Visitar a los
privados de libertad dos veces a la semana es una medida que a juicio de sus
familiares es positiva
Prensa. UVAL-Mérida.
Mérida.-
Reiteradas son las denuncias de hacinamiento en los retenes de las
coordinaciones policiales de Polimérida en la entidad andina y en los calabozos
del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de la
ciudad de Mérida, donde la sobre población supera el 250%.
El
Estado venezolano, a través del Ministerio de Asuntos Penitenciarios y el de
Interior, Justicia y Paz se hace de la vista gorda ante las denuncias que no
sólo formulan las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, como Una
Ventana a la Libertad, sino los familiares de los privados de libertad quienes
son testigos presenciales del hacinamiento en cada visita.
En
el estado Mérida hay 14 Centros de Coordinación Policial (CCP) y al menos 12 de
ellos tienen retenes que albergan a los reclusos en condiciones inhumanas, según
sus familiares, quienes han denunciado que el hacinamiento va acompañado de la
pésima infraestructura que presenta filtraciones y no cuenta con baños
adecuados, dormitorios, áreas de esparcimiento, entre otros lugares.
El
ex gobernador de Mérida Alexis Ramírez (Psuv 2012-2017) prometió en el mes de
mayo del 2014, luego de un motín en el retén policial de Glorias Patrias y la
fuga de varios privados de libertad, la construcción de dos nuevos retenes de
Polimérida y la ampliación del principal retén, para acabar con el
hacinamiento.
La
promesa nunca se cumplió ni en proyecto y la gestión de Alexis Ramírez
transcurrió sin que los reclusos vieran cristalizado el sueño de ser albergados
en espacios nuevos, sin filtraciones, con sanitarios y dormitorios decentes,
pues es en estos retenes donde incluso pagan condena.
Invertirían
20 millones de bolívares
En
su momento, el entonces Gobernador Alexis Ramírez recordó que el cuartel
general de Polimérida es una estructura cuya construcción data de la década de
los años 50 y reconoció el deterioro de su sede.
Ramírez
informó para ese entonces que inicio un programa de mejoras a la
infraestructura del comando de Polimérida y dijo que era prioritario reubicar y
ampliar el retén, porque ese servicio “está prácticamente colapsado”, afirmó en
el año 2014.
Asimismo,
dijo públicamente a través de su programa radial “En Marcha” que contaba con
más de 20 millones de bolívares provenientes del Consejo Federal de Gobierno,
(CFG) para proyectar la construcción de dos nuevos retenes de Polimérida, uno
ubicado en El Vigía, municipio Alberto Adriani, y otro en San Juan de
Lagunillas, municipio Sucre del estado Mérida.
Según
sus cálculos en cada unidad de retención policial de El Vigía y San Juan de
Lagunillas se podían albergar 300 y 250 personas, respectivamente. Transcurridos
casi cuatro años de esa promesa, en Mérida esos retenes no tienen ni proyecto
ni terrenos.
Alexis
Ramírez manifestó en esa edición de su programa radial que evaluaba los
terrenos para el desarrollo de los proyectos, de los que dijo estaban en
proceso de diseño, “para en corto tiempo iniciar los trabajos preliminares de
la obra, con el fin de ofrecer mejoras a quienes allí se encuentren recluidos”,
dijo. Su
promesa fue acabar con el hacinamiento y convertir el retén de Glorias Patrias
en un retén de mujeres, lo cual no pudo cumplir.
Estiman
que mejoraron los tratos
En
noviembre del año 2015 familiares de los privados de libertad del retén de
Glorias Patrias se auto secuestraron como medida de protesta ante los maltratos
que dijeron recibir por parte de funcionarios policiales. Hoy
día, familiares de los reclusos del mismo retén dijeron tener buenos tratos con
los funcionarios, quienes desde noviembre de 2017 son rotados cada tres meses y
antes de encargarse de la seguridad de ese recinto, reciben inducción en
materia de Derechos Humanos, según relató una fuente policial.
La
mayoría de las mujeres que aguardaban para entrar a visitar a sus familiares no
se quejaron de recibir malos tratos de funcionarios, al igual que los reclusos.
El
común denominador de la queja de los familiares es el hacinamiento, la
infraestructura deteriorada y la falta de comida, pues el Estado no alimenta a
los privados de libertad que están en los centros de detención preventiva. Desde
hace un mes aproximadamente y luego de que Polimérida está intervenida desde
octubre del año 2017 por el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía
(Visipol), los privados de libertad reciben visita los días domingo y
miércoles.
La
medida ha sido celebrada por los familiares quienes ahora pueden ver a sus
seres queridos más seguido. En los calabozos del Cicpc ocurre lo contrario del
retén Glorias Patrias de Polimérida. Hace
una semana, familiares de privados de libertad que son albergados en los
calabozos de la policía científica, denunciaron que no pueden visitar a sus
reos, no tienen comunicación con ellos y mucho menos pueden llevarle comida.
Solo
el gobierno nacional mostró acciones
En
la actualidad, iniciativas desarrolladas en el estado Mérida para mejorar las
condiciones de vida de los privados de libertad son pocas. Tras una denuncia de
un caso positivo de tuberculosis en el retén policial de Bailadores, municipio
Rivas Dávila del estado Mérida, el Sistema de Misiones, órgano creado por el
gobierno nacional para prestar asistencia a los más necesitados, impulsó un
despistaje de esta enfermedad en el retén de Glorias Patrias donde hay poco más
de 260 reclusos.
Aunque
no hay información oficial de los resultados de la jornada de despistaje, se
conoció que sólo se registró un caso positivo de tuberculosis y el mismo fue
trasladado a un centro asistencial. Otra de las acciones emprendidas por el
director de Polimérida, junto al Sistema de Misiones, es el Plan de
Humanización de los retenes policiales con atención social para los privados de
libertad.
En
ese sentido, 76 reclusos ya han sido beneficiados con plan de estudio y otros
tanto con el aporte de comida de manera eventual, acción ésta que esperan
extender para alimentar a quienes nada tienen que comer ya sea porque sus
familiares no tienen dinero para llevarles la comida o porque no tienen familiares
en el estado.
En
Mérida existen al menos dos ONG dedicadas a prestar asistencia jurídica a los
privados de libertad y sus voceros aseguran que las condiciones de hacinamiento
reflejan el trato inhumano del Estado para los privados de libertad de quienes
aseguran si acaso gozan del Plan Cayapa con el cual trasladan en jornadas de
tres días, sólo a 4 o 5 reclusos de un espacio superpoblado que debe ser
rediseñado para garantizar los derechos humanos de los privados de libertad.
Nora Sánchez,
UVL
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