Prensa. Efecto Cocuyo.
El
nombre de “Óscar Pérez” se ha mantenido itinerante en las tendencias de Twitter
desde el lunes, 15 de enero. Ese día hubo un operativo policial-militar para
capturar al exagente del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y
Criminalísticas y sus compañeros que se rebelaron contra el Gobierno nacional
en junio del 2017 y fueron señalados como terroristas.
Pero
el público no se enteró primero de la noticia a través de los medios de
comunicación tradicionales ni digitales: Fue el propio exfuncionario quien
relató el desarrollo de los acontecimientos, casi en tiempo real, a través de
14 vídeos que fueron publicados en la cuenta de Instagram @equilibriogv.
Inicialmente,
Óscar Pérez informó que se hallaban en El Junquito negociando su rendición,
pero en las siguientes grabaciones el excicpc señalaban que, aunque querían
entregarse, los cuerpos de seguridad del Estado arremetían contra el refugio
ubicado en el sector El Cujicito, en la urbanización Araguaney. El sonido de
fondo incluyó las ráfagas de disparos y el estallido de un lanzamisiles a penas
de 50 metros de distancia de la vivienda.
Este
fue el insumo principal que los medios usaron para informar lo sucedido hasta
que, varias horas más tarde, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y
Paz, emitió un comunicado en el que anunció la desarticulación de “una célula
terrorista” que dejó más dudas que certezas. Solo 24 horas después, el ministro
Néstor Reverol reveló las identidades de los fallecidos y los detenidos en el
procedimiento.
“Fue
un caso atípico de un hecho muy, muy delicado. Esa (los vídeos) fue la única
vía que tuvimos los ciudadanos para conocer una parte de lo que estaba
pasando”, opinó Luisa Torrealba, investigadora del Instituto de Investigaciones
de la Comunicación (Ininco). Consideró que además, en este acontecimiento se
repitió una matriz de opacidad que ha venido tejiendo el Estado en asuntos
donde hay actuaciones que vulneran o pueden vulnerar derechos humanos, como ha
ocurrido cuando se desatan epidemias en materia de salud.
Torrealba
recordó el caso del adolescente asesinado en el estado Táchira por un
funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana en 2014. “Si no hubiese habido
alguien con un celular ahí, nunca se hubiera sabido lo que realmente ocurrió”.
Dijo que esa ventaja de las herramientas digitales también ocurrió para
esclarecer asesinatos que ocurrieron durante las protestas antigubernamentales
de 2017.
La
investigadora y profesora universitaria señaló que la transmisión de Pérez
también debe analizarse desde el contexto de censura a los medios de
comunicación en Venezuela, que se visibiliza a través de las restricciones para
acceder al papel periódico, apertura de procedimientos judiciales, amenazas con
sanciones de Conatel y más recientemente amenazas de cárcel con lo contemplado
en la Ley del Odio.
Añadió
que el excicpc entró en Internet un canal para informar y que, a pesar de que
la cuenta no tenía tantos seguidores, el mensaje era tan relevante que se
masificó y muchos medios nacionales e internacionales incrustaron la grabación
en sus portales para darlo a conocer a sus usuarios. “Como la transmisión la
estaba haciendo un ciudadano y no un medio de comunicación no había forma de controlar, filtrar o
regular el contenido”.
Los
14 vídeos, más uno que se subió repetido a la web, tenían hasta el miércoles,
17 de enero, más de 4 millones 300 mil reproducciones y 18 mil comentarios. La
noticia fue reseñada en el extranjero por medios como ABC News, la BBC, e
Independent.
Torrealba
destacó que ese fenómeno “es importante como labor pedagógica para la
audiencia”, ya que es distinto cuando hay una mediación del periodista que
interviene, que corrobora que complementa, que contrasta a una información.
“Esa transmisión en vivo obviamente tiene un valor para la memoria histórica, a
nivel judicial e informativo pero con distintos criterios que puede tener un
medio de comunicación”, indicó.
Señaló
que esto ocurrió a pesar de que Venezuela es uno de los países con mayor
lentitud en la navegación de Internet, además de sufrir por medidas que han
derivado en bloqueos y ataques informáticos a portales web informativos
independientes.
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