Piden a la
Defensoría que inste a la Fiscalía a procurar las acciones para reponer los
derechos vulnerados, establecer responsabilidades y aplicar sanciones. También
solicitan reunirse con los jefes de la GN, PNB y el Sebin para que cumplan sus
obligaciones de respetar los derechos y garantías constitucionales de los
reporteros
Prensa. Diario
El Nacional.
La
persecución a los periodistas y a los medios independientes en Venezuela ha
arreciado en los últimos días dado que el plan del gobierno es impedir que se
conozca la magnitud de la crisis del país, advierten el Colegio Nacional de
Periodistas, Espacio Público y el Instituto de Investigaciones de la Comunicación
de la UCV.
“El
gobierno no quiere que se sepa lo que ocurre. Frena la difusión de noticias,
con lo que vulnera la libertad de expresión, y busca que se conozca solo la
versión de los voceros ministeriales que no tienen credibilidad, quienes
aseguran que en el país no pasa nada”, dijo el presidente del CNP, Tinedo Guía.
Repudió
el patrón de ataques que incluye la anulación de pasaportes como ocurrió con
Nelson Bocaranda; los arrestos arbitrarios durante la cobertura noticiosa, que
son los casos del reportero Rey Mozo, que cubría la llegada del buque chino con
asistencia humanitaria; la detención y las limitaciones a la información
impuestas a Isnardo Bravo; la agresión con un cuchillo a un equipo de VPI y los
obstáculos a la reseña de hechos como las inundaciones en el Orinoco, entre
otros casos.
“Las
limitaciones impuestas son de forma personal contra periodistas y también
contra los medios independientes como ocurre con el papel periódico”, añadió.
Sostuvo
que el gobierno ahora emplea el Saime para atacar o presionar a los
periodistas. En esto coincide Luisa Torrealba, coordinadora del Ininco. El
mecanismo empleado para perseguir o amedrentar ya no solo se lleva a cabo con
la utilización de los organismos de seguridad o de acciones judiciales: las
agresiones que se han hecho a través del Saime también han afectado a los
familiares y todo el entorno de los periodistas, que son el blanco de la
persecución.
“Es
muy grave lo que ocurre con los comunicadores que son acosados. En estos casos
hay intimidación, violencia y censura. A su vez, estos hechos generan
autocensura y, en algunos casos, los periodistas una vez que han resuelto su
situación, abandonan el país”, señaló Torrealba.
Agregó
que cada vez más se observa la presión del gobierno para limitar que se difunda
la información que no le conviene y se imponga un discurso, un mensaje
único.
Recordó
que el problema del papel no solo afecta a los diarios de circulación nacional,
igualmente perjudica a los medios de las regiones: “Con el agravante de que hay
estados donde no queda ningún periódico, esto pese a que se anuncia la salida
como temporal”.
La
investigadora afirmó que se aprecia un bloqueo selectivo con la disminución de
la publicidad oficial y se limita a las emisoras de radio, la mayoría de las
cuales no tienen noticieros.
“En
el país se viola el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la
libertad de información; el derecho a la información pública y el derecho a la
libertad de conciencia. Todo esto ocurre mientras se incrementan mecanismos de
control social como el carnet de la patria”, denunció.
Carlos
Correa, director de Espacio Público, dijo: “Las recientes agresiones son una
vuelta de tuerca de la política sostenida del Estado contra la libertad de
expresión… Esto se evidencia en los casos de Nelson Bocaranda, de Isnardo Bravo
y de otros periodistas, pero también en el de los bomberos de Mérida y del
ciudadano que está detenido por informar, en Twitter, sobre la ruta del avión
presidencial”.
Correa
agregó que los bloqueos contra portales web siguen y se acentúa el
hostigamiento mediante dictámenes judiciales que buscan la reparación
económica, tras las demandas interpuestas contra El Nacional y La Patilla, por
presunta difamación.
El
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa alertó que “el vicepresidente
del PSUV, Diosdado Cabello, amenaza con quedarse con El Nacional y La Patilla,
a propósito de la decisión de un juez que habría fallado en su favor en una
demanda contra el portal digital de noticias y la anterior contra el diario”.
Contra
la impunidad. Carlos Correa afirmó que la carta entregada hoy ante la
Defensoría del Pueblo es la segunda que se envía a su titular, Alfredo Ruiz,
para que “resguarde los derechos de los periodistas y medios de comunicación
debido a que persiste una política claramente restrictiva”.
Piden
al defensor que inste a la Fiscalía General a que procure las acciones y los
recursos para reponer los derechos vulnerados, establezca las responsabilidades
y aplique sanciones. También solicitan una reunión conjunta con los comandantes
de la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y el Sebin “para
imponerlos de su obligación de respetar los derechos y garantías
constitucionales de los periodistas, nacionales y extranjeros, con el fin de
evitar que continúen las obstrucciones a su labor informativa”.
La
carta fue remitida por la Alianza para la Libertad de Expresión, integrada por
el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello; el
Colegio Nacional de Periodistas; el Comité por una Radiotelevisión de Servicio
Público; Espacio Público; Expresión Libre; la Federación Venezolana de
Estudiantes de Comunicación Social; el Instituto de Investigaciones de la
Comunicación de la UCV; IPYS Venezuela, y Ser Investigación y Comunicación.