Prensa. Efecto
Cocuyo.
En
menos de 48 horas el Gobierno del presidente Nicolás Maduro suspendió las
relaciones comerciales y financieras con 22 figuras públicas panameñas, entre
las que destaca el presidente de ese país Juan Carlos Varela, y 46 empresas del
país centroamericano por un plazo de 90 días prorrogables; adicionalmente,
llamó a consultas al embajador en Panamá, Jorge Durán Centeno.
Las
razones se exponen en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.369: son una
“medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la
República Bolivariana de Venezuela sobre la base de la precaución”.
El
abogado especialista en derecho internacional Mariano de Alba opina que la
suspensión de relaciones con Panamá revela que el gobierno de Maduro “está
dispuesto a aislarse de Occidente porque siente que está apoyado y puede
recurrir a otros países como Rusia, Bielorrusia e incluso países africanos u
orientales para concretar determinados acuerdos políticos y comerciales, lo que
tendría “efectos más devastadores para la economía venezolana”, a su juicio.
No
obstante, subraya que no se trata de un cese total del intercambio comercial
entre ambas naciones sino de sanciones a empresas y personalidades determinadas
por lo que las implicaciones son menores.
“Panamá
no es un actor clave, como puede ser Estados Unidos para Venezuela, pero sí es
importante. Hay muchos venezolanos que han establecido sus empresas en Panamá y
algunas utilizan estas sedes para la importación de bienes a Venezuela”,
señala. El
abogado descarta que el conflicto bilateral tenga alguna incidencia en el uso
del canal de Panamá para el tránsito comercial hacia el país suramericano.
“El
Gobierno (de Nicolás Maduro) se siente envalentonado, siente que puede darse el
lujo de aislarse de países de América Latina y esto es consecuencia de las ayudas
y los nexos que está estableciendo con otros países; sin embargo, las
posibilidades de suplantar las relaciones históricas comerciales de Venezuela
son mínimas y el intento de sustituirlas aceleraría la crisis económica”,
advierte.
El
internacionalista Juan Francisco Contreras apunta que la tensión diplomática
puede provocar el cierre de la embajada e incluso del servicio consular lo que
perjudicaría a la comunidad de venezolanos que reside en Panamá y que
registraba 79 mil personas en 2017.
“Panamá
es un socio importante porque muchos venezolanos vieron posibilidades y tienen
inversiones en Panamá y ahora, con estas sanciones, quedan en indefensión”,
declara. Contreras
ve improbable que entre Panamá y Venezuela se produzca una ruptura definitiva y
que tenga incidencia en el uso del Canal de Panamá. “Las sanciones son por 90
días y la lógica apunta a que se restablezcan vencido ese plazo”.
El
gobierno venezolano también ordenó el cierre de las vías aéreas y marítimas con
las islas de Aruba, Curazao y Bonaire el pasado 5 de enero. La medida
inicialmente duraría 72 horas, pero se mantiene hasta la fecha.