Opinión. Luisa
Torrealba.
La
libertad de expresión implica la posibilidad de que todas las personas puedan
manifestar sus ideas y pensamientos, por cualquier vía. Protege ideas que
pueden ser de agrado o de desagrado para personas o grupos. Se vincula con
otros derechos que permiten al ser humano la participación activa en la vida
pública, como el sufragio, la participación y la manifestación. Los ciudadanos
no pueden ser objeto de amenazas, retaliaciones, agresiones o restricciones por
ejercer este derecho.
En
Venezuela, desde 2004 comenzó la persecución por motivos políticos, contra
venezolanos que se expresaron a través de sus firmas, a favor de la activación
de un referéndum revocatorio del mandato del fallecido presidente Hugo Chávez.
La
“lista Tascón”, elaborada y divulgada por el entonces diputado Luis Tascón
expuso la identidad de los más de 3 millones de venezolanos, que apoyaron dicho
revocatorio y tuvo como consecuencia una ola de despidos de funcionarios públicos.
La lista también sirvió como mecanismo de intimidación para venezolanos que,
aunque no trabajaban en el sector público, decidieron expresar su apoyo a la
activación del referéndum.
La
lista Tascón violó los derechos de los venezolanos a la participación política
garantizada en los artículos 62 y 70 de la Constitución Nacional. Vulneró
también los derechos a expresar libremente ideas, pensamiento y opiniones, la
libertad de conciencia y la garantía de protección del derecho al trabajo y
prohibición de discriminación por razones de política (artículos 57, 61 y 89).
Nuevas
formas de discriminación
El
llamado “carnet de la patria” se ha constituido como el nuevo mecanismo de
control social, para hacer seguimiento y obligar a los ciudadanos a silenciar
sus críticas o a manifestar respaldo electoral al proyecto político del
gobierno nacional, a cambio de beneficios sociales como bonos o acceso cajas de
alimentos en un contexto de crisis humanitaria, marcada por la severa escasez
de alimentos, medicinas y de una hiperinflación que golpea el bolsillo de los
venezolanos.
Un
camino para la justicia
El
pasado miércoles 30 de mayo se abrió un camino para la justicia, para quienes
han visto vulnerados sus derechos, por la aplicación de mecanismos como la
“lista Tascón”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia
del Caso San Miguel y otras Vs. Venezuela, mediante la cual estableció que el
Estado venezolano es responsable por la desviación de poder y la discriminación
política en contra Rocío San Miguel, Magally Chang y Thais Peña, quienes eran
de funcionarias del Consejo Nacional de Fronteras y fueron despedidas por el
entonces presidente de ese organismo, José Vicente Rangel, porque aparecían
como solicitantes del referéndum revocatorio presidencial en la ‘‘lista
Tascón’’. La sentencia también responsabilizó al Estado venezolano por la
violación de la libertad de pensamiento y expresión de las víctimas.
En
síntesis: Todos tenemos derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación.
La denuncia, la perseverancia y el coraje son pasos necesarios para afrontar la
impunidad.
Catorce
años tuvieron que esperar San Miguel, Chang y Peña para obtener justicia.
Celebramos esta decisión reparatoria de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que abre un camino de justicia para todas las víctimas de apartheid
político en Venezuela. Esta sentencia es de obligatorio cumplimiento por parte
del Estado venezolano y marca un precedente para los ciudadanos del continente,
afectados por mecanismos de discriminación política
Otros
miles de venezolanos siguen afectados por la discriminación política y la
impunidad. La decisión de la Corte, marca una impronta muy favorable para la
lucha por la justicia.
Periodista, Profesora e
Investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco)
@inincoucv, de la Universidad Central de Venezuela
.jpg)
