La asamblea de la
Organización de Estados Americanos (OEA), el principal foro político del
continente, con 19 votos a favor, aprueba la resolución que permite suspender a
Venezuela del organismo.
Prensa. AFP
El
plenario de la 48ª asamblea consideró la iniciativa promovida por Washington, y
presentada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y Perú, que declara
ilegítima la reelección de Nicolás Maduro, y llama a aplicar los mecanismos de
la Carta Democrática Interamericana por “alteración del orden constitucional”,
un proceso que podría derivar en la suspensión de Venezuela de la OEA, la misma
fue aprobada.
La
resolución, que fue criticada por Caracas como un “acto injerencista” en el
marco de una “campaña criminal” del gobierno de Donald Trump, necesita el apoyo
de la mayoría simple del total de miembros de la OEA -que oficialmente son 35,
aunque activos hay 34 porque Cuba no participa.
Al
Grupo de Lima, un bloque crítico de Maduro y que integran otros ocho países
americanos además de los seis que plantearon el texto, se habrían unido
naciones caribeñas, tradicionalmente aliadas de Venezuela, que les vende su
petróleo en condiciones muy favorables.
“Ahora
es el momento”
Estados
Unidos, que ha tildado “el régimen de Maduro” de “dictadura” y que junto al
Grupo de Lima no reconoció la reelección del mandatario venezolano el pasado 20
de mayo, argumenta que la OEA debe hacer valer su compromiso con los principios
democráticos.
“En
nombre del presidente Trump, pido a la comunidad de naciones libres, de todo
este Nuevo Mundo, que expulsen a la dictadura de Maduro de la Organización de
Estados Americanos. La OEA debe representar la libertad. Y ahora es el
momento”, dijo el vicepresidente Mike Pence, durante una recepción con
“naciones afines” el lunes en la Casa Blanca.
Pence,
quien hace un mes pidió lo mismo al visitar la sede de la OEA, dijo que los
países que se sumen a esta iniciativa, “demostrarán su compromiso de forjar
vínculos más fuertes con Estados Unidos”, y mencionó posibilidades de
cooperación en inversiones financieras, de energía, infraestructura y
seguridad.
De
aprobarse esta resolución de 10 puntos, que además de facilitar el
“restablecimiento del orden democrático” busca atender la crisis humanitaria en
Venezuela -donde escasean productos básicos y medicinas- la suspensión no sería
inmediata.
Para
suspender a un Estado miembro de la OEA se debe tener dos tercios de los votos
afirmativos en una asamblea general extraordinaria, cuya convocatoria también
requiere 24 votos. La
suspensión, de concretarse, podría ser solamente simbólica, puesto que en abril
de 2017 Venezuela solicitó su salida de la OEA, un proceso que se concreta en
dos años.
“Nosotros
denunciamos a la OEA y nos vamos de la OEA (…) ya van 13 meses de los 24 que
tenemos que esperar para que sea efectivo. Cuando Venezuela salga de la OEA
vamos a hacer una gran fiesta nacional”, dijo Maduro al criticar la “campaña
criminal, macabra, de chantaje y amenaza” de Estados Unidos a los gobiernos de
la región.
Venezuela
es el primer miembro de la OEA en pedir el retiro voluntario de la organización
en 70 años de existencia. Ni siquiera lo pidió Cuba, a pesar de que su
membresía estuvo suspendida entre 1962 y 2009. El
consejo permanente de la OEA declaró en abril de 2017 que en Venezuela se había
producido un quiebre inconstitucional, pero después fracasó en pronunciarse
sobre el tema en su asamblea anual en Cancún.
La
declaración sobre EEUU y Nicaragua
También
se espera que la OEA se pronuncie sobre Nicaragua, donde protestas contra el
gobierno de Daniel Ortega desde el 18 de abril dejan más de un centenar de
muertos en medio de fuerte represión de la fuerza pública y grupos armados
afines.
Un
proyecto de declaración “de apoyo al pueblo de Nicaragua” fue presentado por
Estados Unidos y por el propio gobierno nicaragüense, para sorpresa de grupos
de derechos humanos.
“Nicaragua
está en un punto muy distinto al de Venezuela, que ya cruzó una línea roja.
Vemos por lo menos una voluntad de realizar reformas democráticas y cumplir con
los pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su
visita al país”, dijo a AFP una funcionaria estadounidense.
El
texto llama al gobierno y a otros actores sociales a participar
“constructivamente en negociaciones pacíficas para fortalecer las instituciones
democráticas y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas”. Pero
no condena explícitamente al gobierno de Ortega por los abusos, algo
cuestionado por organizaciones de derechos humanos.
“No
hay un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la comisión de
gravísimas violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y muchas más”, dijo a
AFP Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
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