El P. Rolando
Alvarado, provincial jesuita de Centro América y Roberto Jaramillo, Presidente
de la CPAL, se pronuncian sobre la situación en Nicaragua, la mesa de
negociación que lideran los obispos, la participación de la UCA
Opinión. Por: Roberto Jaramillo y
Rolando Alvarado.
La
situación es crítica. El gobierno de Daniel Ortega y su señora Rosario Murillo
ha ido cooptando todos los poderes del Estado, y el pueblo nicaragüense, ante
esa falta de democracia, ha estallado en protestas populares. El puntapié
inicial fue el intento de reformar el sistema de jubilaciones. Después de una
fuerte, múltiple y masiva reacción popular, encabezada por jóvenes
universitarios, Ortega tuvo que retirar el proyecto. Pero ya la conciencia del
pueblo estaba atenta y su estrategia de retirada no alcanzó a desmovilizar el
deseo de justicia y democracia.
La
represión a los estudiantes universitarios, y a la población en general que
apoyó masivamente su legítima y constitucional demanda, reflejó la vocación
antidemocrática y autoritaria de la pareja presidencial y de los seguidores del
aparato gubernamental y político. Hasta ahora hay 76 los muertos, varios
jóvenes desaparecidos, centenares de heridos y muchas personas encarceladas
como resultado de la cruel represión cometida a través de fuerzas de choque
paramilitares afines al gobierno y por los destacamentos antimotines de la
policía.
El
reciente informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)
fue claro: “La visión nuestra al llegar a Nicaragua era distinta a lo que vimos
y luego de casi cinco días nos vamos con una visión bastante más grave de lo
que pensábamos", dijo a periodistas la relatora especial Antonia Urrejola.
"Hay personas que se sienten aterrorizadas. Había mucho miedo de prestar
testimonio a la comisión y las consecuencias y represalias que eso podía
representar en sus vidas", dijo, aunque la delegación regresó con
"maletas llenas" de documentación recabada. La CIDH reveló
"graves violaciones a los derechos humanos" caracterizadas por "un
uso excesivo" de la fuerza pública y de terceros armados para reprimir las
protestas; las recomendaciones de su informe preliminar no han sido aún
asumidas y cumplidas por parte del gobierno.
Las
recomendaciones de la CIDH
Suspender
cualquier acto de represión
Estado
debe garantizar el derecho a la protesta
Solicitan
crear un mecanismo de investigación internacional
Garantizar
la seguridad de los manifestantes, en especial de los estudiantes y sus
familiares y los defensores de los derechos humanos.
Ofrecer
garantías para proteger a quienes denunciaron represión y abstenerse de tomar
represalias contra ellos
Tomar
medidas para investigar a los responsables de los actos de violencia y respetar
las garantías del debido proceso para quienes están detenidos.
Asegurar
que los operativos de seguridad cumplan los estándares internacionales
Desmantelar
a los grupos parapoliciales y adoptar medidas para prevenir que sigan actuando
Respetar
la independencia de los medios de investigación
Abstenerse
de declaraciones públicas que estigmaticen a otras personas
Sistematizar
a personas atendidas en hospitales públicos y privados y publicar estos datos
Investigar
las denuncias de obstaculización en la atención de salud en los centros
hospitalarios públicos
Ratificar
los instrumentos internacionales, en especial la Convención Interamericana
sobre la desaparición forzada
Mantener
la apertura al escrutinio internacional, abriendo puertas para todos los
órganos internacionales
Comprometerse
a implementar un mecanismo de seguimiento para verificar la implementación de
las recomendaciones y programar un calendario para nuevas visitas de la CIDH
La
Conferencia Episcopal Nicaraguense, en cabeza del Cardenal Monseñor Leopoldo
Brenes, aceptó la solicitud del gobierno de hacer de mediadora y testigo en una
"mesa de diálogo" que pusiera en marcha un proceso de justicia y
democratización del país; para ello se convocó a sectores representativos y
claves para el éxito de las negociaciones tales como: estudiantes,
universidades, empresarios, organismos de derechos humanos y de la sociedad
civil, organismos de iglesia y delegados del gobierno. Durante la primera fase
del dialogo el gobierno de Ortega y Murillo se mostró evasivo y mentiroso
diciendo una cosa en las conversaciones (transmitido por medios y redes sociales)
y haciendo otra: continuó reprimiendo al pueblo que expresaba pacífica y
legítimamente su inconformidad.
