En cuanto a los
rectores del CNE, se exhorta a la Asamblea Nacional para que inicie el proceso
de selección y designación, garantizando árbitros idóneos e imparciales, no
vinculados a organizaciones con fines políticos, que puedan generar la
transparencia y eficacia en la organización, administración, dirección y
supervisión de los próximos procesos electorales
Prensa. Diario
Las Américas.
La
Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que con ocasión a la ruptura
del Estado de Derecho en Venezuela despacha desde el exterior dictaminó hoy
"nulo e inaplicable el uso del sistema automatizado de votación y
escrutinio" para la elección de cargos de representación popular de los poder
públicos, así como la realización de referendos.
Así
lo dieron a conocer los máximos reprentantes del Poder Judicial que fueron
designados y juramentados por la legítima Asamblea Nacional, quienes le
ordenaron al Consejo Nacional Electoral (CNE), que con la participación
obligatoria de las universidades, de los partidos políticos, de los grupos de
electores, de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y de los Colegios
Profesionales, diseñe e implemente un sistema de votación y escrutinio fundamentalmente
manual, con preminencia del voto físico o papeleta electoral, en donde el uso
de la tecnología e informática sea auxiliar y solo en beneficio de la
celeridad, publicidad, transparencia y eficiencia del voto, escrutinio y
totalización, con el objetivo de recuperar la confianza pública de los
ciudadanos en el sufragio, como la forma legítima de participación democrática.
En
una nota de prensa enviada por el tribunal se explica que la sentencia declara
igualmente la inconsistencia del Registro Electoral y como consecuencia, ordena
al CNE, inicie un proceso de depuración y actualización del mismo con la
veeduría de la sociedad civil.
En
cuanto a los rectores del CNE, se exhorta a la Asamblea Nacional para que
inicie el proceso de selección y designación, garantizando árbitros idóneos e
imparciales, no vinculados a organizaciones con fines políticos, que puedan
generar la transparencia y eficacia en la organización, administración,
dirección y supervisión de los próximos procesos electorales.
Finalmente
se ordenó notificar a la Fiscal General de la República para que dé inicio a la
investigaciones pertinentes, con el objeto de establecer la responsabilidad
penal de los Rectores del CNE por los presuntos delitos electorales,
conspiración contra la forma republicana del Estado, violaciones de tratados
internacionales y violaciones a los derechos humanos de los electores; así como
por los delitos que atentan al patrimonio público con ocasión a la contratación
de las empresas Smartmatic y Bitza, encargadas del proceso de automatización
del actual proceso electoral venezolano.
FUENTE:
REDACCIÓN
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