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Luchar
en favor de la protección de los leopardos y guepardos de Irán, que están en
riesgo de extinción, le costó la vida a Kavous Seyed Emami. Las autoridades de
Irán arrestaron e interrogaron al profesor de sociología, de 64 años de edad, y
director de la Fundación del Patrimonio de la Fauna Silvestre Persa, acusado de
“espionaje”, el 24 de enero de 2018.
El
murió 17 días después en circunstancias sospechosas en la infame prisión de
Evin, en Teherán. Otras ocho personas
afiliadas en la Fundación del Patrimonio de la Fauna Silvestre Persa también
fueron arrestadas de la misma manera y siguen encarceladas en Evin.
“Las
autoridades iraníes todavía no han dado ningún indicio de evidencia para
justificar el encierro de los medioambientalistas”, dijo Sarah Leah Whitson,
directora para Oriente Medio y Norte de África en la organización Human Rights
Watch.
Seyed
Emami, que tiene doble ciudanía con pasaporte canadiense, fue arrestado junto a
los otros cuando trataban de convocar la atención pública sobre el
medioambiente en Irán y las especies en peligro de extinción como el guepardo
asiático (de los que quedan menos de 50 en Irán) y el leopardo persa.
“Era
amante no solamente de Irán sino también de su fauna silvestre, de su gente”,
dijo su hijo Mehran Seyed Emami en declaraciones a Prensa Asociada un mes
después de la muerte de su padre.
Los
medioambientalistas son frecuentes objetivos del Cuerpo de la Guardia
Revolucionaria Islámica de Irán por sus campañas para proteger la tierra para
los animales y con frecuencia denuncian operaciones que destruyen el
medioambiente, como la construcción de represas o planificación de sitios para
misiles en tierras protegidas, con el objeto de hacer dinero.
Como
parte de su investigación el personal de la Fundación del Patrimonio de la
Fauna Silvestre Persa frecuentemente tuvo contacto con expertos extranjeros
para rastrear esos raros felinos salvajes. Esas dos actividades, normales en
cualquier otra fundación de dedicada a la fauna silvestre en todo el mundo,
fueron el pretexto para que un fiscal iraní acusara a Seyed Emami y a sus
colegas de espionaje por “recopilar información clasificada” con sus cámaras y
luego entregarla a gobiernos extranjeros.
Todos
ellos fueron enjuiciados y sentenciados en la Corte Revolucionaria Islámica de
Irán, una rama extrajudicial dedicada a tratar supuestos cargos contra la
seguridad nacional. Esa entidad opera en secreto y con frecuencia retiene
información de los miembros familiares, obliga a los acusados a realizar
“confesiones” e incluso les niega acceso a un abogado.
Tan
solo en 2018 el cuerpo ha arrestado a por lo menos 50 activistas
medioambientalistas por cuestionar las políticas del Cuerpo para el desvío de
aguas y otros asuntos relacionados con el uso de la tierra. La capacidad de los
activistas para movilizar protestas, especialmente de los agricultores,
despertó las sospechas del Cuerpo.
“Las
autoridades deberían estar elogiando a esos activistas por abordar los
problemas medioambientales, pero las instituciones de línea dura en materia de
seguridad del país rara vez evitan una oportunidad para castigar una iniciativa
cívica independiente”, dijo Whitson.