Prensa. Cámara de Comercio de Caracas
La
Cámara de Caracas ante las propuestas, los procedimientos y los efectos iniciales
del Plan de Recuperación Económica presentado por el Ejecutivo Nacional observa:
Que
el ejercicio del Poder Público en cualquiera de sus manifestaciones funcionales
impone la observancia de los derechos fundamentales de los administrados. Que
las políticas públicas, cualquiera sea su naturaleza, alcance y contenido deben
ser el producto de la discusión abierta con los diferentes sectores del país,
tal como lo establece la Constitución venezolana y los tratados y acuerdos
internacionales suscritos por la Nación.
Que
el respeto al derecho de propiedad y a la libertad económica, deben ser el sustento
de cualquier plan de generación de riqueza que busque lograr una mayor base de
imposición que financie el gasto público en beneficio de toda la comunidad. Que
las políticas económicas, mediante las cuales se instrumenta de manera general
la política fiscal activa, en la visión conjunta del ingreso y el gasto, deben sustentarse
en la premisa de una economía en la que el sector privado es parte esencial para
el cumplimiento de sus objetivos.
Que
el sector empresarial del país siempre ha estado dispuesto a colaborar con el logro
de los objetivos de las políticas públicas, disposición manifestada a través de
las instituciones, organizaciones gremiales, sin que hasta el momento haya sido
escuchado. Que los mandatos sancionatorios representados en multas, cierres de establecimientos
y hasta las privativas de libertad a propietarios y colaboradores son sin procedimientos
administrativos y, por tanto, sin la posibilidad de acceder al expediente correspondiente
y poder ejercer la legítima defensa.
Que
el establecimiento del incremento de la alícuota general del Impuesto al Valor Agregado
y del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras así como la definición de
nuevos esquemas de anticipación del Impuesto Sobre La Renta y del referido impuesto
indirecto, partiendo incluso de la modificación de los periodos tributarios mensuales
a semanales, no solo afectan el flujo de caja operativo de las empresas sino que
dificultan el cumplimiento de los compromisos de naturaleza laboral, contractual
y hasta tributarios con la República,
los Estados, los municipios y órganos parafiscales.
Que
los mandatos de naturaleza económica lejos de lograr los objetivos terminales de
reducción del déficit fiscal, la erradicación de la hiperinflación con la consecuencias
erosivas de la capacidad de compra del ciudadano y de la producción de las
empresas y el abastecimiento, tendrán efectos contrarios acentuando la vigencia
de un impuesto hecho, absolutamente
regresivo como es la inflación.
En
consecuencia, la Cámara de Caracas ha considerado conveniente:
1.
Manifestar su preocupación al gobierno nacional por la aplicación de las medidas
económicas anunciadas por el ciudadano presidente de la República y que se han
venido ejecutando mediante decretos de emergencia económica y constituyentes,
en virtud de que resultan no sólo
inconsultos sino también ineficientes para definir un esquema de finanzas
públicas que contrarreste los efectos de la hiperinflación y la erosión
consecuente de la capacidad de compra y producción del ciudadano y de las empresas.
2.
Solicitar al gobierno nacional la búsqueda inmediata de formas concertadas que
solucionen los problemas que impiden el desarrollo del país y del ciudadano
para así garantizar el acceso inmediato a los bienes y servicios mediante el
incremento de la producción y la reducción de los índices de inflación.
3.
Exhortar a que la normativa complementaria a ser dictada por la Administración
Tributaria se oriente por la búsqueda de la seguridad jurídica mediante su
transparencia, para evitar una incidencia perniciosa en el flujo de caja de las
empresas, efectos desincentivadores de la producción y aceleración de los
precios por incremento de la presión tributaria directa y los costos de
cumplimiento.
4.
Exigir el cese de las vías de hecho y las sanciones indebidas a las empresas lo
cual desalienta y frena la inversión y erosiona la confianza necesaria para la recuperación
económica.
5.
Rechazar el aumento del 3.500% del salario básico que fuera decretado sin tomar
en consideración la grave depresión que vive la actividad económica y que amenaza
con exterminar las empresas que durante los últimos años han sobrevivido toda
clase de controles y persecución. Este aumento que viene a avivar más la hiperinflación
existente amenaza con terminar de destruir a la ya depauperada actividad industrial,
a la agobiada prestación de servicios y a aniquilar los canales de distribución
existentes. Aumentará indefectiblemente la huida del capital humano y
financiero hacia otros países y llevará el desempleo y la necesidad de la gente
a niveles nunca previstos. Lo que traerá como consecuencia la dependencia
económica total del Estado como único abastecedor de bienes y servicios.
Caracas,
27 de agosto de 2018