Prensa. El Nuevo Herald.
Soldados
y paramilitares vinculados al chavismo asesinaron al menos 131 venezolanos en
las protestas del 2014 y el 2017, y cerca de 8,300 ejecuciones extrajudiciales
han sido documentadas en el país petrolero, develó un informe de la OEA al
concluir que hay suficientes pruebas para investigar al régimen de Nicolás
Maduro por crímenes de lesa humanidad.
El
informe --que también devela más de 12,000 detenciones arbitrarias, expone el
uso recurrente de la tortura e identifica más de 1,300 presos políticos-- recomienda
al Secretario General de la Organización de Estados Américanos, Luis Almagro,
activar los mecanismos de los Estatutos de Roma para solicitarle a la Corte
Penal Internacional la apertura de una investigación sobre los asesinatos y
arrestos arbitrarios presuntamente cometidos por el régimen de Maduro.
“El
Informe identifica a 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las
protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad
del Estado y/o los colectivos [organizaciones paramilitares del régimen]”,
señala una reseña del documento.
“Las
tácticas utilizadas demuestran claramente un patrón con la intención de matar,
evidenciado por el punto en que se propinó el golpe mortal (órganos vitales, en
particular, disparos a la cabeza y el cuello); el uso de municiones, tanto
modificadas como vivas, y la corta distancia a la que se perpetraron esos
actos”, resaltó el informe preparado por un panel independiente de expertos
internacionales.
Adicionalmente,
el informe resalta que se han registrado más de 8,292 ejecuciones
extrajudiciales desde el 2015, que en muchos casos son resultado de
allanamientos ilegales y violentos de viviendas realizados por los diferentes
cuerpos de seguridad.
En
esas operaciones los funcionarios del régimen fingen falsos enfrentamientos
para así “racionalizar las ejecuciones sumarias de las víctimas” que, por lo
general, son hombres jóvenes.
“Esta
cifra alarmante demuestra aún mas el carácter sistemático y generalizado del
crimen de asesinato”, resaltó el informe.
Parte
del material utilizado en la elaboración del informe fue proporcionado por la
fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y corresponde al período de 2015 a junio de 2017.
El
documento también fue elaborado en base a los testimonios de 26 testigos que
prestaron declaración en cinco audiencias públicas, docenas de testimonios de
víctimas, familiares de víctimas y otras partes interesadas entregadas a la
Secretaría General y documentos escritos entregados por más de 40
organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.
Por
otro lado, el panel de expertos denunció el frecuente uso de métodos de tortura
contra los detenidos del régimen.
“Los
atropellos van desde el empleo de tortura blanca [que normalmente no deja
marcas en el cuerpo] y otras formas de tortura psicológica, hasta brutales
golpizas que a menudo provocan daños físicos graves que por lo general no
reciben atención médica", indicó el informe.
Los
detenidos del régimen en ocasiones también son sometidos a tortura sexual, o
son obligados a mantener posiciones estresantes.
Otras
prácticas de tortura registradas incluyen descargas eléctricas (incluso en los
genitales), quemaduras, el empleo de gas lacrimógeno, el suministro de comida
podrida o comida mezclada con fragmentos de vidrio o de excrementos, y en
algunos casos, mantener a los detenidos sin comida ni agua.
Por
lo general, la tortura ocurre durante períodos prolongados y se repite a lo
largo del tiempo, señala el documento.
“Entre
las víctimas se cuentan personas de todas las edades, incluso menores, sin que
se tengan en cuenta las enfermedades mentales o físicas preexistentes”, señaló
el informe.
“Se
observa el empleo sistemático de los mismos instrumentos y técnicas en las
instalaciones de todo el país, lo que demuestra una política de atropellos;
parecería que las fuerzas de seguridad siguen el mismo manual o guía en lo que
refiere al trato de los reclusos”, puntualizó.
El
régimen de Maduro lleva años siendo acusado de violar los derechos humanos de
la población venezolana en momentos en que intenta mantenerse en el poder en
medio del creciente descontento de la población.
“El
régimen reprime los derechos humanos de su pueblo y les impide tener una voz en
su gobierno”, manifestó en abril el Secretario de Estado norteamericano en
funciones, John Sullivan, en el informe anual sobre la materia.
Pocas
semanas antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había
denunciado un "alarmante debilitamiento" de los derechos humanos y la
democracia en Venezuela, fenómeno que se ha intensificado en los últimos dos
años.