El Departamento
de Estado de EE.UU. consideró hoy “ilegal” el arresto del diputado opositor
Juan Requesens, acusado del atentado contra el presidente venezolano, Nicolás
Maduro, y defendió que esa acción es solo “el último ejemplo de una larga
letanía de abusos a los derechos humanos”.
Prensa. EFE
El
secretario de Estado adjunto en funciones para Latinoamérica, Paco Palmieri,
hizo esas declaraciones en un mensaje de Twitter, enviado el sábado por la
noche. “Maduro y su policía secreta
siguen haciendo caso omiso del estado de derecho con su arresto y retención
ilegal del miembro de la Asamblea Nacional, constitucionalmente elegido,
@JuanRequesens. El último ejemplo en una larga letanía de abusos
#DerechosHumanos. #11Ago #Venezuela“, afirmó
Palmieri.
El
Gobierno venezolano ha acusado a Requesens de ser cómplice del supuesto
atentado con drones que se produjo el pasado sábado mientras Maduro daba un
discurso durante un acto de celebración del 81 aniversario de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada). Requesens fue detenido el martes junto a su
hermana, Rafaela, por funcionarios del servicio de inteligencia del Estado
(Sebin).
Este
viernes, el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, presentó en
una rueda de prensa un vídeo en el que el diputado confiesa supuestamente haber
participado en el complot a petición del expresidente del Parlamento venezolano
Julio Borges, exiliado en Colombia. En ese vídeo asegura haber coordinado la
entrada a Venezuela de Juan Monasterios, también detenido por este caso.
El
vídeo busca demostrar la implicación en el atentado de Borges, cuya detención
ha pedido a la Interpol el Ejecutivo venezolano. La familia de Requesens ha
rechazado los vídeos y su hermana, Rafaela, ha apuntado a la posibilidad de que
haya sido drogado o torturado para obligarle a hacer esas declaraciones
incriminatorias.
En
un discurso televisado, cuando se cumple una semana del atentado, Maduro
insistió en que los responsables son el ya expresidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, y miembros de la ultraderecha que, desde el estado de Florida
(EE.UU.), activaron uno de los drones, según sus investigaciones. Maduro ha
pedido ayuda al presidente de EE.UU., Donald Trump, para capturar a los
“asesinos” y se ha mostrado abierto a que el FBI viaje a su país para
investigar el ataque.
Hasta
ahora, el Gobierno de EE.UU. se ha limitado a rechazar su implicación en el
atentado y condenar toda forma de violencia. No obstante, una portavoz del
Departamento de Estado dijo a Efe esta semana que investigará “actividades
ilegales” dentro de su territorio si se aportan “evidencias creíbles”.