Prensa.
FundaRedes.
A
fin de afianzar su presencia en territorio venezolano, ganar adeptos a su causa
y fortalecer las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, el grupo
guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), participa
activamente en la entrega de alimentos subsidiados por el gobierno venezolano
(CLAP) a los habitantes de los municipios que comparten la franja fronteriza
colombo venezolana.
De
acuerdo a la información recopilada en el boletín N° 8 titulado:
"Guerrilla del ELN entrega alimentos del CLAP a poblaciones venezolanas en
la frontera” presentado por FundaRedes, la organización guerrillera colombiana
controla el reparto de las cajas CLAP en unos 40 municipios aproximadamente de
los estados Amazonas, Apure, Táchira, Bolívar y Zulia.
El
trabajo de documentación señala que “el gobierno de Nicolás Maduro ha permitido
que el ELN reparta las cajas CLAP en los municipios fronterizos Cárdenas,
Córdoba, Fernández Feo, García de Hevia, Independencia, Junín, Libertador,
Panamericano, Pedro María de Ureña, Rafael Urdaneta, Samuel Darío Maldonado,
Simón Rodríguez, Sucre, Torbes, así como en zonas rurales de San Cristóbal
(Táchira); Río Negro, Maroa, Atabapo, Atures y Autana (Amazonas); Angostura,
Caroní, El Callao, Sifontes y Sucre (Bolívar); San Fernando, Páez, Pedro Camejo
y Rómulo Gallego (Apure); y Cabimas, Catatumbo, Colón, Guajira, Jesús María
Semprún, Lagunillas y Machiques de Perijá (Zulia).”.
Para
la organización pro defensa de los Derechos Humanos, ésta especie de labor conjunta entre el gobierno
venezolano y la guerrilla colombiana, ocurre ante la mirada indiferente y casi
cómplice de las Fuerzas Armadas venezolanas, ya que hasta el momento no han
ejecutado acciones contundentes para evitar la presencia y el desplazamiento de
grupos irregulares en territorio nacional.
El
informe revela que las razones para que la guerrilla colombiana utilice la
distribución de las cajas de comida del programa social (CLAP), como mecanismo
de control, manipulación y dominación de
la población en la zona de frontera es la grave crisis económica, la carencia
de un sistema de salud eficiente, el
colapso de los servicios públicos y la falta de atención por parte del Estado
Venezolano.
Asimismo
el estudio afirma que “desde 2017 FundaRedes ha denunciado esta distribución
irregular ante instancias regionales y nacionales de Venezuela, como el
Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, pero hasta ahora no se ha
obtenido respuesta ni se han emprendido acciones para impedir que esta
injerencia continúe. Este hecho irregular es violatorio no sólo del derecho a
la alimentación, sino también de los derechos a la paz y a la seguridad
personal de quienes residen en estos territorios fronterizos”. Sonia Maldonado
CNP 7.996
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