Prensa.
efectococuyo.com
En
el municipio Alto Orinoco (Amazonas), una epidemia de sarampión pone en riesgo
a los yanomamis. El observatorio de derechos indígenas Kapé Kapé pudo confirmar
la muerte de 16 integrantes de esta etnia por dicha enfermedad infecciosa en
las comunidades del sector Parima, Irotatheri, Tokoritheri y Shamakoronatheri,
entre marzo y julio de 2018.
La
asociación civil advierte que el número de fallecidos puede ser mayor, pues
fuentes de Brasil hablan de 71 indígenas yanomami muertos, y afirman que la
epidemia ha empeorado en los últimos meses.
“El
único servicio médico que llega a las comunidades de mediano y difícil acceso
del municipio es el Caicet (Control de Enfermedades Tropicales) a través de
apoyo aéreo (solo helicóptero) de la Fuerza Armada Nacional (Fanb), pero dichas
visitas o revistas médicas se hacen cada dos o tres meses, lo cual dificulta
hacer un control sanitario a esas comunidades, como también viene ocurriendo
con la situación de malaria”, señala el informe de Kapé Kapé sobre la situación
sociosanitaria de los pueblos indígenas de Amazonas.
En
el municipio Manapiare, según data oficial de la Dirección de Salud Ambiental
del Ministerio de Salud, durante el primer trimestre de 2018, se confirmaron
797 casos de malaria. Mientras que en el municipio Atures, en ese mismo
periodo, se han confirmado 4.562 casos de esta enfermedad.
“Todas
estas cifras corresponden sólo a la población indígena, siendo los pueblos
indígenas más afectados o con mayor incidencia de malaria el Wottoja, Jivi y
Curripaco”, reza el informe de Kapé Kapé.
El
abogado y representante del Observatorio de Derechos Humanos de los Indígenas,
Olnar Ortiz, señala que obtuvo un reporte de 135 waraos enfermos de sarampión
en el estado Delta Amacuro. Lamenta que el derecho a la salud, a la vida y al
territorio de las comunidades indígenas sean actualmente los más vulnerados.
Los
niños indígenas tienen hoy mayor probabilidad de morir por enfermedades
respiratorias, diarreas, tuberculosis, malaria y desnutrición. En los yanomami,
la mortalidad infantil es de 164,7 por cada mil nacidos vivos, 10 veces
superior al promedio nacional, alerta la asociación en su más reciente informe.
Demarcación
de territorios, una deuda pendiente
“El
problema más grave de los pueblos indígenas es el no reconocimiento de sus
territorios. Cuando la Constitución (de 1999) se aprobó, el presidente (Hugo
Chávez) se comprometió al reconocimiento de los derechos indígenas y se dijo
que se iban a demarcar los territorios. Pero 19 años después no se ha hecho, no
hay ninguna titulación de tierras otorgada“, manifestó Ortiz.
Esto
viola el artículo 119 de la Carta Magna vigente, donde se establece que el
Estado venezolano está obligado a materializar la demarcación y garantizar la
propiedad colectiva de las tierras y territorios indígenas.
El
abogado señala que esto afecta incluso las prácticas ancestrales como la pesca,
la caza y la siembra de hortalizas, porque los indígenas son víctimas de
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes le arrebatan sus
cosechas y sus alimentos. En febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro
decretó como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco
una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados, donde yacen las riquezas
minerales más grandes de Venezuela en el estado Bolívar.
La
firma de este decreto ha generado invasiones en territorios indígenas y la
aparición de “grupos de defensa” con los que los habitantes ancestrales
intentan defenderse, agrega Ortiz. “Para entrar al municipio Sifontes del
estado Bolívar, hay que pedir permiso a los llamados guardianes del
territorio”, comenta.
Trascendió
que estos grupos compran armamento a células de la guerrilla colombiana:
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (Farc), que tienen sus tiendas en suelo venezolano. Lo que potencia
los enfrentamientos armados con los “sindicatos” –organizaciones criminales
dedicadas a la minería ilegal– que ya han cobrado la vida de líderes indígenas.
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