Prensa. El País.com
MÁS DE 45.000 DETENIDOS COLAPSAN RETENES, OFICINAS
POLICIALES Y ESPACIOS NO APTOS PARA TENER PRESOS HASTA QUE SE CELEBREN SUS
JUICIOS, COMO OCURRIÓ CON LOS 68 QUE FALLECIERON EN UN INCENDIO EN VALENCIA LA
SEMANA PASADA
Cuando el hijo
de Ana Perdomo ingresó a la comisaría de Policarabobo solo debía pasar ahí 48
horas. Han pasado dos años y cuatro meses y más de 14 aplazamientos de la
audiencia para iniciar su proceso. En la espera lo alcanzaron las llamas del
incendio que se desató el miércoles 28 de marzo, tras un motín que se produjo
en los calabozos de la detención preventiva de la policía regional, con
capacidad para 35 personas, pero en los que había 200 presos.
“Ese día me
llamó mi hijo, me dijo que me fuera rápido para allá, que les estaban
disparando y no supimos más”, relata Perdomo. Cuando la mujer llegó al sitio, a
una hora y media de camino de donde vive, todo era humo. El joven de 22 años,
con quemaduras de segundo grado en la espalda y los brazos, quedó entre los
sobrevivientes del incendio en el que fallecieron 68 personas, entre ellos dos
mujeres que estaban de visita, hecho por el que las autoridades
responsabilizaron a cinco policías que ya fueron detenidos.
En estos dos
años, Perdomo ha ido casi diariamente a llevarle comida y ropa a su hijo,
sorteando la falta de dinero y de transporte que afecta la región. Las
condiciones de salud en las que está son una preocupación más. “Ellos están
hacinados, además deben estar descalzos en la celda y ahí agarran cualquier tipo
de enfermedad”.
Además de la
atención a su hijo, no deja las gestiones para que después de lo ocurrido se
acelere el proceso en el que debería salir en libertad. “Mi hijo es inocente,
como muchos de los que murieron en esa comisaría. A él lo agarraron unos
policías en Güigüe, lo bajaron de un autobús y le sembraron un arma blanca,
para luego pedirnos dinero para soltarlo. Si realmente hubiese cometido un
delito ya pagó el tiempo que correspondía y más. Tienen que sacarlo de ahí”.
En el
proceso acumula los boletos de las idas y venidas a los tribunales. “Todo el
tiempo tenemos que esperar si no es por el juez que está cansado, es por el
fiscal que se fue de vacaciones o el alguacil que no vino. Ellos hacen todo
para dilatar el proceso”.
Después del
incendio comenzaron a hacer algunos traslados de detenidos de la comisaría de
Policarabobo a otros sitios de reclusión. Los familiares esperan que lo
ocurrido acelere los expedientes de los que aún esperan una decisión o un
traslado. “Mi hijo está traumatizado”, dice Perdomo.
También hay
quienes esperan que se aclare lo sucedido. Yaneth Padrón perdió a Luis Alfredo
Piñango, su único hijo, en el incendio que supuestamente desataron los presos
en los calabozos de Policarabobo al quemar las colchonetas para protestar por
las agresiones con armas que presuntamente iniciaron los policías la mañana de
ese miércoles. En el documento de la autopsia que le entregaron junto con el
cadáver dice que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por los gases, pero
la mujer asegura que su hijo tenía tres impactos de bala: en el estómago, en la
pierna y la cabeza. Solo tenía una ligera quemadura. “Los policías los
mataron”, dice.
El joven de
23 años de edad cumplió cuatro años, un mes y un día preso por el delito de
robo agravado. Estaba sentenciado a seis años de prisión, pero su familia
estaba apelando a un beneficio que le permitía el cumplimiento de la mitad la
pena. Durante ese tiempo, como todas las madres y esposas de los presos en
Venezuela, Padrón llevó a diario la comida para su hijo. En el lugar donde
estaban los presos colgaban sábanas para intentar descansar. Debajo de las
hamacas había colchonetas. No todos podían descansar al mismo tiempo. Eran
muchos. Demasiados para unas pocas celdas. “Teníamos que pagarles a los
policías si queríamos dejarle algo fuera del día de visita y también nos
pidieron tres millones para concretar el traslado a una cárcel”.
Junto con un
grupo de familiares de las víctimas del incendio se está organizando para
exigir la justicia que no llegó a tiempo para muchos de los presos muertos. Se
han reunido con diputados de la Asamblea Nacional, miembros del Observatorio
Venezolano de Prisiones y con abogados defensores de derechos humanos para
armar el expediente y denunciar el hecho en instancias internacionales. Padrón
dice que exigirán la exhumación de los cuerpos para esclarecer lo ocurrido.