En
virtud de esa estrategia de doble cara, el irrespeto de una tregua pactada y al
poco avance en la negociación, los obispos decidieron suspender las sesiones de
la Mesa e integrar una Comisión mixta de representantes gubernamentales y de la
Alianza civil por la justicia y la democracia. Tres por cada una de las partes,
con la finalidad de llegar a acuerdos mínimos. Asimismo denunciaron las amenazas
y ataques a miembros de la Conferencia Episcopal, en especial a Monseñor Silvio
Báez, y a sacerdotes y religiosas que han estado auxiliando y apoyando
humanitariamente a las víctimas de la represión.
Pese
a que el gobierno calificó de "ruta para un golpe de estado" la
agenda presentada para hacer justicia y democratizar el país, la Conferencia
Episcopal ha vuelto a convocar a una nueva ronda de dialogo, prevista para los
próximos días. Mientras tanto, en lo que va de esta semana la represión se ha
reactivado. Se atacó a la universidad jesuita -UCA- con actos vandálicos para
asustar a directivos, docentes y funcionarios, se tiró a matar (y de hecho
murió un joven) se golpeó y apresó a más de veinte universitarios de la UNI
(Universidad Pública de Ingeniería), y el día de ayer, 30 de mayo, con ocasión
de celebrarse el día de la madre, al finalizar una multitudinaria manifestación
pacífica convocada en solidaridad con las madres de los asesinados -ellas encabezaron
la manifestación- nuevamente operó la represión. Fueron millares las personas
que se refugiaron en la UCA, cuyas autoridades abrieron sus accesos ante los
disparos a los manifestantes provenientes de francotiradores y el ataque de las
"fuerzas parapoliciales" afines del gobierno. Hubo dos personas
asesinadas entre los manifestantes y se atendieron numerosos heridos.
Impactantes han sido las imágenes del ataque a la población indefensa que
celebra y protesta pacíficamente.
Los
Jesuitas de la Provincia Centroamericana junto con la Conferencia de
Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe - CPAL,
condenamos
esa injustificada y brutal agresión a manifestantes que reclaman pacíficamente
democracia, transparencia y justicia;
expresamos
nuestra solidaridad y compromiso con las víctimas y familiares de esta cruel
represión;
ratificamos
nuestro total respaldo a la comunidad universitaria de la UCA que, fiel a su
lema "solo la verdad los hará libres, se ha sumado al clamor de justicia y
democracia de la gran mayoría de los nicaragüenses, en particular de las
juventudes y a su Rector el P. José Idiaquez;
Reafirmamos
nuestro incondicional apoyo y servicio a la labor de mediación que ejercen los
obispos nicaraguenses buscando una solución negociada pero siempre justa y
democratizadora frente a la crisis del gobierno nicaraguense;
hacemos
un llamado urgente a los Organismos Internacionales, en particular a la OEA y a
los gobiernos democráticos del mundo para exigir y respaldar la democratización
del país ahora que los canales de diálogo están abiertos.
¡No
hay que esperar a que más sangre sea derramada y no hay solución que no pase por el diálogo y la concertación!
Animamos
a TODOS los actores y sectores, en particular a los jóvenes y a los
representantes de las iglesias, a no ceder ante las estrategias del miedo y de
la represión. No hay que salirse del diálogo y no hay que permitir que este
instrumento sea inutilizado. No hay que dejarse engañar por los discursos de
una paz fundada en el silencio, la corrupción, el terror y la violencia; la paz
verdadera se construye entre todos con verdad, transparencia y participación lo
más amplia posible. Ella es fruto del encuentro entre la verdad y la justicia,
garantía de libertad y reconciliación verdaderas.