Prensa. Efecto
Cocuyo.
El
Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic) hizo un llamado a que se inicie
“una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial”
para aclarar los hechos en relación al operativo policial realizado este lunes
15 de enero, en El Junquito, con el fin de capturar al excicpc Óscar Pérez,
tras el cual tanto el exfuncionario como varios de sus compañeros resultaron
muertos.
A
través de un comunicado difundido este martes 16 de enero, la organización no
gubernamental insistió en que incluso los delitos más graves como el terrorismo
o el narcotráfico, “deben reducirse en el marco del respeto y la garantía de
los derechos humanos porque esos elementos configuran una distinción clara
entre la violencia que ejercen los particulares y el terrorismo de Estado“.
Cofavic
defiende la utilización de estándares internacionales para documentar los
presuntos crímenes, según lo que contempla el artículo 23 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, con base en el Manual sobre la
Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias
y Sumarias de Naciones Unidas.
Cofavic
recordó, además, que de acuerdo con el Derecho Internacional, las ejecuciones
extrajudiciales, la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y la
desaparición forzada de personas configuran crímenes de lesa humanidad,
imprescriptibles.
Lea
el comunicado íntegro a continuación:
Caracas,
16 de enero de 2018
El
Estado está obligado a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las
personas sin distinciones, incluso, en las situaciones más excepcionales
COFAVIC
ve con grave preocupación los últimos acontecimientos que han ocurrido en el
kilómetro 16 de El Junquito, Municipio Libertador en el Área Metropolitana de
Caracas, donde según la información oficial pública disponible, resultaron
asesinadas y heridas varias personas. COFAVIC considera que los referidos
hechos deben aclararse de manera independiente, inmediata y conclusiva,
conforme al debido proceso, dado que los derechos humanos son una obligación
ineludible e intransferible del Estado que no puede estar supeditada al tipo de
delito que se enfrenta.
Los
delitos más graves, como el terrorismo o el narcotráfico, en un Estado
democrático, deben reducirse en el marco del respeto y la garantía de los
derechos humanos porque esos elementos configuran una distinción clara entre la
violencia que ejercen los particulares y el terrorismo de Estado.
De
acuerdo con el Ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior,
Justicia y Paz, en el procedimiento “fueron abatidas siete personas, entre las
que figura el ex-inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y
Criminalísticas (CICPC), Oscar Pérez”.
El
mismo ente oficial informó que el día 15 de enero de 2018 fue desmantelado un
peligroso grupo terrorista luego de un enfrentamiento con las fuerzas de
seguridad y mantenimiento de la paz de la República.
Según
el Derecho Internacional las ejecuciones extrajudiciales se derivan de una acción
intencional para privar arbitrariamente la vida de una o más personas, por
parte de los agentes del Estado o bien de particulares bajo su orden,
complicidad o aquiescencia. La Ejecución Extrajudicial se considera un acto
deliberado, ilegítimo y con participación gubernamental.
Las
ejecuciones extrajudiciales, la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes
y la desaparición forzada de personas configuran, dentro del Derecho
Internacional, crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles. Tanto las ejecuciones
extrajudiciales como la desaparición forzada constituyen una violación múltiple
y continuada de varios derechos reconocidos, pues no sólo produce una privación
arbitraria de la libertad y la vida, sino violan la integridad, la seguridad
personal y el debido proceso, colocando a las personas afectadas en un estado
de completa indefensión y acarreando otros delitos conexos.
En
Venezuela, en el periodo de enero de 2012 a marzo de 2017, según la data
independiente recopilada por COFAVIC, han ocurrido 6385 casos de presuntas
ejecuciones extrajudiciales. Para las víctimas y sus comunidades la mayoría de
los procedimientos desarrollados por organismos de seguridad del Estado han
representado experiencias traumáticas por la actuación desproporcionada, la
crueldad con la que se desarrollan y el sistemático desamparo institucional
sufrido. Según los datos que ha registrado COFAVIC, en los últimos años, un 49%
de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales se han dado en el marco
de operativos especiales. Por cada caso existe un promedio de 32 presuntos
funcionarios o más actuantes y en el caso del número de víctimas el promedio es
de 8 personas por hecho. Muchas familias, incluyendo menores de edad y mujeres
de edad avanzada, han sido testigos de las detenciones arbitrarias, las
torturas y la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad en contra de sus
familiares y sobre ellos mismos al intentar intervenir o solicitar información.
Entre
los patrones de actuación identificados en los operativos de seguridad
realizados por presuntos cuerpos de seguridad del Estado o grupos civiles
armados con aquiescencia de estos en zonas con alta presencia militar y
policial, destacan la irrupción ilegal y violenta a las viviendas y propiedad
privada, destrucción de bienes, enseres y fuentes de sustento económico para
estas familias. Asimismo, el posterior hostigamiento policial y militar en las
zonas ha generado en los sobrevivientes un terror extremo y miedo a la
denuncia, a reunirse y a expresar sus necesidades, demandas y expectativas.
COFAVIC
solicita llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva,
efectiva e imparcial en torno a los hechos recientemente ocurridos, con el fin
de establecer las responsabilidades que sean pertinentes.
También,
abogamos por la utilización de estándares internacionales para documentar los
presuntos crímenes (art 23 de la CRBV): Con base en el Manual sobre la
Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias
y Sumarias de Naciones Unidas.
Garantizar
que los órganos policiales y los organismos de seguridad ciudadana tengan un
carácter estrictamente civil y profesional en todos sus niveles jerárquicos con
clara diferenciación tanto institucional como conceptual, de la labor de
prevención delictiva y de la investigación criminal.
Una
vez más, instamos firmemente al Estado venezolano a revisar a fondo los procedimientos
especiales de seguridad ciudadana, como la Operación Liberación del Pueblo
(OLP), la actuación del Comando Nacional Anti Extorsión y Secuestro (CONAS) y
la actuación de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana
(FAES), que se están desarrollando y que han dejado un saldo tan lamentable de
presuntas violaciones de derechos humanos especialmente en zonas populares.
Por
último, es de suma importancia implementar medidas institucionales, incluyendo
el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros
altos funcionarios militares y policiales que indiquen, sin equívocos de forma
expresa y clara, el rechazo absoluto de los crímenes cometidos durante
operativos de seguridad ciudadana y su voluntad determinante de cooperar con el
esclarecimiento de los mismos y el establecimiento de las responsabilidades
pertinentes.