“Apenas se está armando el rompecabezas. Pero queremos justicia”, dice la mujer
de 42 años de edad, que trabaja en el servicio de limpieza de un gimnasio en
Valencia.
EN CAMIONES
Y ESPOSADOS A UN SILLA
El retraso
judicial mantiene repletas las comisarías de detención preventiva. Este es el
punto de partida de un sistema penitenciario y de justicia en colapso, señala
Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una ventana a la libertad. “De los
100.000 presos que hay en Venezuela, el 70% son procesados que aún no tienen
una condena después de dos o tres años detenidos y al menos 45.000 de ellos
están en calabozos y áreas que no están adecuadas para tener a un detenido.
Tenemos unos niveles de hacinamiento extremos”.
La crisis en
estos recintos de detención transitoria la vienen advirtiendo desde hace siete
años, cuando el Ministerio de Asuntos Penitenciarios se adjudicó la potestad de
“asignar cupos” en cárceles para los convictos. La medida pasa por encima de
las decisiones de los jueces que aunque ordenan un sitio de reclusión para el
procesado, su traslado queda a discreción del ministerio que maneja las
cárceles, también están hacinadas, más aún después del cierre de 6 recintos en
los últimos siete años y la construcción de solo dos. Ese es uno de los cuellos
de botella en la administración de la justicia en Venezuela.
Los
calabozos de policías locales y regionales no tienen infraestructura para
mantener presos por largas estancias. Ni siquiera tienen presupuesto para la
alimentación. Además, esta situación obliga a sacar agentes policiales de las
calles para ejercer funciones de custodia de detenidos. “Al menos el 30% de los
policías que tenemos no están cuidando a la gente en las calles, sino a los
presos”.
Durante
2017, la ONG monitoreó 198 centros de detención preventiva en el país –los más
grandes y que albergan a por lo menos un tercio de los detenidos sin sentencia-
y encontró que aunque en suma tenían capacidad para albergar a 5.910 presos en
ellos había una población de 14.525 reclusos. En 191 de los retenes evaluados
no hay servicio de comedor, por lo que sus familiares deben alimentarlos a
diario y en muchos casos están en zonas distintas a sus lugares de residencia. En
122 tienen fallas recurrentes de suministro de agua potable. El informe también
recoge que en 2017 ocurrieron 39 muertes de reclusos por problemas de salud y
desnutrición y 26 fueron asesinados bajo la custodia del Estado.
“En 123 (el
62,12%) de los centros de detención preventiva monitoreados no hay servicios
higiénicos para los reclusos. La falta de aseo diario, así como la acumulación
de basura y material fecal en los calabozos donde duermen y pasan la mayor
parte del tiempo los detenidos crea condiciones propicias para el desarrollo y
transmisión de enfermedades infecciosas y contagiosas”, refiere el informe.
La ONG ha
reportado la existencia de al menos 500 espacios con detenidos que en realidad
no son cárceles. Hay presos amarrados a sillas en oficinas policiales, como
ocurre en la sede nacional de la División de Homicidios de la policía
científica venezolana, ubicada en el centro de Caracas. Esta semana denunciaron
el uso de camiones para el traslado de detenidos como sitio de reclusión
permanente en una sede de la policía nacional en el oeste de la capital.
“NO ME
CORRESPONDEN”
Una semana
después de la tragedia que enlutó a 68 familias, la ministra de Asuntos
Penitenciarios, Iris Varela, ofreció una declaración sobre lo ocurrido:
"Hubo una tragedia que nos duele en el alma con personas que estaban allí
en calabozos policiales del Estado de Carabobo que no le corresponden al
Ministerio Penitenciario, eso es función policial", dijo en su programa de
radio No te prives, transmitido por la emisora estatal Radio Miraflores.
La de
Policarabobo es la segunda masacre más grande, en número de muertos, ocurrida
en Venezuela. En la década de los años 90, 123 presos murieron quemados en una
penitenciaría en el occidente del país. En los últimos años han ocurrido
decenas de muertes después motines y en 2014 hubo una mortandad por una
intoxicación.
“El tema de
las prisiones importa casi poco o nada. Uno vive con un estigma por trabajar
por los derechos humanos de los presos y de todas las masacres, ninguna se ha investigado
realmente. La situación actual, que es muy grave, y es responsabilidad absoluta
es del Estado, porque están bajo su cuidado y custodia”, dice Carlos Nieto
Palma, de Una ventana a la libertad.
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