Prensa. El Nuevo
Herald.
La
Policía española liberó a cuatro mujeres de nacionalidades venezolana y
dominicana y detuvo a tres personas en Armilla, provincia de Granada, que se
dedicaban a la trata de seres humanos, la explotación sexual y el tráfico de
drogas. Los detenidos sometían a las víctimas a largas jornadas de prostitución
para pagar la deuda contraída por el viaje hasta España. La
denominada operación “Galán” incluyó registros domiciliarios en Armilla,
provincia española de Granada, en los que se descubrieron 230 gramos de
cocaína, 10 de cristal, documentación relacionada con el caso y 260 euros en
metálico, informó el lunes la Policía en un comunicado.
La
investigación comenzó por una llamada telefónica al número de la Policía contra
la trata de personas, lo que permitió liberar en febrero pasado a una menor
extranjera de 16 años y detener a seis personas, de las que una ingresó en
prisión. La
continuación de las pesquisas permitió la liberación de cuatro mujeres más de
nacionalidades venezolana y dominicana, que previamente habían sido captadas y
engañadas en sus países con una oferta de trabajo falsa para trabajar como
camareras y cocineras en un restaurante.
Una
vez en España, la banda las trasladó a Granada, donde les retiró el pasaporte y
les exigió el pago de una deuda que rondaba los 5,000 euros (más de $6,000) por
haberlas traído. El dinero debían pagarlo mediante el ejercicio de la
prostitución en condiciones de “explotación absoluta”, según la Policía, pues
debían estar dispuestas las 24 horas de todos los días.
Según
la Policía, todas las víctimas estaban sometidas a un férreo control de la
organización, no les dejaban tener teléfono e incluso controlaban lo que
hablaban con los clientes. En una vivienda unifamiliar, cuyo sótano había sido
habilitado para este tipo de actividades, eran obligadas también a ofrecer
cocaína a los clientes. El hombre que les suministraba la droga fue
identificado y detenido. Los
integrantes de la organización fueron puestos a disposición de la autoridad
judicial, que decretó el ingreso en prisión de todos ellos, mientras que las
cuatro víctimas fueron acogidas por una ONG.