“Cuando
tú evalúas una violación de derechos humanos, te das cuenta de que hay un acto
de corrupción detrás. Es necesario hacer contraloría social de dónde está el
dinero público“, dijo Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela
durante la presentación del informe anual de la organización, este miércoles 30
de mayo.
Opacidad,
impunidad y control político fueron las tres aristas que la organización
decidió abordar en 2017 para realizar su análisis sobre la corrupción en el
país, debido a la influencia que tienen sobre los poderes públicos que,
constitucionalmente, deben ser autónomos e independientes.
“El
drama de este país es la corrupción. La crisis es la corrupción“, apuntó la
directora de Transparencia Venezuela. Señaló que la revisión de estos casos,
aunque no se trata de una exploración exhaustiva, sirve para evidenciar que en
Venezuela está instaurada esta práctica.
De
Freitas aseguró que este problema en el país está caracterizado por la
participación de funcionarios de gobierno de alto nivel, redes de corrupción
que traspasan fronteras y legalización de bienes producto de la corrupción.
Todo esto, bajo la impunidad a través del control del sistema de justicia.
Entre
los hallazgos de las investigaciones de esta organización se encuentra la creación
de 526 empresas propiedad del Estado, que en ocasiones usan dinero del
Presupuesto Nacional, que no tienen una producción alta y que además no aportan
lo suficiente al fisco nacional.
También
revisaron 40 contrataciones que hizo el Gobierno con Odrebecht, la construtora
brasilera, en las que encontró que solo nueve obras fueron culminadas y que
para 20 de esos contratos se transaron 30 mil millones de dólares.
Otro
tema que tocó la organización fue el retardo para procesar los pasaportes, con
lo cual se ataca el derecho a la identificación. Con su registro del
funcionamiento del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería
(Saime), Transparencia Venezuela solicitó a varios países que flexibilizaran
sus políticas migratorias para los venezolanos con pasaportes vencidos. Según
De Freitas, con un comunicado que publicó la organización, Aegentina evalúa
caso por caso para ofrecer una visa temporal a los venezolanos con esta
condición en su documentación.
Con
“Dilo Ya“, una plataforma de denuncia, se lograron recabar 2.000 reportes de
irregularidades vistas o padecidas por un ciudadano venezolano, donde algún
funcionario cometiera un acto de corrupción.
Transparencia
Venezuela también se pasea por el Poder Judicial, y lo apunta como un
instrumento de impunidad. Luego de un año de trabajo, logra determinar que
mientras los corruptos no tengan miedo a la acción judicial y puedan disfrutar
de los bienes mal habidos, el terreno para la corrupción sigue siendo fértil.
“Es
hora de pensar en un órgano antiimpunidad y anticorrupción en Venezuela, que
tenga relación estrecha con las instituciones internacionales de control que
fiscalizan los espacios donde se maneja el dinero. Es una tarea titánica que
exige una reingeniería del sistema de justicia, Contraloría General y policías,
que logre autonomía, independencia, recursos y la participación de lo más
capaces”, señaló De Freitas.
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