Prensa. Voluntad
Popular.
Dirigentes
opositores acudieron en representación de Venezuela al Foro Progresista Mundial
para denunciar la crisis humanitaria mediante la entrega de cifras presentadas
por las universidades del país en el primer trimestre del 2018 y para pedir
sanciones más duras contra los personeros del régimen de Nicolás Maduro.
En
este contexto, la vicepresidenta de la Comisión de Política Interior de la
Asamblea Nacional, diputada Gaby Arellano, aseguró la crisis humanitaria ya no
puede esperar más. "Hablamos del colapso total del sistema sanitario y del
desplazamiento forzoso de más de 3.000.000 de venezolanos durante los últimos
meses. Hemos llegado a una situación donde se hace necesario el corredor
humanitario y donde el ACNUR nos da condición de refugiados".
Arellano
insistió a los parlamentarios europeos que acudieron al foro en la necesidad de
incrementar las sanciones contra los principales responsables de esta crisis.
"Hemos presentado toda la información en nuestras manos al diputado Ramón
Jauregi, quien ha sido uno de los grandes abanderados en la lucha de Venezuela
y promotor de las sanciones contra los personeros del régimen en la Unión
Europea".
Entretanto,
Pier Antonio Panzeri, presidente de la
subcomisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo, coincidió en el
aumento de las sanciones a los personeros que oprimen y han robado a la nación
venezolana, y a los familiares de estos políticos. "Hablamos de gente como
Tibisay Lucena, Padrino López, Jorge Rodríguez, Nicolas Maduro, Cilia Flores,
Diosdado Cabello que tienen a su familia viviendo en grandes villas y castillos
de Europa, en especial España, Italia, Francia; donde se encuentran los seres
más cercanos de los responsables de crímenes de lesa humanidad y generadores de
la hambruna que se vive en Venezuela".
Insistió
la también dirigente nacional de Voluntad Popular en la urgencia para la
aplicación del protocolo de la ONU con respecto a los refugiados venezolanos
especialmente en las zonas de frontera y en tomar más medidas para visibilizar
ante la Comunidad Internacional la existencia de más de 200 presos políticos y
de una hambruna que alcanza casi al 87% del territorio nacional