Prensa.
El Nuevo Herald.
El empresario chavista Raúl Gorrín, acusado el lunes
en Estados Unidos de un entramado de corrupción que supera los $1,000 millones,
se había asociado con un banquero venezolano en República Dominicana para
comprar un banco con el específico propósito de lavar dinero, según los
documentos de la corte.
La investigación de las autoridades, que implica
directamente a los ex tesoreros de Venezuela Alejandro Andrade y Claudia Díaz,
también involucra al banquero Gabriel Jiménez Aray, cuyos cargos podrían ser
dados a conocer en la tarde del martes.
Fuentes vinculadas al caso informaron al Miami
Herald y a el Nuevo Herald que Jiménez Aray es el hombre identificado en la
acusación de Gorrín como el “Funcionario de Banco Extranjero”, que era dueño de
un banco en República Dominicana.
“Cerca del 2010, Raúl Gorrín Belisario se asoció con
el Funcionario de Banco Extranjero para comprar un banco extranjero que le
ayudara a lavar los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias
de este y de otros esquemas [de corrupción]”, declara la acusación presentada
en la Corte Federal de Miami contra el dueño del canal de noticias venezolano
Globovision.
Las autoridades federales planean apoderarse de la
mansión de Gorrín en Coral Gables, que ha estado en el mercado por $8 millones.
La casa frente al mar se encuentra entre docenas de sus propiedades en el sur
de Florida y Nueva York que están manchadas por las presuntas actividades
delictivas del empresario venezolano, dijeron las autoridades.
El abogado de Gorrín, Howard Srebnick, hasta el
momento no ha podido ser contactado para que comente sobre el caso, pero en el
pasado ha negado que su cliente haya cometido algún delito. “El señor Gorrín es
un exitoso magnate de los medios de comunicación que no ha estado involucrado
en ningún tipo de lavado de dinero”, dijo recientemente Srebnick en un mensaje
enviado al Miami Herald.
Las fuentes consultadas también confirmaron que
Andrade es el individuo identificado en la misma acusación como Funcionario
Extranjero 1 y Díaz la persona mencionada como Funcionario Extranjero 2. Según la acusación, el entramado de corrupción
comenzó en el 2008, luego que Gorrín le ofreció a Andrade millones de dólares
en sobornos para obtener y retener ciertos negocios y acceso privilegiado al
restringido sistema cambiario.
Parte de esos pagos fueron realizados con la compra
de aviones ejecutivos, yates y caballos de competencia. Andrade, quien llevó
una vida de opulencia en la localidad de Wellington, Florida, tenía una
suntuosa finca con establos en esa ciudad.
La investigación federal se había centrado
inicialmente en Andrade, un cercano colaborador y ex guardaespaldas del
fallecido presidente Hugo Chávez. Gorrín, de 49 años, es acusado de conspirar
con Andrade, de 53, para defalcar a la nación venezolana de millones de
dólares. La acusación fue presentada originalmente en agosto por los fiscales
federales Vanessa Snyder y Michael Nadler.
El esquema de corrupción y de lavado de dinero
presuntamente dirigido por Gorrín superaba los $1,000 millones, según
funcionarios familiarizados con el alcance del masivo entramado. El esquema fue
ejecutado en momentos en que Venezuela ya entraba en un período de dificultades
económicas extremas que han generado condiciones de hambruna en la nación
petrolera.
Los documentos de la corte señalan que Gorrín presuntamente
se asoció con Jiménez Aray cerca del 2010 para que le ayudara a lavar los
sobornos dirigidos a funcionarios venezolanos.
Parte de esos sobornos estaban dirigidos a Andrade,
quien siguió recibiéndolos incluso años después de haber dejado el cargo en el
2010. Entre el 2011 y el 2017, Gorrín le pagó a Andrade unos $94 millones,
entre otras cosas por haberle presentado a Díaz, con quien continuó operando,
de acuerdo con las autoridades estadounidenses. Díaz, por su parte, habría
recibido al menos $65 millones, resaltan los documentos de la corte.
Este es el segundo caso federal en el que Gorrín se
ve implicado. El controversial dueño de Globovision también se encuentra bajo
la lupa federal por su presunta participación en un caso de lavado donde funcionarios
venezolanos y empresarios ligados al chavismo conspiraron para defraudar a la
estatal Petróleos de Venezuela por $1,200 millones.
Fuentes vinculadas al caso confirmaron que Gorrín es
el individuo identificado en ese caso como “el conspirador 7”, quien es
descrito en una de las acusaciones como “otro presunto millonario miembro de la
boliburguesía y dueño de una red de televisión en Venezuela”.
En ese caso, Gorrín es visto como el gran arquitecto
del esquema de lavado de dinero, donde millones de dólares fueron transferidos
a los hijastros del gobernante Nicolás Maduro.
Gorrín por un tiempo intentó conseguir acceso a las
altas esferas del poder en Washington para tratar de negociar con la
administración del presidente Donald Trump una estrategia de salida para el
asediado régimen de Nicolás Maduro, dijeron fuentes en Washington.
El magnate venezolano le pagó a Ballard Partners, la
firma de cabildeo en Florida que utilizó Trump en su campaña, unos $450,000
desde junio a través de la filial estadounidense de Globovision, aparentemente
para mejorar su imagen y para que le ayudara a expandirse a los mercados de
Estados Unidos.
Gorrín, ampliamente criticado en Venezuela por la
polémica compra en el 2013 del entonces canal de noticias de inclinación opositora
Globovision, fue declarado persona non grata en el 2014 por la ciudad de Miami
por sus presuntos vínculos con el chavismo.
Las autoridades han estado advirtiendo que dinero
mal habido proveniente de Venezuela está inundando el mercado inmobiliario del
sur de la Florida. “La malversación de las disminuyentes reservas
internacionales es el combustible de estos esquemas de corrupción con el tipo
de cambio. PDVSA es la principal fuente de ingresos y las monedas extranjeras
(principalmente el dólar estadounidense y el euro) están siendo usadas para
alimentar este tipo de operaciones corruptas”, dijo la acusación presentada
ante la corte.
“El estado de la crisis social política y económica
de Venezuela, a través de la cual prosperan corruptos ecosistemas de varios
miles de millones de dólares, están alimentando un río de fondos criminales que
pasa a través del sur de la Florida, que se ha convertido en un centro
internacional de lavado de dinero y en un destino deseable para prósperos
criminales y cleptócratas”, dice la acusación.
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