Prensa.
Efecto Cocuyo.
Organizaciones del magisterio pedirán a la Asamblea
Nacional (AN) declarar “la emergencia humanitaria educativa” en el país.
Aseguraron que acudirán a instancias internacionales,como la Unesco, para
denunciar que el Gobierno violación el derecho a la educación. La Unidad Democrática del Sector Educativo presentó
este miércoles, 27 de junio, los resultados de una consulta que realizaron a
educadores en cinco estados y que sistematiza los problemas que afectan al
sistema.
Raquel Figueroa, coordinadora de la instancia,
señaló que el hambre en las escuelas, la deserción, el desplome de los salarios
y el déficit de infraestructura escolar representan un retroceso para el país. También alertó sobre la diáspora de docentes,
diseños curriculares improvisados, la destrucción de la seguridad social, la
falta de orientaciones pedagógicas, la desaparición de providencias
estudiantiles, el auge de la violencia escolar y la persecución a los docentes
en contra de la ideologización.
Figueroa aseguró que las autoridades criticó que el
presidente Nicolás Maduro y el ministro de Educación, Elías Jaua, buscan con su
discurso “crear una ilusión” y ocultar el deterioro del sector. Destacó que el
gremio debe articularse y que promoverán
en todo el territorio un debate para la reconstrucción nacional.
Opacidad e inconsistencias
La profesora Ofelia Rivera recordó que en el país no
hay cifras oficiales sobre educación desde 2016. Sin embargo, destacó que el
deterioro de la seguridad social del docente crece. “El año pasado una
educadora del estado Apure murió por falta de asistencia porque no funcionó el seguro
de HCM“, dijo.
La educadora destacó que, además, existen
inconsistencias en cifras como la cantidad de alumnos atendidos por el Programa
de Alimentación Escolar (PAE). El
ministro Jaua declaró en septiembre de 2017 que el plan beneficiaría a 3 millones
736 mil estudiantes. No obstante en la Ley del Presupuesto 2015 de esa cartera
afirmaban que 4 millones 351 mil 576 niños recibían comida en las escuelas, lo
que representaría una disminución de más de 600 mil alumnos.
Rivera agregó que cifras del Registro Administrativo
de migrantes venezolanos en Colombia revela que en ese país, hay al menos 118
mil 709 niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. No se conoce si están o
no estudiando. El magisterio reprochó la entrega de “bonos de
escolarización” a través de un instrumento como el carnet de la patria.
Afirmaron que la medida es discriminatoria y una acción de proselitismo
político. Consideraron que el año
escolar 2018-19 será complejo y a los estudiantes se les dificultará ir por los
altos costos de uniformes y útiles escolares.