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martes, 9 de enero de 2018

Sube la temperatura política en el Congreso de la Florida.

Varios proyectos de ley entran en las sesiones legislativas que empiezan este martes 9 de enero. El tema migratorio, la salud y la educación vuelven a ser los más polémicos
Prensa. Diario Las Américas.
A menos de un día de empezar las sesiones reglamentarias del Congreso de la Florida, ya hay un proyecto de ley que genera controversia: el CS/HB 9. Este proyecto, presentado por el presidente de la Cámara, Richard Corcoran, tiene el objetivo de “prohibir” las ciudades santuario y de obligar a las autoridades (incluyendo los departamentos de policía del Estado) a colaborar con el Gobierno federal en el tema migratorio.

Una de las primeras organizaciones en reaccionar fue la ACLU (Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos). Señaló que ese proyecto de ley podría prestarse a prejuicios raciales y a violar el debido proceso de los habitantes de la Florida.

Esa propuesta de ley impondría multas a las autoridades que no cumplan con criterios federales en el área de inmigración e incluso expondría a los municipios y condados floridanos a no recibir dineros estatales como castigo por no seguir las normas migratorias establecidas por el gobierno central.

Lo interesante de la propuesta de Corcoran –quien estaría aspirando a la gobernación del Estado del Sol a nombre del Partido Republicano– es que no hay en Florida ninguna ciudad o condado que se haya declarado “santuario”. Sería, por lo tanto, una especie de medida “preventiva”.

De acuerdo con los observadores en Tallahassee, la iniciativa de Corcoran podría pasar en la Cámara, pero hay que ver qué sucede en el Senado. Por el momento, no hay nadie que la haya patrocinado en la Cámara alta.

Otros temas
Las sesiones regulares del Congreso de Florida arrancan también con varias demandas en curso. Respecto a la marihuana medicinal –enmienda aprobada de manera abrumadora por los votantes en las elecciones de noviembre de 2016– hay una demanda, presentada por uno de los patrocinadores de dicha enmienda, el abogado de Orlando John Morgan, en la que el demandante alega que los congresistas violaron la ley al prohibir fumar la marihuana medicinal.

Hay además otras dos demandas relacionadas con la constitucionalidad de la entrega de la licencias de funcionamiento para ciertos comerciantes. Una de ellas dice que hay preferencia por la industria de los cítricos de la Florida. El 25 de este mes se sabrá si la demanda de Morgan prospera o se archiva.

Otra demanda de alto perfil es la que instauraron por lo menos 14 distritos escolares del Estado contra la HB 7069, con el argumento de que dicha ley debilita el control local del sistema escolar público. De acuerdo con ella, los distritos escolares deben compartir con las llamadas “escuelas chárter” (escuelas por concesión) los ingresos obtenidos por los impuestos a la propiedad, los cuales sirven, entre otras cosas, para financiar los colegios públicos.

Crisis por el uso de opioides
Hay por lo menos dos propuestas para tratar el consumo de opiáceos que también golpea varias zonas del estado. En este sentido el gobernador Scott está proponiendo añadir $53 millones al presupuesto destinado a paliar esta emergencia. Hay además dos leyes adicionales: una que busca hacer más estrictas las normas que rigen para recetar los analgésicos, y la otra propuesta que obligaría a los estudiantes de quinto grado tomar cursos obligatorios para prevenir el uso de drogas.

Otro tema de salud es como evitar que las instituciones que cuidan a las personas de la tercera edad no se conviertan en trampas mortales cuando golpea un huracán, como sucedió con Irma. Por lo menos 25 ancianos murieron por las supuestas condiciones precarias en la que estaba una de esas instituciones, en Hollywood, condado de Broward, que al haber una suspensión repentina del fluido eléctrico no tuvo un sistema alternativo para poner a funcionar el aire acondicionado y al parecer esto condujo a la muerte de esos ancianos.

Turismo
Sigue rondando el tema sobre el aumento presupuestario de Visit Florida, la agencia de tuirsmo para el estado. Scott quiere $100 millones, un incremento de $24 millones con respecto al presupuesto actual. Este tema volverá a tener serias discusiones. Ya el año pasado Corcoran buscó acabar con esa agencia al considerar que se prestaba para despilfarro y poca transparencia en los contratos.

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