Prensa. Efecto
Cocuyo.
Los
rumores son los que mantienen la esperanza de Cindy Portillo. Voces
extraoficiales les han señalado a sus abogados que su esposo, Jameson Marcial
Jiménez, está vivo pero detenido por funcionarios de seguridad del Estado.
Desde el 4 de enero de 2018, ella y sus dos hijos desconocen su paradero. Así
lo expuso ella este jueves, 11 de enero, cuando la organización de defensa de
los Derechos Humanos Foro Penal le permitió tomar la palabra en la primera
rueda de prensa que ofrecen en el nuevo año para tratar el caso de los presos
políticos.
De
acuerdo con su testimonio, Jameson desapareció la tarde del 4 de enero, luego
de acudir a su puesto de trabajo en el Ministerio de Comunicaciones, donde
labora como diseñador. Ese
día se esperaba que saliera más temprano, pero a las 7:00 pm continuaba en la
oficina, según él le dijo por teléfono. A las 9:00 pm, Cindy lo llamó de nuevo
y ahí le sintió el nerviosismo en la voz. Pese a que le pidió que le indicara
qué pasaba, por qué no salía del trabajo, no logró una respuesta concreta.
Después, Jameson no volvió a contestar más su celular.
No
hay más que presunciones. El patrón de las autoridades policiales o militares
para detener suele incluir la desaparición forzada de las personas, según lo ha
detectado Foro Penal. En julio de 2017, Jameson ya había sido retenido por
investigaciones en las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas
Penales y Criminalísticas (Cicpc), debido a su amistad con Óscar Pérez,
funcionario de ese cuerpo de seguridad que el 27 de junio secuestró un
helicóptero y disparó contra el Tribunal Suprema de Justicia ubicado en la
avenida Baralt.
“Ellos
eran amigos de infancia, de toda la vida. Eran vecinos y estudiaron juntos.
Pero él perdió el contacto antes de que Pérez hiciera eso. No sabe tampoco
dónde está ahora”, aseveró Cindy.
La
mujer señaló que en esa oportunidad detuvieron a otras personas allegadas a
Óscar Pérez. Efecto Cocuyo pudo conocer que desde el lunes 7 de enero, de este
año, se han reportado detenciones arbitrarias de al menos cinco jóvenes
ejecutadas por los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Militar (Sebin), todos presuntamente vinculados al funcionario del Cicpc
rebelde.
Alfredo
Romero y Gonzalo Himiob hicieron un llamado de atención para las autoridades
policiales y militares para que recordaran que la desaparición forzada es un
delito de lesa humanidad que no prescribe, por lo tanto los funcionarios que
realizan este tipo de prácticas serán castigados por este crimen contra los
derechos humanos. Criticaron
que hasta la fecha el Ministerio Público no haya atendido a Cindy y que el
Cicpc no haya tomado a tiempo la denuncia de desaparición de su esposo.
“La
mayoría de las detenciones entran en el término penal llamado desaparición
forzada. Ésta es la nueva modalidad que hemos detectado. A veces tardamos hasta
dos días en ubicar al desaparecido, pero nos preocupa que ahora el tiempo en el
que permanece incomunicado el detenido es mayor”, indicó Romero
Agregó
que en este año Foro Penal espera presentar ante el Grupo de Desapariciones
Forzadas de la Organización de Naciones Unidas un informe donde se planteen
todos los casos de este tipo que se han cometido en los últimos años en
Venezuela.
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