Sede de la
sub-delegación del CICPC San Fernando
Prensa. Una
Ventana a la Libertad.
Los
centros de detención preventivos (CDP),
en Venezuela son órganos encargados del orden público, teniendo como una
de sus atribuciones las detenciones de las personas que se encuentran privadas
de libertad ante la comisión de un hecho punible. Así como el resguardo de
estas personas aprehendidas. El caso de
Apure queda a cinco horas de Caracas y fronterizo con la República de
Colombia, donde existen 21, (CDP), entre civiles y militares.
Por
lo que, en la ciudad de San Fernando de Apure se encuentra un (CDP) en la
Comandancia de Policía Regional y adscrito a la gobernación de Apure con
niveles de hacinamiento por encima del 100%, donde los funcionarios de azul
custodian a los privados de libertad y les permiten algunas garantías como; el
derecho a la visita y a recibir alimentos por carecerlos para su consumo
diario. El presupuesto policial no alcanza para satisfacer la alimentación de la población presa. Los
familiares llevan alimentos para sus presos en los 21 centro de detención
preventiva apureños -algunos dependen de gobernación, otros de la institución
castrense, del Ministerio de Relaciones Interiores de Justicia y Paz y otros
recibe muy poca ayuda o colaboración del Ministerio de Asuntos Penitenciarios-.
La
última visita que realizó la Ministra de asuntos penitenciarios, Iris Varela,
al estado Apure, fue en el mes de enero de 2018, pero visitó a la comunidad de
Campo Alegre del municipio San Fernando para repartir medicamentos del programa;
“800 salud”, a sus habitantes, en un acto del partido de gobierno PSUV. Sus
funcionarios también participaron en esa actividad política y no visitó ningún
CDP apureño o Internado Judicial de San Fernando. Se notó
la apatía de la gerencia el Ministerio de Asuntos Penitenciarios para
resolver los problemas de la situación carcelaria en la entidad llanera.
Entrevistamos
a una abogada, que pidió que resguardáramos su nombre, por lo que la
llamaremos“Silvia”, quien nos indicó como ha impactado la relación policías-
presos; policías–familiares; familiares–presos; relación de los comandos
policiales con el sistema de justicia y el ministerio penitenciario; relación
policía–ciudadanía. La respuesta de Silvia a estas inquietudes fue: “lamentablemente en detenciones
preventivas policiales y otros de Apure el sistema penitenciario en mucho de
los calabozos no cuentan con recursos para la manutención de los detenidos,
razón por la cual, los familiares de los presos son los que los sustentan. Para
lograr que sus familiares privados de libertad reciban los alimentos o producto
de aseo personal, muchos han tenido que
exponerse al maltrato de solicitud de dádivas y/o a los malos tratos en
revisiones desmedidas”.
Por
la actual crisis económica que atraviesa Venezuela, para citar un ejemplo al
CDP de la sub-delegación Centro de Investigación Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC) San Fernando, le envían pocos recursos para su
operatividad administrativa, para su funcionamiento en criminalística y no escapa
a ello su centro de detención preventiva.
Esto sucede no solo en la capital apureña sino también en Guasdualito en
el Alto Apure, donde deja mucho que
desear la manutención de los privados de libertad por falta de capital
económico. Esto es reiterado en el resto de los centros de detención
preventivos apureños tanto civiles como militares.
En
cuanto a la relación familiar, (CDP) policial apureño con el ministerio de
asuntos penitenciario y otros, Silvia expresó que: “el Ministerio de Asuntos
Penitenciarios se encuentra en la cúspide como órgano administrativo en materia
de centros de reclusión creados para detenciones preventivas. Pero ha dejado un
déficit de cárceles y centro de reclusión.
Por otra parte la morosidad en el poder judicial acumula un exorbitante
retardo procesal. La relación de este
triángulo en la actualidad es degenerativa, ya que comparte una auténtica
violación de derechos fundamentales. En el caso de Apure nos encontramos con un
porcentaje de detenidos procesados que supera con creces a los detenidos
condenados”.
Por
otra parte, existen muy pocos actores no
gubernamentales que ayudan tanto a los privados de libertad como a sus
familiares en cuanto a alimentación y religión en la gran mayoría de los (CDP)
e Internado Judicial de San Fernando. Su intervención es muy reducida porque
tiene que ser avalada por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios u organismos
ya referidos tanto regionales como nacionales, tal es el caso de organizaciones
católicas y evangélicas.
Se
discrimina a las ONG en Pro de los Derechos Humanos que defienden a los
privados de libertad, tales como Una Ventana a la Libertad Apure, Observatorio
Venezolano de Prisiones Apure y Foro Penal de la entidad. Sin embargo, existen
organismos que realizan jornadas integrales de operativos médicos, legales
gubernamentales que no tienen discriminación, como es el caso del “plan
cayapa”, que es un justificativo para atacar el problema y no la raíz del mismo
en el que actúan el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, defensoría pública,
fiscalía superior y otros. Es de
resaltar, que pese a que dejan en libertad, mediante el “plan cayapa”, por un
beneficio a privados de libertad, algunos en la calle delinquen generando otro
problema de inseguridad en la región llanera.
Uno
de los actores no gubernamentales que ha brindado asistencia alimenticia en la
entidad, es un programa denominado “Pasa la Antorcha Alimenticia”, dirigida a los privados de libertad sede de
la sub-delegación Centro de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas,
(CICPC), de Guasdualito en el Alto
Apure, fronterizo con la hermana República de Colombia. En el mes de noviembre
de 2017, junto a sus aliados ONA, Derechos Humanos, Pastor Jóvenes Salem,
Pastora de UNE, Protección Civil, y equipo completo de trabajo llevaron una
jornada alimenticia y corte de cabello.
Además,
la ONG religiosa de manera gratuita transmitió un mensaje de Dios a cada uno de
los reclusos y muchos de ellos fueron ministrados, y recibieron la palabra de
Dios como único salvador. Cabe destacar, que esta actividad fue reseñada por la
web de Una Ventana a la Libertad y causó un impacto positivo tanto interno como
externo, ya que fue la primera vez que esta comunidad cristiana realizó esta
obra social en un centro de detención preventiva (CDP), en el estado Apure.
Actualmente están gestionando trabajar con otros CDP tanto del Alto como Bajo
Apure para implementar la actividad “Pasa la Antorcha Alimenticia”. También
hubo comentarios por las redes sociales de UVL, de manera positiva para con esta
ONG evangélica en pro de su ayuda alimentaria para los privados de libertad.
A
propósito de una denuncia que se efectuó en los meses de septiembre y octubre
del año pasado por una Ventana a la Libertad Apure, dada una protesta que
realizaron los privados de libertad de la sub delegación Centro de
Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), de San Fernando de Apure, ésta produjo que en
el mes de noviembre de 2017, los órganos judiciales apureños llevarán una
jornada para diagnosticar si había hacinamiento y retardos procesales, entre
otros problemas de ese centro de detención preventiva llanero.
Prensa UVAL.