Prensa.
Nuevo Herald.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en
el exilio introdujo el lunes una orden de arresto contra el gobernante
venezolano Nicolás Maduro, estableciendo que existen suficientes pruebas sobre
su participación directa en un gigantesco esquema de corrupción que le costo a
la nación más de $1,700 millones.
“Ciertamente nos encontramos ante la
comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad [...] [Y]
por todo lo anterior expuesto, esta sala del Tribunal Supremo de Justicia, en
nombre de la República y por autoridad de la ley, declara procedente la
solicitud consistente a la medida cautelar de privación de libertad en contra
de Nicolás Maduro Moros”, declaró el magistrado Romel Gil, al leer la decisión.
El pronunciamiento, que también solicita
a la Asamblea Nacional –controlada por la oposición— que someta a juicio
político a Maduro para separarlo del cargo, contempla la notificación a las
autoridades policiales venezolanas y a la INTERPOL para que le arresten.
Aun cuando es de esperarse que el
régimen de Caracas simplemente ignore el pronunciamiento, los magistrados en el
exilio esperan contar con el respaldo de la comunidad internacional, que en los
últimos meses ha concluido que Maduro ha secuestrado los poderes públicos.
El pedido realizado a INTERPOL incluiría
al líder bolivariano entre las personas con alerta roja internacional, lo cual
de ocurrir podría conllevar a su detención si sale fuera de territorio
venezolano.
Durante el anuncio, realizado desde la
sede del Senado en Colombia, los magistrados también anunciaron la activación
de la Convención de Palermo contra el crimen organizado, por sospecha de la
activa participación del régimen en un gigantesco esquema de corrupción
internacional.
Luisa Ortega
Luisa Ortega, la destituida fiscal
general de Venezuela, reapareció este viernes en un video en el que invitó a
sus compatriotas venezolanos a luchar contra la “tiranía” y organizarse para
recuperar el país en manos de “criminales”. McClatchyTwitter: Luisa Ortega Díaz
El dictamen del lunes está basado en la
acusación formal preparada por la Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega
Díaz, quien presentó pruebas documentando cómo Maduro recibió sobornos de la
constructora brasileña Odebrecht, a cambio de obtener enormes contratos de
construcción por obras que no estuvieron supervisadas por el Estado.
Los magistrados, al igual que Díaz, se
vieron obligados a salir del país bajo amenaza de arresto, luego que Maduro
emprendiera una feroz persecución en su contra. El régimen actualmente cuenta
con sus propios magistrados, pero éstos se desempeñan inconstitucionalmente y
la legitimidad actualmente recae sobre los exiliados, opinan expertos.
Según las evidencias presentadas,
Venezuela desembolsó más de $1,700 millones a la polémica firma brasileña por
obras que al final no fueron construidas.
Miguel Ángel Martín, presidente del TSJ
en el exilio, dijo que una de las evidencias presentadas en el caso es “un
punto de cuenta” (memorando) de junio del 2014 donde Maduro autorizó la
realización de diferentes desembolsos para Odebrecht que sumaban al menos
$1,320 millones, más otro desembolso por 131 millones de euros.
En el memorando, Maduro manifestó que
esos pagos eran “muy urgentes” y que él quería recibir certificación de que
fueron realizados. La orden, emitida cuando Venezuela
comenzaba a entrar en lo que terminó siendo la peor crisis económica en la
historia moderna del país, buscaba saldar las cuentas con la constructora
brasileña, aún cuando las obras que venían realizando ya estaban demoradas o
simplemente paralizadas.
“Esto tiene que ser investigado […]
Todos los venezolanos tenemos el derecho de saber qué ocurrió con este dinero,
por qué no se le hicieron seguimiento a las obras. El caso inédito del caso
Odebrecht que está siendo presentado hoy es que aquí no se ha construido
absolutamente nada”, expresó Martín. Venezuela representaba uno de los
mayores clientes de la constructora brasileña, que hoy enfrenta escándalos de
corrupción en buen número de países donde operó.
El fallecido presidente Hugo Chávez,
quien otorgó contratos a Odebrecht, a dedo sin que las obras fueran colocadas a
licitación, le concedió a la firma la construcción de dos puentes de grandes
dimensiones, uno sobre el Río Orinoco y otro sobre el Lago de Maracaibo, además
de nuevas instalaciones del Metro de Caracas.
POR ANTONIO MARIA DELGADO
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