Prensa.
Voluntad Popular.
La diputada y Vice-Presidenta de la Comisión de
Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, Olivia Lozano, afirmó que
inmensos caudales de dinero producto de la corrupción del régimen chavista
fueron lavados mediante la compra de medios de comunicación en Venezuela, como
forma de cercenar la libertad de expresión acallando a la disidencia.
Esto a propósito de la reciente condena contra el ex
guardaespaldas, tesorero, presidente del
Bandes y compañero golpista del fallecido presidente Hugo Chávez, teniente
Alejandro Andrade Cedeño, quien deberá pagar 10 años de cárcel en los Estados
Unidos tras declararse culpable del lavado de
1200 millones provenientes de la corrupción en Venezuela.
El caso de Andrade involucra directamente al dueño
del canal televisivo Globovisión, Raúl Gorrín Belisario, quien ahora es prófugo
de la justicia estadounidense, y que habría adquirido dicho medio de comunicación
a un costo de 90 millones de dólares en una oscura negociación que
probablemente no resista una auditoría independiente, comentó la parlamentaria.
“Las mafias chavistas de enchufados y testaferros
socios utilizaron la compra o creación de diversos medios de comunicación
audiovisuales o impresos en varios lugares del país, entre ellos Globovisión,
El Universal y la Cadena Capriles, para
instaurar la hegemonía comunicacional del régimen, con el fin de terminar de
destruir la libertad de expresión en Venezuela”.
Recordó que el régimen de Hugo Chávez y Nicolás
Maduro instauró mecanismo de persecución, asfixia y censura a los medios de
comunicación independientes a través de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), la
Corporación Maneiro y la judicialización de investigaciones periodísticas.
“Medio de comunicación que no se vende o arrodilla
al régimen comunista son atacados y sancionados por Contatel, la Corporación
Maneiro no le da acceso a papel
periódico, o sus periodistas son acusados y condenados por los tribunales
chavistas”, aseguró.
Recuperación de activos
Olivia Lozano subrayó que la Asamblea Nacional trabaja en un
proyecto legislativo presentado por la fracción parlamentaria de Voluntad
Popular, denominado “Ley de Recuperación
de Activos Producto de la Corrupción”.
Dicho instrumento pretende que, una vez reinstaurada
la democracia en el país, puedan incautarse los múltiples y variados bienes que
ha acumulado la clase gobernante chavista junto a sus testaferros y socios así
como las cuentas bancarias, tanto en Venezuela como en el exterior.
“Esos patrimonios multimillonarios, esas fortunas
amasadas a la sombra y con la
complicidad de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado
Cabello, Tarek El Aissami y Francisco
Rangel Gómez, entre otros miembros escandalosamente mafiosos y corruptos de la
cúpula dictatorial, tienen que ser devueltos al Estado venezolano para reinvertirlos en la recuperación
económica de la nación”.
La diputada aseguró que la corrupción mata, pues
cada vez que un ciudadano va a un hospital y no consigue medicinas, no
encuentra alimentos, falla el servicio
de agua potable, sufre apagones o el colapso de todos los servicios públicos,
esas carencias son a consecuencia del gran saqueo sufrido por el país.
“No hay ninguna justificación para que nuestros
ciudadanos se encuentren en el nivel de miseria en que están hoy día, la
explicación es que ocurrió el más grande
desfalco que haya sido cometido contra Venezuela en los últimos 60 años, que se
llama con el eufemismo de revolución bolivariana, pero que en realidad debe ser conocido como la gran estafa
chavista”.
Lozano indicó que apenas ahora con los casos de
Andrade y Gorrín, Roberto Rincón, Nervis Villalobos, entre otros, se conocen
algunos indicios de la gravedad y alcance de la corrupción, y solamente gracias
a autoridades de otras naciones, pues la justicia venezolana sigue siendo
cómplice de los corruptos rojos.
“El saqueo de la corrupción chavista es tan inmenso
que arruinaron al que fue por 50 años el país más rico y próspero de América
Latina, cuyos habitantes hoy emigran masivamente huyendo de la hiperinflación,
la escasez de alimentos, medicinas, las privaciones de todo tipo y la violencia
criminal en la que el comunismo chavista hundió al país”.
“Por eso es que todas esas casas, apartamentos,
haciendas, carros de lujo y cuentas en bancos de todo el mundo que están siendo
confiscados por las autoridades estadounidenses o españolas. Y los bienes que
aún no se conocen lucharemos para que sean devueltos al patrimonio público venezolano.
Igualmente rescataremos los medios de comunicación que hasta ahora fueron
utilizados a discreción por las cómplices corruptos de la dictadura, para
violar la libertad de expresión, información y opinión".