Prensa. Semanario
Quinto Día
Cuando
falta apenas un mes para que se cumplan treinta años de la famosa Masacre de El
Amparo, el estado Apure vuelve a ser escenario de un bochornoso hecho de sangre
en el que efectivos del ejército aparecen señalados por los pobladores de
Elorza como autores del asesinato del joven dirigente político Manuel Sojo,
dirigente del partido Avanzada Progresista.
El
29 de octubre del año 1988, dieciséis pescadores que se desplazaban en una
embarcación por el caño Las Coloradas, en el Arauca venezolano, fueron atacados
a plomo limpio por funcionarios policiales y militares en una presunta
operación contra guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia.
Catorce de los ocupantes de la embarcación resultaron muertos, mientras que
otros dos se echaron al río y lograron salvarse para denunciar lo que
verdaderamente había ocurrido: una matanza de humildes pescadores desarmados y
no un enfrenamiento con peligrosos subversivos colombianos.
Aquella
horrorosa acción fue ejecutada en el periodo gubernamental de Jaime Lusinchi
por más de veinte efectivos del “Comando Específico José Antonio Páez” (Cejap),
integrado por funcionarios de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo Técnico de
Policía Judicial y de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y
Prevención (Disip). El Cejap era comandado por el general Humberto Camejo Arias
y tenía entre sus cuadros más importantes al coronel Enrique Vivas Quintero, al
Jefe Nacional de Operaciones de la policía política, Henry López Sisco, y al
entonces capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, quien muchos años después fue
ministro del interior del gobierno del presidente Hugo Chávez y gobernador del
estado Guárico.
Pero
vengámonos al 2018. Concretamente al sábado 8 de septiembre. El abogado Manuel
Sojo, secretario general de Avanzada Progresista en el municipio Rómulo
Gallegos del mismo estado Apure, navega por el río Capanaparo en un bongo que
conduce un amigo suyo. Se dirigen hacia una finca cercana.
Sorpresivamente,
según relatan sus familiares, se topan con una pequeña embarcación militar,
cuyos ocupantes comienzan a disparar sin darles voz de alto ni hacer ninguna
advertencia. Sojo es alcanzado por varios disparos, mientras su acompañante
logra orillar la canoa y escapa a toda carrera.
Al
día siguiente, el comandante del “Escuadrón de Caballería Motorizada Coronel
Francisco Farfán”, conocido como el Escamoto (casualmente la misma unidad
militar que comandó Hugo Chávez por varios años en la población de Elorza),
aseguró a los familiares de Sojo que este había estado contrabandeando
gasolina, pero que no había sido ultimado por sus soldados puesto que solo
habían hecho disparos al aire y ambos jóvenes habían escapado.
Por
días se mantuvo en suspenso el paradero del joven político y ex candidato a
alcalde, hasta que los pobladores de Elorza bloquearon en protesta el puente
Lauro Carrillo y exigieron que el jefe militar aclarase el paradero del
muchacho.
Cuentan
los denunciantes que el comandante del Escamoto insistió en que el joven estaba
vivo y que si aparecía lo iba a meter preso por delincuente.
Al
cuarto día de su desaparición, ya en horas de la noche y con el nivel del río
más bajo, un tío y varios familiares y amigos de Sojo dieron finalmente con su
cuerpo en un recodo frente al hato La Coromoto. Estaba en estado de descomposición,
amarrado y cubierto deliberadamente con un montón de ramas y palos. El cadáver
de Sojo presentaba varios impactos de balas de alto calibre, según habría
confirmado luego el médico forense.
Una
vez trasladado al hospital, efectivos militares irrumpieron e intentaron
llevarse el cuerpo, ante lo cual familiares de Sojo y varios lugareños
reaccionaron indignados e impidieron el extraño propósito.
La
denuncia del asesinato fue formulada por la familia ante la delegación de la
Fiscalía General de la República, a la cual los compañeros de partido de Sojo
solicitaron designar un fiscal especial para que investigue el caso. Habitantes
de Elorza han realizado movilizaciones exigiendo justicia por el asesinato del
joven político, quien deja esposa y tres hijos muy pequeños.
Ronald
Torres, secretario general de Avanzada Progresista en Apure, asegura que a Sojo
siempre se le conoció como un luchador político muy querido por la comunidad y
que vivía del ejercicio del derecho, no como delincuente. Torres afirma que,
aún en caso contrario, los militares no tenían por qué aplicarle la pena de
muerte.
En
su momento, la Masacre de El Amparo estremeció al país y llegó a ser
investigada nacional e internacionalmente, hasta que en 1996 el estado
venezolano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a
indemnizar a los familiares de las víctimas, aunque los autores de la matanza
permanecieron impunes.
El
asesinato de Manuel Sojo debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias y
castigados severamente sus autores y encubridores.
@mario_villegas
mariovillegas100@gmail.com