Con 153 asesinatos la OEA sustenta denuncia sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Prensa. Efecto Cocuyo.
“El 29 de enero de 2016, Nelson Enrique García Oropeza (21 años) fue ejecutado con dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el pecho, y murió sobre la cama de su madre mientras hablaba por teléfono con su novia, Danielys Perales, quien escuchó lo acontecido desde el otro lado de la línea: funcionarios del Cicpc gritaban, golpeaban la puerta y preguntaban por un tal ‘Gonzalito‘ (presuntamente hermano del difunto). Nelson les habría recalcado ‘me estoy entregando… no disparen‘ y, por último, los disparos que acabaron con la vida de su novio”.

Este es uno de los 153 casos de asesinato que la Organización de Estados Americanos (OEA) logró recopilar en un informe que determinó la comisión de crímenes de lesa humanidad por once funcionarios del Gobierno venezolano. El 31 de mayo este documento fue llevado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el secretario general de a OEA, Luis Almagro.

En el informe se tipifican cinco delitos de lesa humanidad que, aseguran, fueron cometidos por el Gobierno de Nicolás Maduro: asesinato, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, y desapariciones forzadas.

El 16 de noviembre de 2017, Luisa Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), declaró públicamente que en el año 2015 fueron asesinadas 1.777 personas por funcionarios militares y policiales, y para el año 2016, la cifra aumentó a 4.667 personas asesinadas por uniformados. Asimismo, informó que hasta el mes de junio de 2017 se habían registrado 1.846 personas asesinadas en 2017, “todas bajo las órdenes del Ejecutivo”. Esto representa un total de 8.292 personas asesinadas por su propio gobierno en dos años y medio.

Las ejecuciones extrajudiciales fueron detalladas en el informe, así como la aplicación de una política de seguridad llamada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) que inició en julio de 2015.

“La ciudadanía no solo teme ser víctima de la delincuencia común, sino también de las fuerzas de seguridad. Luego de la puesta en práctica en julio de 2015 de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) -operación de las fuerzas de seguridad diseñada por el Gobierno, supuestamente para abordar los altos índices de delincuencia– aumentaron las denuncias de abuso de poder y violaciones de los derechos humanos“, se lee en el informe de la OEA.

Una de las historias reseñadas es la de Clara Lira, a quien le advirtieron que su hijo Anthony Mejías Lara, de 27 años de edad, estaba en una foto en la que diferentes jóvenes estaban marcados con una X. El 8 de enero de 2016, en el sector Macarao de Caracas, escuchó una ráfaga de tiros y vio una unidad del Cicpc. La mañana siguiente, Clara pudo identificar el cadáver de su hijo menor, Anderson José, de 19 años, quien había recibido un tiro en la ingle. La mujer cree que lo mataron al confundirlo con su hermano mayor. Tres semanas más tarde, el 29 de enero de 2016, Anthony también fue asesinado durante una OLP.

“Quizás la ejecución extrajudicial más emblemática -por el desproporcionado uso de la fuerza empleada y por la notoriedad de la víctima- es también el caso más reciente: es el caso del oficial de la Cicpc, Óscar Pérez, quien se rebeló en contra del Gobierno del presidente Maduro”, apunta la OEA en su informe.

El organismo internacional explicó que las ejecuciones extrajudiciales son reconocidas por los estándares internacionales como el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público fuera de o sin un proceso judicial o legal.

Al constituir una forma de represión que, mediante la eliminación física de una persona, busca activar la sensación de un castigo ejemplarizante, empleando el terror como forma de control social de la población, sembrando la desconfianza y haciendo que las víctimas se paralicen y se alejen de la posibilidad de denunciar o desarrollar actividades de organización y protesta, la OEA consideró esto como un delito que se comete por las autoridades venezolanas.
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