Prensa. Codevida
Codevida
desea manifestar que desde el año 2013 venimos advirtiendo sobre la existencia
de una profunda crisis en la atención sanitaria y nutricional de la población
venezolana debido al grave colapso de los sistemas de salud y de abastecimiento
a nivel nacional, que fue escalando velozmente hasta transformarse en una
emergencia de características humanitarias en el año 2016 por la ausencia de
respuesta del gobierno nacional y la negativa permanente al uso de la asistencia
y la cooperación a disposición del Estado venezolano en los organismos
internacionales de los cuales es miembro.
En
el año 2017, a raíz de instalarse la mesa de negociación entre el gobierno y la
oposición a través de la facilitación de un grupo de cancilleres, presentamos
un conjunto de mecanismos concretos, viables y expeditos que pueden activarse a
través de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), en vista de la gran cantidad de personas que
por más de 1 año se encuentran privadas de medicinas, servicios de salud y
suplementos nutricionales, enfrentando una muerte inminente o severos daños a
su integridad física de no implementarse estos mecanismos con carácter de
urgencia.
Al
mismo tiempo queremos señalar que no compartimos ni forma parte de los
mecanismos antes mencionados, solicitudes o llamados públicos a medidas de
“intervención humanitaria” planteadas durante las últimas semanas por algunos
actores de la oposición venezolana. La asistencia y la cooperación
internacional de carácter humanitario constituye un cuerpo de conocimientos y
acciones dirigidas a socorrer, asistir y proteger a la población de manera
imparcial e independiente de intereses políticos o económicos, teniendo como
prioridad absoluta la vida y el bienestar de las personas en situaciones de
gran sufrimiento o daño para las cuales no existen o son insuficientes las
capacidades internas sin importar las circunstancias que las hayan generado.
Sin
embargo, los principios humanitarios de imparcialidad e independencia de la
asistencia y la cooperación ofrecida por los organismos internacionales, no
eximen de responsabilidades a los Estados cuando rehúsan permitir su
implementación con la rapidez y las condiciones de transparencia y
participación necesarias, teniendo plena consciencia de la gravedad de la
situación y estando en sus manos el poder de salvar las vidas de más de 300 mil
personas en condiciones de salud crónica (Hemofilia, Trasplantados, personas
con Cáncer, Esclerosis Múltiple, Parkinson, Hipertensión Pulmonar, Colitis
Ulcerosa, Personas en Diálisis, entre otras) y de 77 mil personas con VIH por
la ausencia de Antiretrovirales, y la asistencia de unas 4 millones de personas
con serios problemas para acceder a sus tratamientos, entre los cuales se
encuentran diabetes e hipertensión.
En
este sentido, rechazamos las declaraciones de las autoridades del gobierno
venezolano con las cuales se insiste en negar la situación de emergencia
humanitaria por la que atraviesa el país y les hacemos directamente
responsables de las muertes y severos daños a la salud y al estado nutricional
de los grupos de población más afectados, ocurridas a diario y en creciente
aumento durante las próximas semanas, a no ser que cumplan con su obligación de
recurrir a los mecanismos de asistencia y cooperación de organismos
internacionales, los cuales se encuentran a la espera de respuesta, así como
todos los venezolanos en su derecho a exigirlos.
El
gobierno no puede alegar que se tiene la capacidad de solucionar la emergencia
cuando las mismas autoridades han demostrado que no cuentan con los medios
financieros, institucionales y técnicos para asistir a la población de forma
perentoria, al tomar medidas de reducción drástica de los recursos para
importaciones en salud y alimentación, la inhabilitación o cierre de una gran
cantidad de centros de salud públicos en todas las entidades regionales por
falta de personal y de insumos, y el racionamiento severo de tratamientos,
insumos médicos y nutricionales importados y distribuidos de manera
discriminatoria, conduciendo a que todas las personas excluidas sean condenadas
al sufrimiento físico y mental y a perder la vida sin acceso a otras vías que
no sean las importaciones, bajo el monopolio del Estado.
No
existe ninguna razón aceptable para que el gobierno se niegue a utilizar los
mecanismos de asistencia y cooperación internacional que están a su disposición
y activarlos de inmediato. Basta de muertes innecesarias y evitables!