Cox’s Bazar. “Huimos en la noche,
mientras nuestras casas se quemaban. Toda la aldea de Rajarbil se convirtió en
un pueblo fantasma”, contó con lágrimas en los ojos.
Parul
sufrió una violación en grupo hace tres semanas, antes de llegar con su familia
a Bangladesh desde el estado birmano de Rakhine, uno de los más pobres de
Birmania. Bangladesh alberga a un millón de refugiados, pero día a día llegan
más a través de los 39 cruces fronterizos, que se suman a los 300.000 que ya
estaban registrados como tal desde 1992.
“Su
sufrimiento es insoportable”, relató uno de los médicos del hospital visitado
por IPS y quien quiso mantener el anonimato. “Tratamos muchos niños que
recibieron disparos y mujeres con las piernas destrozadas”, acotó. “He
escuchado sobre las condiciones en zonas de guerra, pero estas son personas
inocentes y desarmadas. ¿Qué crímenes pueden haber cometido para quedar
expuestos a minas antipersona y a disparos indiscriminados?”, añadió.
La
brutalidad que soporta la comunidad musulmana rohinyá en Birmania estaba bien
documentada mucho antes del actual episodio de violencia, que se agravó en
agosto y generó un éxodo hacia Bangladesh. Joshim,
de la aldea de Shilkhali, en Maungdaw, relató que “desde hace cuatro meses,
ninguno de los hombres, en particular los jóvenes, podían quedarse con sus
familias”.
“Vi
cómo arrastraban fuera de sus casas a mi propio hermano y a otros hombres y los
golpeaban hasta que los subían a camiones del ejército”, recordó Hashem Ali*,
otro de los sobrevivientes, que se atendía en el hospital de Cox’s Bazar, donde
le operaron la mano. Los
campamentos de refugiados se extienden a lo largo de los 30 kilómetros que van
de Nayapara a Kutupalongmay, pero son un refugio provisorio, pues tampoco es
seguro para mujeres y niñas, quienes corren el riesgo de caer en manos de
traficantes de personas.
Alrededor
de 52 por ciento de los refugiados rohinyás son mujeres, la mayoría sin
formación, y hay muchas madres solteras. “Las mujeres sufren enormemente el impacto de
la crisis”, recordó Sarat Dash, directora de la misión de la Organización
Internacional de las Migraciones (OIM), en diálogo con IPS. “La OIM trabaja
para prevenir la explotación y la trata de personas. Y eso se relaciona con los
matrimonios forzados y precoces, considerados una forma de protección y de
tranquilidad económica. Nos preocupa que entreguen niñas en matrimonio a
hombres mayores”, subrayó.
Por
su parte, Sathyanarayanan Doraiswamy, jefe de salud del Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA) en Bangladesh explicó a IPS: “En un breve lapso, ya
creamos 13 espacios amigables para las mujeres, donde ellas pueden acceder a servicios
básicos, como atención terapéutica y médica, información sobre asistencia
humanitaria y, a veces, a refugios temporales”.
“Trabajamos
con grupos comunitarios y otros socios para prevenir la violencia de género,
que a menudo se dispara en contextos de emergencia humanitaria”, añadió. El
portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en
Cox’s Bazar, Mohammed Abu Asaker, dijo a IPS: “Acnur y organizaciones aliadas
identificaron a muchas familias encabezadas por menores y niños solos o sin
adultos acompañantes”.
“Trabajamos
con instituciones de protección a la infancia para encontrar hogares
provisorios en las comunidades. Creemos que es importante que esos niños
permanezcan en sus comunidades y que se queden con personas de la misma aldea o
vecinos o con miembros de sus familias extendidas”, apuntó. “La
crisis es enorme. De nuestras propias evaluaciones, concluimos que casi todas
las mujeres y niñas sufren algún trauma por explotación sexual o por ser
testigos de asesinato”, indicó Rezaul Karim Chowdhury, director ejecutivo de la
organización no gubernamental local COAST Trust.
“A
pesar de cubrir sus necesidades básicas, hacer frente a esa población muy
traumatizada es una tarea enorme”, añadió. La
comunidad rohinyá siempre estuvo marginada, con pocos servicios básicos, como salud
y agua potable, además de pocas oportunidades laborales. Además, sufren un
enorme analfabetismo. Los musulmanes en Birmania tienen restricciones de
movimiento y de acceso a la educación.
Muchos
en Rakhine cuestionan que los rohinyá tengan una relación histórica con ese
estado y los consideran bengalíes, sin vínculos culturales, religiosos o
sociales con Birmania. En ese país no están registrados como uno de los 135
grupos étnicos y se les niega la nacionalidad birmana desde 1982,
convirtiéndolos en apátridas.
Desde
2012, aumentaron los incidentes de intolerancia y de incitación al odio de
grupos extremistas y ultranacionalistas budistas. Muchas veces se considera a
los rohinyá y a otros musulmanes como una “amenaza a la raza y la religión”, lo
que en un contexto de tensiones favoreció la violencia.
Las
llamadas “operaciones de seguridad”de las fuerzas de seguridad, que incluyeron
violencia sexual y violación, tortura y tratos degradantes, detenciones
arbitrarias e incendios, despertaron las críticas generalizadas de la comunidad
internacional y llevaron a la ONU a equipararlas a crímenes contra la humanidad
y limpieza étnica.
Las
fuerzas armadas arguyen que son operaciones de contrainsurgencia tras un ataque
que sufrieron el 9 de octubre de 2016, cerca de la frontera con Bangladesh y
que dejó nueve policías muertos. Numerosos
gobernantes instan a Birmania a respetar el derecho y a poner fin a las
atrocidades contra civiles inocentes. La gobernante en los hechos, Aung San Suu
Kyi, Premio Nobel de la Paz, es ahora blanco de críticas por no proteger a la
comunidad rohinyá.
Los
nombres fueron alterados para preservar la identidad de las víctimas. Este
artículo fue producido con apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo
de la Comunicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Traducido
por Verónica Firme