Prensa.
EFE
Amnistía
Internacional (AI) condenó, este miércoles 17, el uso intencional de la fuerza
letal en operaciones de mantenimiento del orden público por parte del Gobierno
venezolano, y exigió una investigación imparcial sobre el operativo en que
murió el policía sublevado Óscar Pérez.
La
organización indicó que el operativo de las fuerzas de seguridad que tenía como
objetivo detener a Pérez, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones
Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), y a otras personas alzadas
contra el Gobierno, “parece ser ilegal y levanta múltiples alarmas de
violaciones graves a derechos humanos, e incluso de crímenes bajo el derecho
internacional”.
En
un boletín emitido en Ciudad de México, refirió que de acuerdo con información
oficial el pasado 15 de enero, en la comunidad de El Junquito del estado
Miranda (noroeste de Caracas) una operación de seguridad resultó en la muerte
de al menos nueve personas y otras cinco resultaron heridas.
“Este
es solo el último ejemplo del uso letal de la fuerza en operación del control
de orden público, resultando hasta ahora en miles de víctimas en todo el país”,
señaló AI en un comunicado.
Destacó
que en el operativo, los agentes utilizaron un arma militar que no solo está
diseñada para matar, sino que brinda pocas probabilidades de supervivencia.
Además, el uso de esta arma puso en peligro la vida de las personas en los
alrededores, sostuvo.
Necesidad
de una investigación
“Es
impostergable que el Gobierno venezolano se asegure de que las autoridades
civiles realicen una investigación pronta, imparcial, independiente y
exhaustiva sobre el uso intencionalmente letal de la fuerza en esta operación,
y demuestre que este no fue un caso de ejecución extrajudicial”, dijo Erika
Guevara Rosas (en la foto), directora de AI para las Américas.
De
acuerdo con el texto, otras denuncias graves que fueron publicadas en los
medios incluyen la participación de personas ajenas a los cuerpos de seguridad
en el operativo y la negación de información a los familiares de las personas
que murieron.
La
organización añadió que también ha recibido serias denuncias de que las
personas fallecidas serán cremadas sin autorización de sus familiares y sin las
diligencias de investigación pertinentes.
“A
pesar que aún no se hayan estableciendo los hechos, las autoridades están
adelantando justificaciones sobre lo ocurrido en el operativo de seguridad.
Trágicamente, esta no es la primera vez que las autoridades venezolanas
justifican el uso letal de la fuerza simplemente sobre la base de alegatos de
‘actividades criminales’, dejando de lado el Estado de derecho“, dijo Guevara
Rosas.
Derecho
internacional
Amnistía
expuso que, conforme al derecho internacional, “no es permisible en operaciones
de mantenimiento del orden público recurrir al uso intencionalmente letal de la
fuerza de una manera que probablemente matará a otras personas que no
representan una amenaza seria e inminente”.
“Por
lo tanto, las autoridades deben tomar todas las precauciones posibles para
evitar esas muertes y, si eso no es posible, evitar recurrir al uso
intencionalmente letal de la fuerza”, argumentó.
Finalmente,
aseveró que el Estado venezolano debe apegarse a sus obligaciones
internacionales, incluyendo la de asegurar que el uso de la fuerza por parte de
los cuerpos de seguridad se enmarque en los principios de legalidad, necesidad,
proporcionalidad y rendición de cuentas.
Este
miércoles, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) afirmó
que a los sublevados contra el Gobierno venezolano, entre los que se encontraba
el policía Pérez, “los ajusticiaron” durante el operativo en que fueron
abatidos el lunes.
“Óscar
Pérez y el resto querían rendirse, lo pidieron a gritos, lo pidieron en videos.
Los ajusticiaron. Les aplicaron una pena de muerte que está prohibida por
nuestra Constitución, sea cual sea la opinión que tenga cada quien del accionar
de este grupo”, sostuvo la MUD en un comunicado.
Óscar
Pérez se dio a conocer durante las protestas contra el Gobierno encabezado por
el presidente Nicolás Maduro a mediados del año pasado cuando, con un
helicóptero de la policía científica, cuerpo al que pertenecía, sobrevoló el
Tribunal Supremo de Justicia contra el que disparó y lanzó granadas, sin causar
grandes daños.