Lula en el agujero negro de la política en Brasil

Prensa.  ipsnoticias.net
Se trata de proscribir al único gran líder popular que se afirmó en el país en las últimas décadas o, en caso de absolución, de confrontar las capas medias que atribuyen a Lula el origen del mal, la crisis económica y moral que azota a los brasileños. Se trata de proscribir al único gran líder popular que se afirmó en el país en las últimas décadas o, en caso de absolución, de confrontar las capas medias que atribuyen a Lula el origen del mal, la crisis económica y moral que azota a los brasileños.

Ninguna salida es buena, la radicalización entre los pro y los anti-Lula reunirá razones para intensificarse cualquiera sea la decisión judicial. Acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero, supuestamente por haber conseguido un apartamento como soborno de una constructora, el expresidente fue condenado a nueve años y medio de prisión por el juez Sergio Moro, paladín de la anticorrupción, en julio de 2017.

La confirmación de la condena por el Tribunal Regional Federal (TRF) de la meridional ciudad de Porto Alegre podría impedir su candidatura en las elecciones presidenciales de octubre de este año, hasta ahora la favorita absoluta en las encuestas. Una movilización nacional que podría reunir a decenas de miles de activistas avanza hacia Porto Alegre para presionar al tribunal el 24 de enero. “Elecciones sin Lula son un fraude”, es la consigna de sus defensores. No se descarta la posibilidad de peleas con manifestantes opuestos también convocados.

“Creo que Lula será condenado y quedará inelegible”, evaluó João Fernando de Carvalho, abogado de São Paulo especializado en Derecho Electoral, al ser consultado por IPS. La ley de Ficha Limpia, sancionada en 2010 por el mismo Lula como presidente, veda la candidatura de condenados por un órgano judicial colectivo, como el tribunal de apelación.

“Mi duda es si irá preso pronto, pero no veo motivo para su detención inmediata”, acotó Carvalho. Una decisión del Supremo Tribunal Federal de octubre de 2016 autoriza el encarcelamiento a partir de la condena en segunda instancia, contrariando un criterio anterior que le permitía a un convicto defenderse en libertad hasta el fallo definitivo, tras agotarse todos los recursos judiciales.

Pero la legislación brasileña se caracteriza por asegurar apelaciones que se multiplican en distintos tribunales, retardando por años o décadas una sentencia final, a veces hasta la prescripción del delito. La Corte Suprema intentó restringir ese sistema favorable a la impunidad de ricos y poderosos, quienes pueden pagar los costos judiciales y abogados caros.

Lula podrá, a través de distintos recursos, postergar por muchos meses los efectos de su probable condena, siguiendo en libertad e incluso encabezando la campaña electoral de su Partido de los Trabajadores (PT) como candidato presidencial. Los partidos tienen tiempo de registrar candidatos hasta el 15 de agosto. El período oficial de propaganda electoral va del 31 de agosto al 4 de octubre, tres días antes de los comicios.

Especialistas electorales temen incluso que Lula pueda disputar las elecciones “sub judice”, es decir inelegible pero con la candidatura mantenida por algún mecanismo judicial. La legitimidad del voto fortalecería su resistencia a la inhabilitación legal. El abogado Carvalho cree improbable tal situación, porque la Ley de Ficha Limpia es clara y el Tribunal Superior Electoral se verá “obligado” a despejar dudas sobre los candidatos cumpliendo los plazos definidos.

Pero reconoce que en la Justicia Electoral son posibles maniobras que eluden condenas del ámbito penal. En Brasil, hay decenas de alcaldes condenados que siguen gobernando sus municipios sostenidos por artificios judiciales. Pero todas esas maniobras agravan un contexto de deterioro político e institucional del país, en que los poderes perdieron credibilidad, y casi todos los dirigentes políticos nacionales están enjuiciados o acusados de corrupción.

Es el caso del presidente Michel Temer, varios ministros y líderes parlamentarios de los principales partidos. Dos expresidentes de la Cámara de Diputados están detenidos. Hay senadores que tienen más de una decena de procesos judiciales. Las investigaciones del Ministerio Público y recientes revelaciones de empresarios que decidieron colaborar con la Justicia desnudaron la corrupción sistémica en la política brasileña.

El Supremo Tribunal Federal también perdió buena parte de la confianza del país como guardián de la Constitución y un poder moderador llamado a dirimir crecientes conflictos, por decisiones controvertidas, cada día más individuales y, en algunos casos, netamente sesgadas por posiciones partidarias. Es en ese cuadro de ruinas que Lula viene recuperando su popularidad, con cerca de 35 por ciento de las intenciones de voto en las últimas encuestas, tras algunos años de descenso por las revelaciones sobre regalos que habría recibido de algunas empresas por, supuestamente, favorecer sus negocios con el Estado.
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About Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com

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