Prensa. Efecto
Cocuyo.
“El
país se encuentra sumido en una coyuntura política con alarmantes signos de
violencia, en la que las armas de fuego tienen un claro protagonismo”. Así
inicia el Manifiesto entregado por 33 organizaciones a la Defensoría del Pueblo
y Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, como
un llamado a la defensa del derecho a la vida y el desarme de la población.
El
documento fue entregado a primera hora de la mañana de este lunes, 18 de junio,
en las tres instancias. Inmediatamente, se dio lugar a la rueda de prensa para
informar a la sociedad civil de las exigencias realizadas. La declaración se
realizó en la Plaza Morelos de Caracas, frente la Defensoría del Pueblo.
Cheo
Carvajal, activista portavoz de la actividad, expresó al inicio de la rueda de
prensa que durante décadas se ha normalizado la violencia en el país, en 2016
ocurrieron 21 mil 752 homicidios, de los cuales, el 86% se perpetraron con
armas de fuego. En tal sentido, las exigencias contempladas dentro del
Manifiesto para la defensa del derecho a la vida y la seguridad de los
venezolanos, fueron las siguientes:
Que
la Compañía Anónima de Industrias Militares (CAVIM) se comprometa a reducir al
mínimo la producción de balas con las que finalmente morimos los venezolanos, y
que estas sean controladas al máximo, permitiendo la contraloría social y que
cada munición esté debidamente marcada, dándole uso a los equipos que ya
adquirió el Estado para este fin.
Que
la importación de pistolas y revólveres por parte del Estado se reduzca al
mínimo y que se suspenda la venta de las mismas a particulares. Que todas las armas
estén bajo control, tanto las de los policías como las de los particulares,
tanto las que reposan en los parques policiales como las que son incautadas,
tanto las que reposan en las casas como las que andan en las calles. Exigimos
que absolutamente todas estén bajo control y que dejen de formar parte de este
negocio sangriento.
Crear
mesas de trabajo donde la ciudadanía, a través de organizaciones sociales,
participe en la construcción de los protocolos de desarme, control de las armas
existentes, y destrucción de aquellas incautadas o entregadas voluntariamente.
Que
se desactiven aquellas políticas del Gobierno central que incrementan la
presencia de armas en manos de la población civil, a través de las llamadas
“milicias” y de grupos paraestatales armados.
Que
los cuerpos de policía cesen la política de mano dura y de ajusticiamientos
extrajudiciales, que respeten estrictamente la convención del uso progresivo de
la fuerza y que asuman las orientaciones que surgieron de la Comisión Nacional
para la Reforma Policial (CONAREPOL).
Que
se haga pronta justicia en aquellos casos que han sido denunciados por
familiares y organizaciones, y que se cree un sistema nacional de
acompañamiento y reparación para las víctimas de la violencia en general, que
haga hincapié en los familiares de víctimas de homicidios, que cree los
mecanismos necesarios para atenderlas de manera adecuada, oportuna y sostenida
en el tiempo.
Como
parte de este sistema, y a la par de los programas de atención y reparación,
deberían desarrollarse políticas, programas y acciones para la creación de
oportunidades de formación, recreación y participación social para los más
jóvenes, población sobre la que se cierne la amenaza de esta violencia, ya sea
en calidad de víctimas o de futuros victimarios. Dicho programa debería operar
con el apoyo de todos los sectores de la sociedad venezolana.
Acción
por la Vida es una red de organizaciones y sociedad civil que buscan prevenir y
reducir la violencia en Venezuela. Algunas de las organizaciones que la integran
son Reacin, Caracas Mi Convive, Haciendo Ciudad, Runrunes y Efecto Cocuyo. A
través de la plataforma internacional Instinto de Vida, tienen el objetivo de
reducir los homicidios por arma de fuego en Venezuela y otros 6 países de
América Latina y El Caribe.
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